Martes, 26 de enero de 2010

La iniciativa de reforma política de Calderón refuerza el autoritarismo, Valadés.

Ciro Pérez Silva y Víctor Ballinas

 

Periódico La Jornada

La iniciativa de reforma política del presidente Felipe Calderón promueve la concentración del poder y su ejercicio irresponsable. Es un diseño para reforzar el autoritarismo en México y para adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación entre los órganos del poder, afirmó Diego Valadés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Abogado constitucionalista, Valadés puntualizó que al elevar el porcentaje requerido para conservar el registro de los partidos se estrecharían las opciones para los electores, además de que la propuesta para una segunda vuelta electoral demeritaría el sistema representativo y se correría el riesgo de trasladar las tensiones políticas de la asamblea a la calle.

Respecto de la reducción del número de senadores y diputados, el académico calificó de insensato que la propuesta se haya hecho a la ligera y dijo: “Suponer que nadie advertiría las trampas que encierra y exponer al país a una regresión autoritaria no abona en favor de la iniciativa presidencial.

¿Cómo se escogió la cifra mágica propuesta? ¿Por qué se estimó que es mejor reducir en 100 el número de diputados y no en 75 o 150? ¿Se hizo algún estudio que se mantiene en secreto, o no se hizo estudio alguno? Ambas cosas serían desconcertantes.

Al intervenir en el seminario para la reforma política que realiza el Senado, el ex procurador general de la República se refirió también a las candidaturas independientes, que aparentan ampliar los derechos de los ciudadanos.

“En realidad encubrirían las elevadas posibilidades de manipulación electoral, los recursos oscuros en las elecciones, la creciente intervención de los grupos con poder financiero… además de los candidatos de los partidos podría haberlos con el apoyo subrepticio de organizaciones delictivas, de gobiernos extranjeros o de caciques convertidos en grandes electores”, alertó.

Valadés aseveró además que la idea de que es conveniente debilitar a un órgano del Estado para vigorizar otro parte de una perspectiva errónea, tanto como lo es pasar por alto que el equilibrio de poderes sólo concierne al ámbito federal. La ausencia de un partido hegemónico nacional ha trasladado un enorme poder de decisión a los gobernadores, quienes ya no ocultan su control sobre los aparatos políticos. El neocaciquismo es una realidad en ascenso, dijo, por lo que la renovación institucional que se promueve debe tener alcance nacional.

Por su parte, el también investigador del IIJ de la UNAM Miguel Carbonell externó su preocupación sobre la propuesta de veto parcial de las leyes por parte del Presidente, cuando en un plazo de 20 días no exista una votación en el Congreso respecto de una ley vetada u observada, y advirtió que ello abre la posibilidad de legislar al margen del Congreso de la Unión leyes como la de Ingresos.

De aprobarse en sus términos la propuesta del Ejecutivo, el Presidente, a través de la afirmativa ficta y de la iniciativa preferente, puede validar leyes que no fueron discutidas ni votadas por los representantes populares. Bajo esta lógica, ¿qué legitimidad tendría una Ley Federal del Trabajo o una nueva Ley de Amparo promulgadas sin debate parlamentario?

Asimismo, el referendo en manos de un Presidente le permitiría someter a los poderes Legislativo y Judicial mediante la apelación directa al pueblo, lo que, de acuerdo con el jurista Daniel Barceló, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, permitiría al mandatario pasar reformas constitucionales sin la ratificación de las legislaturas locales.

A su vez, Lorenzo Córdova, del mismo instituto, advirtió que la iniciativa presidencial no constituye un planteamiento integral que revise de manera democrática el vínculo entre los dos poderes electivos del Estado, “vínculo que es complejo y que no puede simplificarse sin provocar grandes distorsiones… no tenemos que perder de vista que la gobernabilidad no puede traducirse en una merma de la calidad democrática del régimen político”.

En otra mesa, la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, dijo que en cualquier reforma que se presente o que se apruebe deben tomarse en cuenta los problemas que subsisten en las instancias de control constitucional: la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad, que es un control abstracto, y el TEPJF en el control concreto, ya que ambas varían en sus tiempos de aplicación, lo que imposibilita las resoluciones.

El ex presidente del Instituto Federal Electoral José Woldenberg señaló que el argumento de que el costo de las cámaras es muy alto contrasta con el hecho de que en relación con el Presupuesto de Egresos el costo del Poder Legislativo es mínimo. Consideró pertinente la relección de legisladores y abrir en cada elección la posibilidad del registro de partidos, en lugar de cada seis años.

Segunda vuelta y candidaturas independientes, puntos de fricción en debate
Jenaro Villamil. Proceso.

