Viernes, 12 de febrero de 2010

Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados.

Todos somos Juárez se convirtió en foro de protestas ciudadanas contra la violencia. Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos, reclaman a los funcionarios federales

Claudia Herrera Beltrán

Periódico La Jornada

Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. La mujer menuda, de baja estatura, caminó hacia el presidium y llorando encaró al presidente Felipe Calderón: Le apuesto a que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino; pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.

Luz María Dávila perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero y fue quien desde que empezó el foro Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad, marcó la pauta de las protestas que cercaron al Presidente, a los secretarios de Estado y a las autoridades locales.

Junto con otras cinco señoras, Dávila le dio la espalda al michoacano cuando comenzó a hablar ante un grupo de representantes de la sociedad civil.

Mientras Calderón ofrecía disculpas por haber dicho que el homicidio de los adolescentes fue en un pleito entre pandillas, la señora negaba con la cabeza todo lo que escuchaba, mientras era vigilada por escoltas del Estado Mayor Presidencial (EMP).

El Presidente no volteó a ver a las mujeres, entre las que estaba Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya descendiente Janette Alanís está en la lista de cientos de jovencitas que han sido desaparecidas o asesinadas en esta ciudad de la maquila.

Vengo a escuchar a los juarenses

La ejecución de los adolescentes en una fiesta de cumpleaños hizo que los juarenses reclamaran justicia. En el Centro de Convenciones Cibeles no tuvieron paciencia y apenas los funcionarios exponían los puntos de su estrategia para recuperar la paz, eran increpados.

El yo vengo a escuchar a los juarenses fue seguido fielmente por los representantes de las organizaciones civiles que habían pasado retenes militares y vallas para llegar al foro.

Estaba claro que la señora Dávila no se quedaría callada. Llegó temprano y narró a los reporteros que el Presidente rehuyó reunirse con los familiares donde ocurrieron los asesinatos.

Nosotros queríamos que se presentara, que diera la cara y que ahí mismo, públicamente, se retractara de todo lo que dijo.

Mientras otras voces reclamaban por la violencia en Juárez, Dávila se escabulló del EMP y caminó hasta el presidium. Ahí estaban Calderón; cinco secretarios de Estado; el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el alcalde José Reyes Ferriz, quienes utilizaron la tribuna para pronunciar largos discursos y prometer jalar juntos sin importar las diferencias de partido.

La mujer que se puso de espaldas al jefe del Ejecutivo federal lo confrontó:

“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto.

“Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.”

Relató que en su casa estaban rezando el novenario y clamó: quiero justicia, pónganse en mi lugar, a ver qué sienten.

Las autoridades veían con sorpresa y desconcierto el rostro y los gestos de impotencia de Dávila, quien finalmente regresó a la esquina del salón en medio de aplausos, incluso del Presidente. Hasta ahí fue Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, protegida por escoltas y asistentes para intentar consolarla. A ella y a otras madres que lloraban les daban agua y trataban de imbuirles alivio con promesas y palabras, pero las voces de protesta siguieron.

Después vendría el no rotundo de Calderón a la salida del Ejército.

Esto, porque antes Patricia Galarza, representante de la mesa de derechos humanos, exigió: Que salga el Ejército.

Hubo aplausos, y denunció que hay más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos cometidos por elementos del Ejército y de las fuerzas federales. “Lo que ocurre en Juárez –afirmó– es delito de lesa humanidad.”

Explicó: porque Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe: impunidad, violación a los derechos humanos, indolencia, corrupción y la incorrecta intervención de políticas públicas.

Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos, sostuvo Galarza, y destacó que ante las próximas elecciones no podemos ser botín político.

Entre aplausos, Julia Monárrez Fragoso, representante de la mesa social, había planteado que combatir la violencia con violencia ha tenido altísimo costo en vidas humanas y dolor para nuestra ciudad. Nuestros jóvenes, manifestó, están desolados y hay juvenicidio generalizado.

Algunos asistentes, hartos de los discursos, se lo hicieron ver al alcalde José Reyes Ferriz cuando éste aseguró que estaban ahí para cuidar la ciudad.

¡Miente, miente!, gritaron y lo abuchearon.

Apenas proponían algo los funcionarios, los increpaban, como cuando una señora demandó que los policías dejaran de trabajar encapuchados y denunció que las cámaras para vigilar las calles no sirven.

Otros interrumpieron varias veces a Calderón. Alegaron que un grupo de jóvenes hizo una manifestación y fue reprimido. No podemos construir con la macana en la mano, exclamó un hombre que se puso de pie para exigir que los muchachos fueran escuchados, por lo que el Presidente envió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a atenderlos.

Así transcurrió la sesión. Entre discursos, promesas y la impaciencia de la gente. Como cuando un joven felicitó a Calderón porque tenía planes para ellos, sólo que le hizo ver que aquí no hay jóvenes. Vea cuántos estamos aquí. Hay miles que quieren hablar. El Presidente propuso: “hagamos un chat para que platiquemos”.

