Viernes, 12 de marzo de 2010

EU documenta impunidad del Ejército en México
J. Jesús Esquivel

WASHINGTON, 11 de marzo (apro).- El gobierno de Estados Unidos evidenció hoy la impunidad con que actúan las fuerzas armadas en México, particularmente el Ejército Mexicano, al documentar las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron el año pasado.
En el reporte anual que año con año elabora el Departamento de Estado, se habla de “asesinatos extrajudiciales, secuestros, condiciones rudimentarias y sobrepoblación en las prisiones; arrestos y detenciones arbitrarias, corrupción, ineficiencia y ausencia de transparencia el sistema judicial”.
Además, consigna que persistió la obtención de “confesiones por medio de la tortura, y violencia y amenazas contra periodistas que conllevan a la autocensura”.
En cumplimiento de una legislación que lo obliga a hacer cada año un informe detallado sobre la situación de los derechos en el mundo, excluyendo al propio Estados Unidos, el Departamento de Estado indica que aunque “generalmente” el gobierno mexicano respeta y promueve la defensa de las garantías fundamentales, éste no el caso respecto de sus fuerzas de seguridad.
“El gobierno federal o los de sus estados no cometieron ningún asesinato por motivaciones políticas; sin embargo, hay reportes de que las fuerzas de seguridad, actuando dentro y fuera de sus horas de servicio, asesinaron a varias personas, incluyendo a menores de edad durante el 2009”, sentencia el reporte del Departamento de Estado.
En el primer reporte que le corresponde presentar al gobierno de Barack Obama, se sostiene que uno de los factores por los que las fuerzas de seguridad mexicanas están altamente involucradas en violaciones de derechos, es la lucha contra el narcotráfico y la participación directa del Ejército en este cometido.
El Departamento de Estado subraya que en sus esfuerzos por desmantelar a los cárteles de la droga, el gobierno de Felipe Calderón desplegó a unos 50 mil soldados en diez entidades del país.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “más de 8 mil personas fueron asesinadas el año pasado en casos de violencia relacionados al tráfico de drogas”.
También, según la CNDH, “en todo el país se presentaron denuncias sobre derechos humanos contra el Ejército, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la Republica”, anota el Departamento de Estado.
Al hacer una descripción sobre el problema en México de la privación arbitraria y extrajudicial de la vida, el reporte subraya en todo momento la participación del Ejército Mexicano, sobre todo por su papel en la lucha contra el narcotráfico.
“En áreas donde están involucradas las operaciones militares contra las organizaciones del tráfico de drogas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin la intervención de ministerios públicos estatales o federales, recolecta evidencias para su uso subsecuente en acusaciones de personas”, indica el reporte.
Bajo esa óptica, la PGR alega que “no siempre” es notificada a tiempo sobre las detenciones arbitrarias que comete el Ejercito Mexicano.
Otra preocupación que resalta el Departamento de Estado es que en México, debido al problema de inseguridad y narcoviolencia que priva en todo el país, está emergiendo con mucha rapidez el problema del ‘vigilantismo’.
“En México operan aproximadamente unos 10 mil empresas de seguridad privada, de las que 80% no cumplen con los requerimientos legales para su registro; esta numerosa presencia del sector privado de la seguridad conlleva a preocupaciones sobre el vigilantismo”, sustenta el reporte.
El gobierno de Obama también enfatiza la “debilidad del sistema judicial mexicano”, que con esto hace que las Cortes sean susceptibles a una influencia inapropiada de entidades publicas y privadas a nivel estatal y federal.
“El gobierno defiende la jurisdicción militar en los casos que involucran a civiles, navegando en una aparente contradicción entre la que establece la Constitución y el Código Militar de Justicia”, destaca el Departamento de Estado.
Asimismo, el gobierno estadunidense insiste en subrayar que no obstante que durante 2009 en México no se registraron reportes de desapariciones motivadas por cuestiones o intereses políticos a escala federal, “hubo reportes múltiples de desapariciones forzadas a manos del Ejercito y la policía, y la mayoría de éstas ocurrieron en operaciones anticrimen”.
En el caso de los secuestros, el gobierno de Obama explica que este es un crimen que se da a todos los niveles socioeconómicos de México.
Y cita estadísticas de la organización México Unido contra la Delincuencia: en 2005 se registraron 325 secuestros, cifra que se disparó a 820 en 2008.
El reporta también acota que, de septiembre de 2008 a febrero de 2009, aproximadamente unos diez migrantes fueron secuestrados en México durante su intento por cruzar la frontera de Estados Unidos.
En este mismo tenor, el reporte del Departamento de Estado agrega que pese a que se han denunciado casos de personas presuntamente secuestradas por soldados mexicanos, no se conoce que la Sedena haya investigado los casos para esclarecer la situación.
“En 2009, la CNDH recibió mil 105 quejas sobre trato cruel o degradante y 33 denuncias de tortura, respecto a las 558 quejas de trato cruel o degradante y 21 denuncias de tortura cometidas en 2008”, anota el reporte.
En el tema de la tortura de personas o trato degradante de quienes son detenidos de manera arbitraria, el gobierno de Obama establece que la Sedena, pese a que ha sido requerida por la CNDH para que investigue casos de desaparición de personas en los que podrían estar involucrados algunos soldados, las autoridades castrenses desestiman los pedidos.
“Por lo menos en tres casos, la CNDH verificó que médicos militares u otros miembros del Ejército falsificaron informes para encubrir abusos”, aclara el reporte.
En términos generales, el Departamento de Estado sostiene que las fuerzas de seguridad de México, entre ellas Ejército, policías federales, estatales y municipales, son los principales entes que violan derechos humanos, cuyas denuncias no logran un fin apropiado en materia judicial, debido a la impunidad que hay en el país y a los problemas de corrupción que se registran en todas las áreas gubernamentales.
“Indicadores y otros índices de medición, como los que aplica el Banco Mundial, reflejan que la corrupción sigue siendo un problema a todos los niveles del gobierno, lo que propicia la impunidad para que algunos funcionarios continúen perpetrando abusos burocráticos y algunos actos criminales”, añade el Departamento de Estado.
Por último, achaca al problema de la corrupción el hecho de que los mexicanos tengan desconfianza en las autoridades y de manera especial en las promesas del gobierno federal para acabar con el problema de la impunidad para quienes vulneran los derechos humanos.