MÉXICO, D.F., 25 de enero (apro).- Una posición polarizada y divergente frente a la segunda vuelta electoral, así como ante la posibilidad de las candidaturas independientes, fue el saldo de la primera jornada de análisis y reflexión sobre la reforma política, convocada por el Senado de la República.
El politólogo José Antonio Crespo negó que la segunda vuelta en las elecciones presidenciales lleve al bipartidismo y puso el ejemplo de Estados Unidos, nación bipartidista que no tiene segunda vuelta electoral.
En contraposición, el especialista Jorge Alcocer consideró que la segunda vuelta electoral puede generar mayor confrontación y polarización.
“No le demos a México fórmulas que polaricen a la sociedad y la confronten, no tenemos un sistema de partidos para permitir la configuración en el mediano y corto plazo de segundas vueltas electorales, nos puede llevar a situaciones inmanejables”, afirmó Jorge Alcocer.
Por su parte, el excanciller Jorge Castañeda consideró que para incluir en la legislación la figura de candidaturas independientes era necesario resolver tres puntos: los requisitos, el financiamiento y el acceso a los medios.
Castañeda ejemplificó con los casos de Colombia, Chile y Francia, donde existen las candidaturas independientes y las regulaciones en torno a ellas son “sensatas”.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, propuso que se diseñe un sistema de medios de impugnación por cada proyecto presentado por los legisladores en materia de reforma electoral.
Alanís también señaló otros temas pendientes sobre los que debe trabajar el Congreso: el control constitucional de las leyes electorales; la procedencia del juicio de amparo y la justicia interpartidista.

Insta CIDH a Calderón a garantizar seguridad en penales
Miguel Cabildo S.

MÉXICO, DF, 25 de enero (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy al gobierno del presidente Felipe Calderón a adoptar las medidas inmediatas para evitar se repitan hechos violentos, como el de la semana pasada en un penal de Durango, en que murieron 23 reos.
    La CIDH lamentó los hechos y exhortó al Estado mexicano a frenar tales actos de violencia.
Este no es el primer suceso de este tipo que ocurre en cárceles de Durango, indicó la CIDH en un comunicado.
    “Las obligaciones estatales en materia de derechos humanos incluyen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad”, recordó el organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
    El pasado 20 de enero se registraron tres riñas simultáneas en tres puntos distintos del Centro de Readaptación Social de Durango, como consecuencia de la lucha interna por el control del penal.
Medios locales atribuyeron la disputa en el penal, que alberga a unos mil 800 presos, a pugnas entre grupos rivales del crimen organizado.
La CIDH destacó en un comunicado que el Estado mexicano debe adoptar las medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios.
    El organismo de la OEA indicó que dará seguimiento a las referidas iniciativas del Estado.
    Por la tarde, el recién nombrado secretario de Seguridad Pública de Durango, Valentín Romano López, designó a Noel Díaz Rodríguez como director encargado del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1.
El secretario de Seguridad Pública instruyó a Díaz Rodríguez contratar a 50 nuevos custodios y reforzar las medidas para fortalecer la seguridad en el propio penal.
Este lunes se dio a conocer que más de 400 objetos punzocortantes han sido asegurados en los últimos cinco días en dicho penal en diversos operativos realizados luego de la riña.
Así lo informaron en rueda de prensa conjunta los titulares de la Procuraduría de Justicia del Estado, Daniel García Leal, y de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Durango, Zacarías Francisco Cabrera, así como Romano López.
Indicaron que durante las revisiones en el interior del penal han logrado asegurar 443 instrumentos con mango de madera y hoja metálica de cortar de diversas longitudes, una punta de 50 centímetros de varilla, 20 tijeras, dos navajas, cinco cortauñas y varias prendas de vestir con manchas de sangre.
Asimismo, dijeron que la Procuraduría Estatal, a través de la Dirección de Servicios Periciales ha efectuado ya 75 pruebas de radisonato de sodio –práctica legista para determinar si han detonado un arma de fuego- a igual número de elementos de seguridad y custodios.

Deplora la CIDH asesinato de 24 internos en el Cereso de Durango

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó profundamente la muerte violenta de 24 internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número uno de la ciudad de Durango, e hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que aplique las medidas necesarias a fin de evitar hechos similares.

En un comunicado, la CIDH manifestó su preocupación y se solidarizó con las familias de los internos muertos. Recordó que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos incluyen garantizar la vida e integridad de las personas privadas de su libertad.

La CIDH señaló que se necesitan reformas estructurales para prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios y anunció que dará seguimiento a las iniciativas que presenten las autoridades mexicanas.

Recordó que, de acuerdo con información difundida por distintos medios de comunicación, la mañana del 20 de enero hubo tres riñas simultáneas en tres puntos del Cereso número uno.

Agregó que, según las autoridades, en las peleas participaron varios grupos criminales, la mayoría procesados o condenados por delitos federales.

El órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que no es la primera vez que suceden matanzas en las prisiones de Durango.

Mientras, luego de rendir protesta como nuevo secretario de Seguridad Pública de Durango ante el gobernador Ismael Hernández Deras, el general Valentín Romano López designó ayer a Noel Díaz Rodríguez director encargado del centro carcelario, donde policías federales y estatales se incautaron de casi 500 objetos punzocortantes en diversos cateos, reportó Notimex.

 


Publicado por solaripa69 @ 13:01
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