Teresa Almada, defensora de los derechos de los jóvenes, se declaró desmoralizada porque el secretario de Educación Pública planteó fortalecer Escuela Segura cuando los juarenses tienen sus propios programas, y lo invitó a asomarse a una preparatoria para que conozca la represión y el hostigamiento que sufre ese sector.

Cuando el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, prometió que habría cero tolerancia a la delincuencia, otra mujer le respondió: es a la gente a la que hostigan.

Otra persona relató que un colega suyo, de profesión médico, había sido secuestrado en la mañana. No se vale, Presidente, y apoye a la sociedad, porque usted está por nosotros, exigió otra voz.

Fallo de tribunal confirma el fin de la relación laboral en minera Cananea

Latente, un nuevo enfrentamiento entre sindicalistas y fuerzas públicas, temen abogados.

Alfredo Méndez y Patricia Muñoz

 

Periódico La Jornada
Por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal negaron este jueves el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), resolución con la que se confirma que quedaron concluidas las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Con este fallo judicial queda firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 31 meses en huelga.

Como el año pasado otro tribunal colegiado determinó que debía persistir la huelga de Cananea en tanto estuviera vigente el juicio de impugnación al laudo del 14 de abril, lo más probable es que en las próximas horas o días la JFCA emita un acuerdo en el que exponga que en virtud de que se confirmó la conclusión de las relaciones laborales con la empresa, lo procedente es que la huelga también debe quedar sin efectos, explicó a La Jornada Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato minero.

Ante ello, está latente el riesgo de un nuevo enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas públicas en esta mina, toda vez que la sección 65 de Cananea ratificó en asamblea que no van a dejar su fuente de trabajo, que la van a defender con todo, que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, según señaló el secretario del Trabajo de esta organización, Javier Zúñiga. Dijo que si el gobierno quiere que en esta mina se vuelva a dar la chispa de una revolución, lo van a lograr, porque ellos no van a salir.

Además, se prevé que de un momento a otro, la sección 271, de Lázaro Cárdenas, inicie una huelga por solidaridad con Cananea y además, paralice todo el puerto en protesta por las violaciones al derecho de huelga, según advirtió Martín Rodríguez Piedra, dirigente de la misma.

Mientras, es probable que Grupo México presione a la JFCA para que esta autorice pedir el uso de la fuerza pública para que la empresa recupere las instalaciones de Cananea. Incluso la junta ya emitió una orden para que pueda ingresar personal del Ejército Mexicano a Cananea, con el pretexto de buscar explosivos, según revelaron ayer los abogados del sindicato Néstor de Buen y Marco Antonio del Toro.

Minutos después de enterarse de que el colegiado optó por no conceder el amparo, cerca de las 13:45 horas, Del Toro, expuso a este diario que prepara una demanda por presunta denegación de la justicia que presentará este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante esa instancia internacional, dijo, se pedirán medidas cautelares para evitar que en las próximas horas elementos de la Policía Federal (PF) y efectivos militares intenten desalojar a los mineros que custodian las instalaciones del yacimiento, pues si esto ocurre lo más probable es que se suscite un enfrentamiento de proporciones incalculables, porque los trabajadores han dicho que están dispuestos a defender con todo su centro de trabajo.

De acuerdo con información de allegados a la empresa, ésta tiene la intención de recontratar –una vez que se desaloje a los mineros en huelga– al mayor número de personal posible, con un nuevo contrato colectivo y con otro sindicato, y para quienes prefieran su liquidación, ésta será depositada en la JFCA.

En su resolución de ayer, los magistrados federales María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos avalaron lo resuelto por la JFCA, en el sentido de que la empresa operadora de Cananea exhibió pruebas sobre los daños ocasionados en maquinaria, instalaciones y equipo, lo que imposibilita la reanudación de las labores en la planta.

En el laudo de la JFCA, ahora avalado por el Poder Judicial federal, se instruyó a la indemnización, consistente en tres meses de salario más el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados por cada trabajador, por tanto los mineros perderían sus salarios caídos durante los casi dos años y medio de huelga.

Día negro para la justicia laboral

La resolución de ayer fue calificada como burla del Poder Judicial y vergüenza histórica para esta instancia, que asestó un golpe criminal al estado de derecho y a la legalidad, por el abogado laboralista Arturo Alcalde y dijo que éste es un día negro para la historia del movimiento laboral mexicano.

El fallo contra los trabajadores se da luego de una batalla legal del sindicato para sostener la huelga, que inició en agosto de 2007, por una demanda de violaciones al contrato colectivo. Posteriormente, la empresa presentó en tres ocasiones demandas ante la JFCA para que se declarará inexistente la huelga y esta instancia se lo concedió las tres veces. Fueron los tribunales colegiados los que declararon la legalidad del paro.

Incluso, en enero de 2008 fuerzas policiacas y militares buscaron romper la huelga y ocuparon la mina luego de un enfrentamiento en que resultaron heridos una decena de sindicalizados.

Atenquenses piden a la Corte que les devuela la justicia robada.
Santiago Igartúa

MÉXICO, 11 de febrero (apro).- Cuando escucha el nombre de su hijo, Rosa Nelly Urrutia cierra el puño y lo levanta apuntando al cielo. Es la madre de Héctor Galindo, uno de los tres presos políticos de San Salvador Atenco, condenados a 67 años y medio de prisión por los hechos ocurridos los primeros días de mayo de 2006, y a quienes la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó ayer la atracción de amparo. 
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Prodh, Rosa Nelly y familiares de los otros beneficiados –Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y Felipe Álvarez– abogaron por la concesión de dichos amparos e hicieron un llamado “a favor de los nueve compañeros” que continúan en la incertidumbre, luego de su detención en Atenco.
En entrevista con Apro, la madre de Galindo se dice esperanzada de que la SCJN “nos devuelva la justicia que nos robaron, para que salgan pronto libres.
“Si no lo hacen, vamos a ir a cortes internacionales para que les vengan a hacer la tarea y a corregírsela. Lamentablemente la SCJN no es independiente, no hay una real división de poderes, ¡qué vergüenza!”, suelta Rosa Nelly Urrutia.
Por su parte, el abogado defensor Leonel Rivero afirmó que “el caso de los otros nueve” detenidos está en manos del ministro Juan Silva Meza, quien “tiene la responsabilidad de revisarlo”, mientras que la ponencia de atracción por los casos de Galindo, Del Valle y Álvarez, corrió a cargo del ministro José de Jesús Gudiño.
“Esto es un precedente y esperamos que todos sean resueltos por la Primera Sala”, dijo Rivero.
Asimismo, señaló que luego de que la SCJN, por conducto de la Primera Sala, determinó ejercer su facultad de atracción de amparo directo en esos tres casos y, por ende, revisar y resolver los amparos que interpuso la defensa contra la penalidad de 67 años y medio impuesta por un juez penal del Estado de México, lo que procede es que los ministros elaboren un análisis mediante un proyecto de dictamen en el que se justifiquen las razones “jurídicamente relevantes” que determinen si es procedente conceder –o negar– el amparo.
De acuerdo con Rivero, dada la trascendencia del caso y el cúmulo de actuaciones, se estima que la SCJN tardará entre seis y ocho meses en resolver.
Por su parte, Saúl Ríos, otro de los dirigentes del FPDT, manifestó que la SCJN “tiene ante sí la posibilidad histórica de corregir todas las arbitrariedades cometidas por el Poder Judicial del estado de México” en contra de los campesinos, “revocando las sentencias impuestas por los tribunales, carentes de imparcialidad e independencia, que violentan los principios del Estado democrático de derecho”.
Las autoridades mexiquenses, continuó, “violaron los principios reguladores de la valoración de las pruebas, el principio de presunción de la inocencia y el principio de debido proceso, además de que no se acreditó el cuerpo del delito de secuestro equiparado, lo que los tiene privados de la libertad”.
Y Rivero manifestó que existe un precedente a favor de los detenidos. En 2009, agregó, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió que el delito de secuestro equiparado (imputado a los pobladores de Atenco) no se había configurado como tal, por lo que dejaron sin efecto dos órdenes de aprehensión en contra de Bernardino Cruz y Jesús Adán Espinosa, acusados por los mismos hechos que Galindo, Del Valle y Álvarez.
“La Corte puede determinar la nulidad de las sentencias por el delito de secuestro equiparado, pero de acuerdo con el Segundo Tribunal Colegiado, no se configuró el delito porque el Ministerio Público tenía la obligación de haber acreditado la existencia de un plan específico previo, encaminado a privar de su libertad a los funcionarios, y el Ministerio Público no acreditó ese argumento, por lo que el cuerpo del delito no se configuraba en todos sus elementos”, argumentó el abogado.

No habrá marcha atrás en las alianzas, asegura Creel
Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- Senadores de la bancada de Acción Nacional lamentaron la decisión del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de renunciar a ese partido y rechazaron que tal decisión desencadene una crisis en el panismo.
 “Es una decisión personal que yo respeto, aunque no comparto, no conozco las razones de fondo que lo indujeron a tomar esa decisión”, señaló Santiago Creel, exsecretario de Gobernación durante el foxismo.
Y reiteró que no se dará marcha atrás en el tema de las alianzas entre el PAN y el PRD, sobre todo en el caso de Oaxaca, porque fue una decisión que se adoptó de manera colegiada en el Consejo Ejecutivo Nacional “con el voto de prácticamente todos los integrantes”.
Creel descartó que exista una “descomposición” o “fracturas” al interior del PAN. “Por el contrario, aclaró, lo que veo es que el partido ha retomado vitalidad, una energía que nos va a permitir presentar de mejor manera candidatos para competir en estas elecciones, pero sobre todo hacer buenos gobiernos en caso de que triunfe”, añadió.
El vicecoordinador de la bancada del PAN, José González Morfín, también lamentó la salida de Gómez Mont, cuyo padre fue uno de los fundadores de Acción Nacional, e hizo votos porque el ahora exmilitante del partido gobernante retorne.
Al igual que Creel y que el senador Alejandro González Alcocer, González Morfín negó que la salida del secretario de Gobernación se deba a una crisis al interior del PAN.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:17
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