Domingo, 27 de diciembre de 2009

México, el país con las penas más severas en el mundo al aborto: jurista

En respuesta a la despenalización en el DF, 17 estados aprobaron en 2009 condenas de hasta 50 años.

Afp

México, DF. Mientras numerosos avisos en el Metro de la capital mexicana recuerdan a millones de viajeros que el aborto fue despenalizado desde 2007 en esta ciudad, una ola conservadora llevó este año a la mitad de los estados del país a aprobar reformas que lo podrían castigar con hasta 50 años de cárcel.

El debate está encendido y hasta ahora 17 de las 32 entidades que conforman el país han aprobado reformas de este tipo, en su mayoría impulsadas por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Felipe Calderón.

El PAN emprendió su ofensiva antiaborto después de que la Suprema Corte de Justicia rechazó en 2008 un recurso presentado por el gobierno federal contra la despenalización del aborto en la capital, gobernada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

"En nueve de esos estados, al producto de la concepción se le tiene como nacido para todos los efectos legales", lo que equipararía al aborto "con un infanticidio", explica Diego Valadés, constitucionalista y ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

"Se darían todos los agravantes legales del infanticidio: ventaja evidente, premeditación y traición, lo que llevaría a la sanción máxima de 50 años", añade Valadés, quien considera que "nadie en sus cinco sentidos debería sancionar así a una mujer que aborte".

Según el jurista, esas condenas, al menos en el papel, son las más severas a nivel mundial, pues la pena promedio internacional por aborto es de tres a cinco años, con un máximo de diez.

Valadés y otros críticos de la penalización cuestionan especialmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en 2000 perdió la presidencia aunque conserva la mayoría en los estados, por sumarse a la campaña antiaborto, en contraposición de su tradicional línea de centro-izquierda y defensa de la laicidad.

Tan sólo en Guanajuato, uno de los distritos más conservadores del país, se acumulan unas 130 denuncias contra mujeres por abortar, de las que 20 están siendo sometidas a juicio, según la Ong Las Libres.

"Han sido denunciadas por médicos y hospitales a los que acuden para recibir atención médica porque tienen sangrados luego de provocarse el aborto", explica Verónica Cruz, de Las Libres.

Esta Ong ha prestado asistencia a nueve mujeres que estuvieron encarceladas unos cinco días por practicarse el aborto y lograron salir en libertad condicionada tras pagar una fianza.

"El mayor maltrato y abuso de poder lo sufrieron en los hospitales, de parte de médicos y enfermeras, y de los policías que las detuvieron. Irónicamente, fue un alivio cuando llegaron a la cárcel, ahí ya no eran juzgadas", comenta Cruz.

Por ello la capital mexicana, la única en América Latina que autoriza sin restricciones interrupir el embarazo hasta las 12 semanas, es el destino de numerosas mujeres de provincia, y algunas centroamericanas, que deciden "ejercer el derecho sobre su cuerpo", explica Eugenia López, de la Ong Fondo María.

Esta organización, creada en junio, asiste económicamente a mujeres del interior que necesitan practicarse un aborto.

"Un 20 por ciento de las mujeres que acuden a los servicios de salud de la capital vienen de otro estado, pero muchas viajan en condiciones precarias. Se identificó a muchas durmiendo fuera de los hospitales y sin comer", explica.

Una veintena de mujeres han sido auxiliadas por este fondo que las ayuda a pagar el viaje, hospedaje y alimentación, les brinda información sobre las clínicas donde el procedimiento es gratuito y les da apoyo moral y psicológico.

Según cifras del gobierno capitalino, desde que entró en vigor la despenalización y hasta septiembre pasado, 31 mil 33 mujeres se han sometido a interrupciones legales del embarazo.

Esta semana excarcelaron a dos personas implicadas; 21 enfrentarán procesos en libertad

Ni un detenido ya, por muertes en la guardería ABC

Ulises Gutiérrez Ruelas

Periódico La Jornada

Hermosillo, Son., 26 de diciembre. Con la excarcelación bajo fianza –el pasado viernes– de Irma Crescencia Díaz, ex coordinadora de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, ya no hay detenidos ni presos como parte del proceso federal por las múltiples acciones y omisiones puestas al descubierto tras el incendio del pasado 5 de junio, que costó la vida de 49 niños y lesionó a decenas.

Antes de ella, la noche del miércoles también fue liberado Roberto Copado Gutiérrez, director de Protección Civil Municipal de Hermosillo al momento de la tragedia, quien sólo estuvo encarcelado cinco días luego de perder efecto el amparo que solicitó en junio; y junto a ellos dos, otras 21 personas estarán sujetas a proceso, sin privación de la libertad, además de los cinco dueños de la Guardería ABC que hasta la fecha han eludido la pena corporal.

Crescencia Díaz estuvo presa poco más de seis meses y es quien más sufrió, dado el prolongado encierro, pero salió libre tras el pago de fianza de más de 2.4 millones de pesos que se cubrió con un edificio propiedad de la familia, dado que ella no contaba con recursos económicos ni podía sufragar la cantidad de amparos que otros acusados obtuvieron, comentó Alberto Arellano, uno de sus allegados.

Sin embargo, según los padres de las víctimas integrados al Movimiento Ciudadano 5 de Junio por la Justicia, el proceso federal debe replantearse y la acción punitiva alcanzar a los dueños de la guardería subrogada por el IMSS y a los funcionarios federales y del anterior gobierno priísta sonorense de Eduardo Bours Castelo que resultan responsables.

El homicidio imprudencial debe reclasificarse como doloso para que los acusados no logren la libertad bajo fianza; y los cinco socios de la guardería, Alfonso Escalante Hoeffer, Sandra Lucía Téllez, Antonio Salido Pavlovich, Gildardo Urquidez Serrano y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa, no pueden ser eximidos de culpa, señalan los padres de las víctimas.

No obstante, y aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) informó en agosto que había emitido una ficha roja para la búsqueda internacional y detención de los cinco socios, ellos aparecían en fiestas de alta sociedad en Hermosillo y enfrentarán amparados el inocuo proceso judicial, denunció Julio César Márquez, uno de los voceros del movimiento.

En su más reciente comunicado, el Movimiento 5 de Junio dijo el pasado 11 de diciembre que los padres de las víctimas reiteran su interés en dialogar con el presidente Calderón, a quien intentaron contactar al menos ocho veces, una de ellas por conducto del gobernador panista Guillermo Padrés Elías y otra durante su visita a Puerto Peñasco en noviembre, pero siempre sin éxito.

Los agraviados quieren plantear a Calderón que en el proceso judicial también se persiga el presunto tráfico de influencias y la corrupción que permitieron a los dueños habilitar un bodegón como guardería y operar sin las medidas de seguridad adecuadas, pese a los documentos donde constan las llamadas de atención sobre los riesgos en caso de incendio.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:49
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