Preocupa a Parlamento Europeo violencia e impunidad en México
La redacción

BRUSELAS, 11 de marzo (apro).- La situación de extrema violencia y la degradación de los derechos humanos a las que ha llegado México con el gobierno de Felipe Calderón como resultado de su guerra contra el narcotráfico, motivaron al Parlamento Europeo a adoptar este jueves una resolución, en la que se declara preocupado por el clima de impunidad que existe en el país y por las agresiones contra los defensores de las garantías individuales, los periodistas y las mujeres, principalmente.
Adoptada por 57 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, la resolución del Parlamento Europeo --que fue propuesta como "urgente" el pasado miércoles 3-- "condena en particular la violencia y las persistentes amenazas de muerte recibidas por los activistas que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos en México".
     Por ello, solicita a las autoridades mexicanas "que se intensifiquen los esfuerzos en la defensa y el blindaje jurídico y personal de los colectivos mencionados", y que ponga "particular atención al colectivo de mujeres que sufre de forma más dramática la violencia".
     Bajo el título “Escalada de la violencia en México”, el documento enfatiza que el Parlamento Europeo "considera que es responsabilidad del gobierno combatir los feminicidios, asegurando que los responsables y sus cómplices sean llevados ante la justicia y que prosiga la instrumentación de medidas efectivas para prevenir dichos crímenes".
     La resolución --compuesta de seis páginas-- "condena la violencia contra trabajadores de los medios de comunicación" y señala "la importancia de un poder judicial independiente, con el fin de garantizar la imparcialidad y luchar con determinación contra la impunidad".
     Aunque las resoluciones de varios grupos políticos, sobre las que se negoció la resolución final, mencionaban las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías federales y estatales, el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) logró sacar del texto cualquier señalamiento en su contra.
     Solo en el punto N de la segunda sección se hace alusión a las "denuncias por parte de organizaciones nacionales e internacionales en relación con violaciones a los derechos humanos en determinados comportamientos de las fuerzas de seguridad".
     Esa fue una de las razones por las que el grupo de Izquierda Unitaria (IU) decidió no suscribir la resolución, negociada el miércoles 10 entre los grupos del Parlamento Europeo.
     Mireia Rovira, consejera en temas latinoamericanos de IU, comentó a Apro que así lo había determinado el grupo al considerar que tal resolución era "muy autocomplaciente con Calderón".
"La resolución dice 'apoyamos la lucha contra el narco', pero no critica las técnicas que usa Calderón y que han resultado en graves agresiones contra los periodistas, los activistas de derechos humanos, los indígenas, las mujeres", lamenta Rovira.

Debate

Antes de que la resolución fuera aprobada por el plenario del Parlamento Europeo, las violaciones a los derechos humanos en México fueron tema de una discusión institucional.
Durante el debate --que duró media hora y en el que intervinieron 16 eurodiputados de las distintas fuerzas políticas--, el gobierno mexicano fue calificado en varios momentos de "autoritario" e "ineficiente", y señalado de ser el responsable de que el país esté "enfermo de violencia", de los "abusos de poder de las fuerzas de seguridad", y de que los criminales se paseen con "total impunidad".
     Los militares mexicanos, si bien no aparecen señalados en la resolución europarlamentaria, fueron de manera reiterada acusados de ser culpables de "diversas y graves" violaciones a las garantías individuales.
     El primero en tomar la palabra fue el eurodiputado español Ramón Jáuregui, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, así como presidente de la Delegación para México del Parlamento Europeo.
     "México es una gran democracia, es un amigo de la UE (...) Pero hoy estamos aquí para hablar de derechos humanos". Jáuregui hizo referencia, en un tono verbal enérgico, "a la violencia contra los ciudadanos mexicanos" y a las "denuncias reiteradas y graves de violaciones a los derechos humanos".
     En su breve alocución, el eurodiputado exigió al gobierno mexicano "asegurar el ejercicio de una prensa libre, asegurar la protección de las asociaciones que defienden los derechos humanos, garantizar la seguridad de las mujeres y frenar los abusos de autoridad de sus fuerzas de seguridad".
     La eurodiputada rumana, Renate Weber, del grupo de la alianza de los Demócratas y Liberales, se enfocó en denunciar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, "quienes en México es normal que no sean protegidas por las autoridades".
     Señaló a los "miembros de la policía y del Ejército" como los culpables de tales abusos, y lamentó la "impunidad casi absoluta" que existe frente a esos casos". Puso de ejemplo lo que ocurre en el estado de México, donde, afirmó, "solo fueron juzgados 11% de los criminales que han asesinado a 700 mujeres".
     Más aún: relató el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, "condenadas a 21 años de prisión por haber secuestrado, ellas solitas --enfatizó la eurodiputada--, a seis policías" de la extinta Agencia Federal de Investigación.
     "Espero que el juez se dé cuenta de la ridiculez y la injusticia de esta situación", concluyó.
     La eurodiputada alemana Barbara Lochbihler, del grupo de los Verdes, recalcó: "Regularmente nos llegan de México imágenes de violencia por los medios de comunicación.
     “La estrategia del gobierno mexicano está equivocada. La creciente militarización, la competencia de tribunales militares para juzgar violaciones de derechos humanos cometidos por militares contribuyen a aumentar la violencia".
Y añadió: “A pesar de que se tienen documentadas las violaciones a los derechos humanos y el aumento de los crímenes cometidos por militares, el gobierno mexicano no está en condiciones o no tiene la voluntad para combatirlos".
     Los únicos que en sus intervenciones defendieron al gobierno calderonista fueron los eurodiputados del grupo del PPE y el propio comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que asistió al encuentro en nombre de la Comisión Europea, el organismo que gestiona las relaciones de la UE con México.
     A pesar de que Potocnik admitió que México presentaba un clima de violencia "sin precedente" y manifestó la preocupación de la Comisión Europea al respecto, en su intervención se dedicó a ensalzar los "esfuerzos" de Calderón para fortalecer el sistema judicial y la protección de los derechos humanos, además de reconocer la "apertura" de su gobierno para hablar de esos temas con la UE y con la comunidad internacional.
     Del lado del PPE también se escuchó una crítica aislada al gobierno panista. Después de enumerar algunos operativos exitosos de la lucha contra el narcotráfico, el eurodiputado alemán Wieland Rainer reconoció que el dinero del que disponen los cárteles mexicanos de la droga "es mucho más de lo que puede gastar el gobierno en combatirlos", por lo que consideró que "las autoridades mexicanas están perdiendo la guerra" contra el narco.

 

Experto: se gobierna para que suba la pobreza y persistan monopolios

Advierten especialistas sobre el gran problema de distribución de la riqueza

Miriam Posada García

 

Periódico La Jornada
Viernes 12 de marzo de 2010, p. 26

Es posible que en México coexistan el hombre más rico del mundo y millones de mexicanos pobres, como resultado de la mala distribución de la riqueza, la incapacidad del gobierno para combatir los monopolios y para cobrar impuestos a los empresarios, señalaron expertos en el tema de pobreza.

El economista Julio Bolvitnik aseguró que el creciente enriquecimiento de Carlos Slim y otros empresarios mexicanos responde a que toda la política económica está dirigida a que haya millones de pobres y persistan los monopolios.

El director del Centro de Investigación en Economía y Negocios, del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz, sostuvo que tener al hombre más rico del mundo en México y que 10 por ciento de la población de mayor ingreso concentre 37 por ciento de la riqueza, es reflejo del gran problema de distribución de la riqueza que priva en el país.

El jueves la revista Forbes ubicó a Slim, presidente de Telmex y de América Móvil, una de las mayores compañías de telefonía celular, como el hombre más rico del mundo, con una fortuna de 53 mil 500 millones de dólares.

Slim y otros ocho mexicanos –entre ellos el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán– poseen, según la publicación estadunidense, una fortuna de 90 mil 300 millones de dólares, 10 por ciento del PIB, monto comparable a la reserva internacional de divisas de México, de 94 mil millones de dólares.

Las compañías de Carlos Slim han sido exitosas por la conducción y porque los inversionistas han tenido confianza en ellas, comentó ayer Arturo Elías Ayub, vocero del empresario.

Destacó que al contrario de lo que muchos empresarios han hecho, en los momentos de crisis Slim confió en el país e invirtió para generar empleos. Destacó que a través de la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex ha dedicado 10 mil millones de dólares para beneficiar a más de 400 mil familias a través de programas educativos, tecnológicos, sociales, de salud, culturales y de readaptación social, entre otros.

Julio Bolvitnik, investigador en El Colegio de México, señaló que México es uno de los países más desiguales en la distribución de la riqueza, lo que llevará a que siga aumentando la cantidad de pobres. Destacó que durante 2009, en plena crisis económica, Slim incrementó su riqueza en 18 mil millones de dólares, mientras el número de pobres en México creció entre cinco y seis puntos porcentuales.

Esto demuestra que a los grandes monopolios les va bien durante las crisis y que la gente está sometida a ellos en muchos sentidos, comentó. Criticó que a finales de 2009 el presidente Felipe Calderón se haya lamentado de que los empresarios no pagan impuestos y no hizo nada, no envió una iniciativa de ley para que empiecen a pagar. Lo único que hizo fue llorar como cualquier ciudadano de a pie, mostró la impotencia de este gobierno, de un Ejecutivo que antes era fuerte.

En entrevista, José Luis de la Cruz dijo que el problema de la distribución de la riqueza es cada vez más severo, y que el abismo entre ricos y pobres no se cerrará a corto ni a mediano plazos.

México se alejó de la UNESCO por rehuir el debate sobre el aborto: Valadés

El organismo promueve legislar aspectos como matrimonios homosexuales, señala

Proteger la vida desde de la concepción implica indemnizar a familiares de asesinados, afirma

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Viernes 12 de marzo de 2010, p. 39

El retiro de la representación del gobierno mexicano en la UNESCO no tiene que ver con temas educativos, sino con el hecho de que ese organismo internacional impulsa a escala mundial el debate en torno a los problemas del aborto, matrimonios entre parejas del mismo sexo y eutanasia, aseguró Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Existe una percepción limitativa de la UNESCO; se le ve vinculada con las cuestiones ligadas al quehacer escolar, universitario, científico y cultural. Pero no sólo se aboca a estas temáticas. En un caso sin precedente, no hay un país que se haya retirado de un organismo internacional de ese calibre. México lo hizo por una sola razón: porque la UNESCO es la gran promotora contemporánea de la legislación internacional en materia de bioética, bioseguridad, biotecnología; es ahí donde se están discutiendo los problemas de eutanasia, aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo. El Estado mexicano ya no quiso tener un compromiso y retiró a su representante. Tenemos que pedirle al Senado que lo discuta, porque es el órgano constitucional encargado de analizar y valorar la política exterior del país.

Al participar en el foro Estado laico y derechos reproductivos en México: avances y retrocesos, el constitucionalista resaltó que las reformas que penalizan el aborto en 18 estados del país asientan que estas entidades protegen la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, lo cual puede ser aprovechado por los familiares de una persona asesinada cuyo crimen no sea resuelto para exigir a las autoridades locales una indemnización por no proteger esa vida.

“Las legislaciones (de estas entidades) procesarán a las madres que deciden abortar, pero no al homicida de vidas desarrolladas. El artículo 113 de la Constitución Mexicana dice que cuando el Estado no cumple con su obligación –en este caso proteger la vida–, tiene que indemnizar.”

Bajo esta óptica, el ex procurador general de la República consideró que al ser Chihuahua una de las 18 entidades que modificaron su Constitución local para penalizar el aborto y proteger la vida, tendría que ser el primer estado en indemnizar a los familiares de las víctimas del feminicidio y de los que han caído a causa de la presencia del crimen organizado y la militarización en Ciudad Juárez.

Subrayó, sin embargo, que las 18 reformas que protegen la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural son retrógradas y restrictivas, contradicen la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucional la ley que permite el aborto antes de las primeras 12 semanas en el Distrito Federal, y son inconstitucionales porque imponen criterios morales como política pública, y limitan los derechos de las mujeres.

Aseguró que estas leyes tienen implicaciones contra el Estado laico, el sistema constitucional, la salud y violan la equidad.

Llamó a las organizaciones de defensa de las mujeres, a los hombres que se han pronunciado por la igualdad de género y a la sociedad en su conjunto a mirar al derecho internacional en la materia y acudir a instancias como ONU, UNESCO y CIDH, para denunciar y revertir el retroceso por la aprobación de las reformas que penalizan el aborto. El ex ministro de la Suprema Corte recordó que en la aprobación de estos criterios no sólo participaron PRI y PAN, sino también en algunas entidades lo hicieron PRD, PT, Convergencia, Verde y Nueva Alianza.

 


Publicado por solaripa69 @ 9:57
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