Martes, 05 de enero de 2010

Asesinan en Juárez a una activista que denunció abusos de militares

 Preparan grupos de derechos humanos campaña binacional contra impunidad de soldados

Uno de sus hijos fue levantado por un comando del Ejército Mexicano y otro fue ejecutado

Organizaciones dan seguimiento a un homicidio y dos desapariciones documentadas por AI

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 5 de enero de 2010, p. 21

Ciudad Juárez, Chih., 4 de enero. Varios pistoleros asesinaron el domingo por la tarde, fuera de un expendio de barbacoa, a Josefina Reyes, activista del valle de Juárez que encabezó el movimiento contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano y la Policía Federal.

La luchadora social obtuvo notoriedad en el verano de 2008, con una huelga de hambre frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que apareciera su hijo, levantado (plagiado sin intención de obtener rescate) por militares, recordó Cipriana Jurado, integrante de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Josefina Reyes, agregó, fue reprimida y detenida el año pasado por encabezar diversas protestas. Otro de sus hijos murió asesinado en el valle de Juárez, dentro del contexto de la militarización del estado.

El agosto de 2008 la activista participó en el Foro contra la Militarización organizado por el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), tras el cual se efectuó una marcha por la paz y el respeto a las garantías individuales, y el 21 de ese mes un comando militar secuestró por la noche a varios habitantes del poblado de Guadalupe, en el valle de Juárez, entre ellos a Miguel Ángel Reyes Salazar, hijo de Josefina, recordaron testigos.

Dos días después de la marcha, otro comando militar sitió la privada donde se halla el domicilio de Gero Fong, uno de los líderes del FNCR, y después llamaron al arrendador desde la Secretaría de Gobernación para investigar si era una casa de seguridad o el escondite de un grupo subversivo, relataron.

La propia Cipriana Jurado –activista del Centro de Investigación y Solidaridad– estuvo en huelga de hambre junto con Josefina Reyes, y dijo ser objeto de intimidación por parte del Ejército junto los defensores de los derechos humanos que también exigen castigar a los asesinos de Saúl Becerra e investigar la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga.

Los casos mencionados, dijo, están documentados por Amnistía Internacional (AI) en sus nuevos informes de violaciones a los derechos humanos en México.

A su vez, Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que denunció amenazas de integrantes de las fuerzas armadas y se refugió en El Paso, Texas, dijo vía telefónica que la ejecución de Josefina fue un crimen como los perpetrados en el municipio de Nuevo Casas Grandes durante 2009.

También dio a conocer que está en marcha la organización de una campaña binacional contra la impunidad militar y se iniciaron gestiones ante las autoridades y organizaciones de derechos humanos a fin de garantizar las actividades de defensores de las garantías individuales como Cipriana Jurado y dos de sus compañeros, ante las “tentativas de amedrentamiento” por parte de oficiales castrenses al iniciar averiguaciones previas ante el Ministerio Público militar.

Refutan expertos a SEP: sin prepa ni universidad, casi 11 millones

Critican erróneas políticas gubernamentales y que el mercado coordine la oferta educativa

Se pierden generaciones de mexicanos, advierten; demandan abrir un debate en la materia

Karina Avilés

 

Periódico La Jornada
Martes 5 de enero de 2010, p. 26

El déficit en la atención a la demanda de educación media superior y superior es consecuencia de las erróneas políticas gubernamentales asumidas en décadas recientes, debido a las cuales se canceló el acceso de miles de mexicanos a la enseñanza pública y se entregó al mercado la coordinación de la oferta, lo cual ha tenido un severo costo para el país, ya que se están perdiendo generaciones de jóvenes, advirtieron expertos en la materia.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre los mexicanos en edad de cursar esos niveles, 7.5 millones están fuera de la universidad y 2.4 millones fuera de la preparatoria. No obstante, a juicio del especialista Manuel Gil Antón, no son 7.5 millones los jóvenes excluidos de la enseñanza superior, sino 8 millones 250 mil. Esto da como resultado 10 millones 650 mil jóvenes marginados de esos niveles educativos.

A su vez, Hugo Casanova, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, expresó que dicha problemática es producto de que desde los años 80 las estrategias del gobierno favorecieron los factores macroeconómicos y expresaron un inequívoco desinterés por los factores sociales, de tal suerte que la enseñanza superior fue tratada como prescindible.

A causa de la política neoliberal, la cobertura educativa se ha atendido de forma insuficiente; de manera radical se redujo el acceso de miles de jóvenes a las instituciones públicas, abundó.

Bajo ese esquema, muchos de ellos tuvieron como única alternativa el ingreso a centros privados, que se caracterizan por su limitado alcance social y, salvo algunas excepciones, por su insolvencia académica, añadió.

Consideró que a mitad del sexenio ya no es posible esperar acciones radicales en materia de educación superior, por lo cual la perspectiva es que este gobierno mantenga su perfil actual.

Señaló la urgencia de que los actores educativos propongan políticas públicas que rebasen la dimensión sexenal. Es necesario, enfatizó, un pacto en el cual desterremos la politiquería gremial y partidista.

La profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional Etelvina Sandoval manifestó que el déficit en la cobertura educativa obedece a la falta de visión oficial, de espacios y de una política para la atención y retención en bachillerato y universidad.

Además ha faltado mucho trabajo del gobierno, que descuidó el bachillerato, y todo se ve cuando el problema estalla, agregó.

En educación, lo anterior tiene un costo muy grande porque hablamos de generaciones de jóvenes que se están perdiendo, lo cual tiene repercusiones económicas, sociales y educativas. Es decir, tenemos un país de jóvenes desaprovechados.

Al estar excluidos del sistema educativo, buscarán una ocupación de lo que sea o en lo que sea, con lo cual se abren las puertas a problemas como la delincuencia o la drogadicción; además se genera mayor inseguridad laboral, entre otros efectos, dijo.

Apremió a abrir un fuerte debate sobre este tema, que es el mayor problema educativo que actualmente se tiene.

A su vez, Manuel Gil Antón, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, insistió en que la SEP da una cifra menor de los jóvenes en edad de ir a la universidad que no lo hacen.

En realidad no están fuera 7.5 millones, sino 8 millones 250 mil, si se toma en cuenta no la tasa bruta, sino la tasa neta, es decir, el número de jóvenes que están estudiando efectivamente y que tienen entre 19 y 24 años de edad.

Lo grave, añadió, es que por lo menos desde hace 20 años el Estado no ha atendido este problema de manera integral, ya que ha dejado la autoridad educativa en manos no del magisterio, sino de la dirigencia magisterial.

Además ha permitido que el mercado coordine el crecimiento de la oferta, lo cual es una verdadera irresponsabilidad, sobre todo en un país con la desigualdad que tiene México.

Así, la exclusión educativa de millones de jóvenes es resultado de cuatro factores combinados: a) el impacto de la crisis económica en la posibilidad de hacer estudios previos al bachillerato y en la infraestructura de las escuelas de nivel básico, b) la falta de calidad en el proceso educativo, c) la ampliación de la oferta de carreras de corte técnico, que no interesan a los jóvenes, en lugar de ampliar la oferta en las carreras que demanda la población y d) el desplome en la percepción de la utilidad de la enseñanza, finalizó.

Transportistas abanderan el descontento por alza de precios

Advierten que de no encontrar respuesta realizarán un protesta general que deje sin abasto al país

Alma Muñoz y corresponsales

 

Periódico La Jornada
Martes 5 de enero de 2010, p. 3

Cientos de transportistas de carga y pasajeros de Puebla, Hidalgo, Veracruz y Nayarit protestaron ayer, principalmente con el bloqueo de vialidades, contra los incrementos en el precio de la gasolina y el diesel, así como en el cobro de peaje en las casetas federales.

Exigieron al presidente Felipe Calderón reconsiderar dichas medidas, por los daños económicos que causan al sector, y advirtieron que de continuar esta problemática convocarán a un paro nacional en el ramo, para tratar de encontrar una solución.

El dirigente de los transportistas, Edmundo Morales, señaló que el paro parcial de actividades que hoy realizaron sirvió para medir el poder de convocatoria que tiene el gremio ante las alzas. Amenazó con un paro nacional que provocará “que las ciudades se queden sin abasto”.

Por siete horas –de las ocho de la mañana a las tres de la tarde–, unos 2 mil transportistas provenientes de los municipios de Ahuazotepec, Puebla, y Tulancingo, Hidalgo, apoyados por 500 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cerraron la carretera México-Tuxpan, que comunica a Puebla con Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo.

Los bloqueos, que provocaron que cientos de automovilistas y transportistas se quedaran varados, se efectuaron en los tramos carreteros de Tecojotal-Huauchinango, Nexapa, Naupan y en la entrada de la junta auxiliar de Nuevo Necaxa, cerca del municipio de Xicotepec de Juárez, en la Sierra Norte de Puebla.

Sin incidentes

Al mediodía, 100 policías federales se apostaron en los puntos bloqueados por los transportistas, pero hasta el cierre de esta edición no se había reportado ningún incidente entre los uniformados y los manifestantes.

Domingo Aguilar, subsecretario general de la división de Nuevo Necaxa del SME, informó que en las protestas participaron más de 500 electricistas, quienes volvieron a exigir la cancelación del decreto presidencial que extinguió a Luz y Fuerza del Centro, dejando a más de 44 mil trabajadores sin empleo, de los cuales 2 mil viven en la Sierra Norte poblana.

Mientras, transportistas de carga y pasajeros de Hidalgo realizaron diversos bloqueos en la ciudad de Pachuca y la región de Tulancingo, en repudio a los incrementos en la gasolina y el peaje, y acusaron al gobierno de convertir el transporte en “un servicio de lujo”.

Encabezados por el dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, Asociación Civil (Amotac), Domingo González, unos 25 inconformes estacionaron sus unidades frente a la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con cuyo titular, Enrique León de la Barra, buscaban reunirse para manifestarle sus inconformidades.

González Vargas explicó que sólo en 2009 los transportistas sufrieron 17 aumentos en diferentes insumos, incluida la gasolina, y apenas en el inicio de 2010 las autoridades han asestado otro golpe más a su economía.

Aseguró que debido a los incrementos, 150 unidades, de las 750 que aglutinaba la agrupación, tuvieron que salir de circulación, lo que ha provocado la pérdida de igual número de empleos.

En tanto, la Asociación de Transportistas Veracruzanos –que proporciona servicios a más de 4 millones de habitantes del estado– advirtió sobre un eventual paro del sector a escala nacional, ante el constante incremento en precio de la gasolina y diesel, que afecta los costos de producción.

Secundino Reynaga, secretario de la agrupación, estimó que con los nuevos precios del diesel y las gasolinas se incrementaron entre 40 y 45 por ciento los costos de producción, por lo que el aumento de un peso en el precio del pasaje del transporte urbano en Veracruz “no pasa de ser un paliativo que ha sido rebasado por la realidad”.

Representantes de diversos sectores del municipio de Coatzacoalcos lanzaron un “ya basta” a las disposiciones económicas que “en nada ayudan” a superar la crisis financiera, y exigieron al presidente Calderón que recapacite por los daños económicos que los incrementos causarán a los que menos tienen.

En Tepic, Nayarit, permisionarios de autobuses urbanos y combis paralizaron el transporte público durante la mañana de ayer, para demandar a las autoridades que les autoricen un aumento de 50 por ciento en el precio del pasaje.

A las siete horas, choferes estacionaron unas 400 unidades en diferentes avenidas de esa capital para protestar porque “tenemos seis años cobrando lo mismo y los gastos en gasolina y mantenimiento son cada vez mayores”, se quejó Ezequiel Llamas, líder de la Asociación de Transportistas de Nayarit.

Desde la semana pasada, los transportistas locales aumentaron de manera unilateral la tarifa de 4 a 6 pesos en los camiones urbanos, y a 6.50 en las combis, aun cuando el gobernador Ney González anunció que no aceptaría ningún alza en las tarifas.

El representante de los abarroteros en Guanajuato, Ciro Cisneros, aseguró que ciudadanos y propietarios de negocios pequeños están “acaparando” los productos de la canasta básica por temor a que se disparen los precios de los insumos.


Publicado por solaripa69 @ 12:22
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios