Mi?rcoles, 24 de marzo de 2010

Condena ONU amenazas contra indígenas de Guerrero
Gloria Leticia Díaz

MEXICO, DF, 23 de marzo (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas condenó los “continuos actos de hostigamiento y amenazas” en contra de activistas de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y del Centro Tlachinollan, cuyos integrantes cuentan con medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
    En un comunicado, la ONU destaca la incapacidad del Estado mexicano para aplicar las medidas provisionales, así como para investigar los hechos y castigar a los responsables.
    “No obstante que el gobierno federal ha iniciado el proceso de implementación de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana, la situación de riesgo en la zona y el sistema de justicia no han dado las respuestas oportunas y eficaces que se imponen”, señala la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
    Añade: “Preocupa la falta de una efectiva investigación que identifique la fuente de las amenazas y, en consecuencia, se sancione a las personas responsables, pues con esto contribuye a que la situación de riesgo no sólo prevalezca, sino se incremente”.
    Al señalar que es necesario “crear un mecanismo nacional de protección que dote de herramientas eficaces a las autoridades competentes para garantizar las condiciones adecuadas para que los defensores puedan realizar sus actividades”, la ONU resalta que “la impunidad de los hechos denunciados va en detrimento de la defensa de los derechos humanos de los habitantes de Guerrero y, en particular, de los pueblos indígenas”.
    A las amenazas de muerte enfiladas a la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, se sumó otra advertencia contra su hermana Andrea, activista de la OPIM.
    Según información recibida por la OACNUDH, el 17 de marzo Andrea fue amenazada de muerte por un desconocido que la fotografió a las afueras de un establecimiento de Ayutla de los Libres, lo que motivó que dos días después presentara una querella ante el Ministerio Público.
    En tanto que el 16 de marzo pasado, integrantes de Tlachinollan advirtieron que un desconocido tomó fotografías de las oficinas de la organización en Tlapa, así como al personal que ahí labora.
    Luego de recordar que, en octubre de 2009, dio cuenta de que “estos actos de hostigamiento se inscriben dentro del contexto de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en México”, el organismo internacional subraya la vinculación de los hechos con una próxima audiencia en la Coidh.
    “Particularmente, preocupa a la Oficina que estos actos estén relacionados con las acciones de defensa que han emprendido estas organizaciones por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el estado, o con las labores vinculadas con las próximas audiencias previstas en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que en breve serán revisados por la Corte Interamericana”.
    Y es que la Corte regional ha programado para la segunda quincena de abril la audiencia en la que se abordará el caso de Inés Fernández, y en las sesiones de mayo o agosto, se abordará la queja de Valentina Rosendo. Ambas indígenas fueron víctimas de violación sexual y tortura, presuntamente cometidos por miembros del Ejército Mexicano.
    En ambos casos, Andrea Eugenio Manuel fungió como traductora en las denuncias presentadas en contra de los militares en diferentes instancias nacionales e internacionales, desde el 2002, año en que ocurrieron los hechos.

Verdadera tragedia humanitaria, las agresiones a migrantes en México

Señalamiento en audiencia pública de la CIDH efectuada el lunes en Washington

ONG han denunciado reiteradamente las violaciones a garantías de indocumentados

Ángeles Cruz Martínez

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de marzo de 2010, p. 38

Una verdadera tragedia humanitaria son las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que ocurren en México, aseguraron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia pública en la que se abordó el tema; además, organizaciones civiles señalaron que desde hace más de tres años han denunciado los secuestros sistemáticos que comete el crimen organizado en contra de esas personas, con la complicidad de autoridades migratorias del país.

En dicha sesión, efectuada el pasado lunes en Washington, Felipe González, presidente de la CIDH y relator para los trabajadores migrantes y sus familias, solicitó visitar el país a fin de contar con mayor información sobre la problemática.

Con lo reportado por las agrupaciones civiles y la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de que en sólo seis meses fueron secuestradas 9 mil 758 personas, la CIDH exhortó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para prevenir estas anomalías, así como garantizar la seguridad, la vida y el trabajo de los defensores de las víctimas.

En particular, mencionó al padre Alejandro Solalinde y el albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; así como al padre Pedro Pantoja y el albergue Belén, Posada del Migrante, y las asociaciones civiles Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras.

Sobre el tema, el comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator de la CIDH para México, subrayó que además de que el secuestro de migrantes es una verdadera tragedia humanitaria, con ese acto se violan todos los derechos fundamentales de las víctimas, sus familias y comunidades.

Al Estado le corresponde intervenir con medidas policiacas y una política integral en la que participen los tres órdenes de gobierno para otorgar acciones de prevención y atención integral a la problemática.

Entre las agrupaciones que desde hace más de tres años han denunciado el problema están, además de las ya mencionadas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana, entre otras.

Han señalado que con los secuestros también se cometen abusos sexuales, tortura física y sicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud e impunidad.

Debido a que el Estado mexicano no contestó la denuncia de las organizaciones civiles, y de hecho rechazó los calificativos de graves violaciones a los derechos humanos y de tragedia humanitaria, quedó pendiente la entrega de un informe oficial sobre el tema.

Se amplía la Iniciativa Mérida a temas sociales, informa Clinton

Georgina Saldierna, Fabiola Martínez y Gustavo Castillo

 

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de marzo de 2010, p. 3

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron ayer la ampliación de la Iniciativa Mérida y que esta estrategia no sólo se enfocará en el aspecto policiaco-militar, sino también avanzará en el tema social. De igual manera, se comprometieron a profundizar la cooperación para combatir el crimen organizado y coordinar sus políticas nacionales en contra de esta amenaza.

Hillary Clinton, secretaria de Estado, explicó: Estamos expandiendo la Iniciativa Mérida, más allá de lo que se había considerado inicialmente, en busca de crear una estrategia integral en contra del narcotráfico.

Al concluir la segunda Reunión del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos, dijo que la seguridad es clave, pero para luchar contra los efectos a largo plazo que producen los cárteles, sabemos que tenemos que trabajar más en temas de la educación y la salud, en el desarrollo económico y social.

Un México más fuerte, más desarrollado económicamente y con una población que suba en la vida gracias a la educación, es mejor para nosotros, agregó la funcionaria de la Casa Blanca, quien de nueva cuenta expresó un mea culpa durante su estancia de alrededor de ocho horas en el Distrito Federal.

En conferencia de prensa conjunta con la canciller Patricia Espinosa Cantellano, Clinton señaló que la demanda de droga en su país y el flujo de armas de Estados Unidos a territorio mexicano, facilitan la violencia en México, por lo que Washington debe y está haciendo su parte para ayudar a afrontar estos retos. Aceptamos nuestra responsabilidad compartida en el tema del tráfico de drogas, puntualizó.

Resaltó que se están diseñando planes de trabajo concretos, específicos, con tareas, calendarios y mediciones en cuatro áreas estratégicas, que también mencionó Espinosa: la desarticulación de las organizaciones delictivas que actúan en los dos países; el fortalecimiento de las instituciones de seguridad; el desarrollo de una frontera segura y competitiva para el siglo XXI, y el fortalecimiento de la cohesión social en las comunidades de los dos lados de la frontera.

Más allá de las conversaciones que ambos gobiernos han tenido para avanzar en la lucha contra el crimen organizado, Clinton dijo que a final de cuentas lo importante es dar resultados y en eso se concentran nuestros dos presidentes. Quieren verdaderos resultados que redunden en mayor seguridad y mayor oportunidad para nuestros ciudadanos, puntualizó.

Durante la reunión, se hizo un corte de caja sobre la Iniciativa Mérida; se identificaron los avances y los cuellos de botella. Hillary Clinton señaló al respecto que se ha considerado todo lo que funciona, y también lo que no, para mejorarlo.

Cuando se le preguntó sobre el papel que debería tener el Ejército en la nueva fase de la lucha contra el tráfico de enervantes, la funcionaria de Estados Unidos expuso que se hará todo lo que decida el gobierno de Felipe Calderón como la mejor forma de avanzar en este tema. Resaltó, eso sí, que es necesario trabajar más arduamente para proteger y fomentar los derechos humanos, en referencia a las denuncias de violaciones a las garantías fundamentales en la guerra contra los capos de la droga

Espinosa se refirió a su vez a los acuerdos concretos que se lograron durante la reunión del Grupo de Alto Nivel, encuentro que calificó de muy exitoso. Destacó así el compromiso estadunidense de resolver los cuellos de botella que han retrasado la entrega de equipo que se requiere hoy y no en unos años. Con ello aludió al retraso en el envío de equipamiento que ha solicitado México al país vecino en el contexto de la Iniciativa Mérida.

También dijo que ambos gobiernos acordaron establecer un programa de trabajo bilateral para combatir el tráfico de armas y los flujos financieros ilícitos hacia México. El esquema tendrá objetivos concretos e indicadores de avance que serán evaluados periódicamente.

Asimismo, realizarán un estudio binacional sobre consumo de drogas ilícitas en ambas naciones, para contar con información completa, confiable y plenamente comparable sobre la demanda de enervantes, lo que permitirá enfrentar el problema de manera más coordinada y eficaz.

Otro de los acuerdos logrados en el encuentro –que se realizó a puerta cerrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que se prolongó casi cuatro horas– fue el de enfatizar la atención integral a las comunidades fronterizas de ambas naciones, que sufren de manera más dramática los efectos de la violencia y de la delincuencia. En el contexto de la estrategia Todos somos Juárez, la funcionaria informó que se impulsan acciones tanto en el ámbito de seguridad como en el socioeconómico

De manera especial, expuso que la delegación mexicana reconoció la necesidad de reforzar sus acciones en materia de capacitación y de equipamiento para la vigilancia e inspección por medios no intrusivos. En este sentido, informó de una solicitud de la administración Obama para contar con ese equipo en todos los puntos sensibles de entrada o en el territorio nacional.

Patricia Espinosa añadió que Estados Unidos continuará incrementando las actividades en su propio territorio en contra de las organizaciones delictivas.

En su oportunidad, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, resaltó el nivel de la delegación estadunidense que acudió a la reunión. “Este importante contingente es una sólida señal de compromiso del gobierno de Barack Obama con la lucha contra los cárteles.

Rara vez se ven este tipo de reuniones con tan amplia participación de funcionarios de ambos lados de la frontera, dijo en una declaración en la que coincidieron Clinton y Espinosa.

Salarios y lucha de clases

Alejandro Nadal

 

En 1817 David Ricardo escribió en sus Principios de economía política que la principal tarea de la economía política era determinar las leyes que regulan la distribución del producto entre las clases que componen una sociedad. Esto ya estaba inscrito en la teoría de Adam Smith, autor de la Riqueza de las naciones (1776) y por lo común considerado el fundador de la economía política. Pero al explicitar esto en el prefacio de sus Principios, Ricardo le da una nueva dimensión.

Lo cierto es que ese peculiar discurso llamado teoría económica se echó a cuestas el trabajo de definir las reglas que permiten asignar a cada clase social su participación en el producto. De aquí nació la idea de que el ingreso de cada persona está determinado por su contribución a la producción, y se construyó una teoría (con pretensiones científicas) que demostraba lo anterior. Al trabajo y al capital les correspondería un ingreso de acuerdo con su productividad.

Esa teoría se transmite todavía en las escuelas y facultades de economía en México y en el mundo entero. Sus alcances ideológicos son extraordinarios. Dice que los ingresos del secretario del Trabajo corresponden a su productividad marginal. También dice que los salarios de los ejecutivos de corporativos financieros dedicados a la especulación son altos por su contribución al PIB. En cambio, los salarios de los obreros en las fábricas, los campesinos en el campo o los profesores universitarios, por sólo citar unos ejemplos, son bajos porque su contribución al producto es pobre.

Ya de entrada, con el párrafo anterior puede uno ir pensando que algo anda terriblemente mal con la teoría de la productividad marginal. Pero si usted todavía no está convencido/a, le puedo decir que en los años setenta se desencadenó una polémica en el mundo académico sobre la validez de esta teoría. Los pormenores no los puedo exponer aquí por falta de espacio: los lectores interesados pueden examinar la literatura de lo que se llamó la controversia sobre la teoría del capital. Lo importante es que el veredicto fue clarísimo: la teoría de la productividad marginal no tiene ninguna validez. La derrota fue reconocida hasta por los seguidores más celosos de esta doctrina.

Pero como el mundo de los economistas es dado a la distracción, todo eso quedó en el olvido. Lo malo no es eso, sino el hecho de que a nivel popular, y hasta en muchas organizaciones sociales, sigue muy difundida la creencia de que, de alguna manera, el ingreso de los trabajadores está determinado por su aportación al producto social.

Las cifras de la Encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi para 2009 indican que la población económicamente activa es de 47 millones de personas. De ese total, 94.7 por ciento está ocupado, o sea 44 millones y 535 mil personas tienen un empleo. De ellas, 56 por ciento tienen percepciones iguales o inferiores a tres salarios mínimos. El salario mínimo es 57.46 pesos en la actualidad, o sea que más de la mitad de la población ocupada tiene una remuneración igual o inferior a los 5 mil 171 pesos, cantidad que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, noción absurda que ya se ha convertido en desiderátum.

En el estrato de remuneraciones que sigue, que percibe entre tres y cinco salarios mínimos, tenemos otros 7 millones y medio de personas. Es decir, alrededor de 72 por ciento de la población ocupada tiene percepciones que apenas alcanzan para adquirir la canasta básica.

¿Será que las remuneraciones de toda esta población corresponden a lo que contribuyen al producto? Pues la respuesta es negativa. No existe nada en el arsenal de la teoría económica que permita afirmar lo anterior. No hay razones técnicas que determinen una norma salarial. Lo miserable del patrón de remuneraciones en México es producto de dos cosas: la subordinación de la economía nacional a la lógica del capital financiero y lo que muy bien se puede llamar la lucha de clases.

Estos datos revelan el fracaso de una economía capitalista. Esto se llama exclusión y opresión. Aquí hay una política deliberada de salarios bajos porque es la única manera que el capital en México ha encontrado para mantener lo que considera ganancias adecuadas.

La obra de David Ricardo estaba marcada por serios problemas conceptuales. La solución para algunos de ellos fue aportada por Piero Sraffa en 1959, con su obra Producción de mercancías por medio de mercancías. Pero lo interesante de esa obra es que en ella la distribución del ingreso (la repartición del producto nacional en valor) se determina por fuerzas que están fuera de la economía. Es decir, al final de cuentas, el proyecto de Ricardo (y de toda la teoría económica) quedó trunco porque las ganancias y los salarios son determinados por el estado que guarda la lucha de clases, la movilización y el poder de las centrales obreras o el de las asociaciones empresariales. El espacio de la lucha política por una remuneración adecuada es mucho más amplio de lo que comúnmente se piensa.

 


Publicado por solaripa69 @ 11:57
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios