Jueves, 01 de abril de 2010

El Vaticano sólo busca lavar su imagen: víctima de Maciel
Rodrigo Vera

MÉXICO, D.F., 31 de marzo (apro).- Juan José Vaca, una de las víctimas de Marcial Maciel, pidió hoy a los Legionarios de Cristo que reparen “de una manera sensible y justa” los daños ocasionados por su fundador.

Además, añadió que no basta solamente con pedir perdón.

En declaraciones hechas en Nueva York, donde actualmente reside, Vaca agregó que fue “sumamente pobre” e “inadecuado” el gesto público de contrición que hicieron los Legionarios de Cristo el pasado viernes 26, ya que sólo pidieron perdón en términos “muy generales y superficiales”.

Y reveló que en diciembre pasado el actual director general de la Legión, el padre Álvaro Corcuera, le hizo una llamada telefónica para pedirle personalmente perdón por los abusos que contra él cometió Marcial Maciel.

 El presidente de los Legionarios en Estados Unidos de 1971 a 1976 cuenta lo que le contestó a Corcuera: “Yo le dije: ‘Acepto tu llamada, pero quiero que sepas que el pedir perdón no es suficiente… Todos estos daños que nos han causado tienen que ser reparados. No hay una culpa que quede sin solucionar si no se rapara con hechos concretos’”.

 En entrevista con MVS Radio, dijo que en esa llamada telefónica sintió “cordial y apenado” a Corcuera, quien además le confesó que jamás había creído en las acusaciones contra Marcial Maciel.

 Vaca –quien ingresó a la orden en 1960, cuando tenía diez años de edad– dijo que él siempre denunció los sobornos que daba Maciel a algunos cardenales de Roma, haciéndolos pasar como “ayuda para sus actividades de caridad”.

 Añadió que ante los actuales escándalos por abusos sexuales cometidos por sacerdotes de varios países, El Vaticano sólo intenta “salvar la imagen de la Iglesia”, no reparar los daños.

Y concluyó: “La podredumbre se les ha subido por encima de los ojos, ya no se puede tapar el sol con un dedo”.

 

Pese a duplicar el gasto en planes contra la miseria, la cantidad de pobres no cede

Autoridades federales ejercen 76 centavos de cada peso erogado en programas sociales

Enrique Méndez y Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Jueves 1º de abril de 2010, p. 10

El incremento de más de 100 por ciento en el gasto que el gobierno federal destina a combatir la miseria por medio de programas asistencialistas no ha conseguido reducir la pobreza patrimonial y alimentaria de 50 millones 600 mil mexicanos, advierte la Cámara de Diputados.

El análisis al sector desarrollo social en la Cuenta Pública 2008, elaborado por la unidad de evaluación y control (UEC), refiere que la política social de la administración panista se propuso lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos mediante la búsqueda de igualdad de oportunidades, como se definió en el Plan Nacional de Desarrollo. En éste se especifica que el gasto público es el principal instrumento del gobierno para reducir la desigualdad social.

Las acciones con mayor apoyo de parte del gobierno del presidente Felipe Calderón son las de asistencia social, que pasaron de 25 mil 401 millones de pesos de 2005 a 60 mil 774 millones en 2008. Tal monto significó un incremento acumulado en términos reales de 101.3 por ciento, detalla el documento en revisión de los legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

El incremento del gasto público en desarrollo social ha venido acompañado por una mayor concentración de los recursos a escala federal, al contrario de la tendencia de descentralizar gradualmente el gasto público sobre todo a estados y municipios, detalla.

Explica además que del total de los recursos ejercidos en 2005 para la superación de la pobreza, el gobierno federal ejecutó 66.1 por ciento, los de los estados 12.5, y los municipales 21.4, situación que se acentuó para 2008 al cambiar las proporciones a 76.1 por ciento, 5.1 y 18.8 respectivamente.

Así, el gobierno federal ejerce 76 centavos de cada peso erogado en el gasto social, y deja sólo 24 para ser utilizados por las entidades federativas y los municipios.

El documento, que será debatido públicamente la semana próxima por la Comisión de Vigilancia con los auditores de la ASF, señala que el gobierno federal ha continuado con la operación de políticas públicas con enfoque asistencialista, por lo que el incremento registrado de los recursos públicos destinados al abatimiento de la pobreza se han reflejado, entre otras cosas, en el aumento del número de beneficiarios y de apoyos mensuales emitidos a las familias.

Aun así, el aumento en la atención económica a las familias en México, prácticamente no ha modificado la situación que tiene el país frente a otras naciones.

El reporte detalla que el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ¿Crecimiento desigual?: distribución del ingreso y pobreza en los países de la OCDE, publicado en 2008, menciona que en el caso de México los beneficios públicos en efectivo a la población constituyen solamente 5.8 por ciento de los ingresos disponibles en el hogar, proporción que solamente es inferior en Corea.

La distribución de los beneficios públicos en el país es la menos progresiva de todas las naciones de la OCDE. Con estos dos elementos se muestra que la retribución del gobierno mediante los beneficios en efectivo tienen poco impacto en la desigualdad y la pobreza, al contrario del otorgamiento de servicios públicos en salud, educación y vivienda que logran mitigar la desigualdad del ingreso más que en cualquier otro país de la OCDE, ya que estos servicios se distribuyen de manera más amplia y equitativa en comparación con los beneficios en efectivo, sin logros reales en la lucha contra la pobreza.

Es en el caso de la pobreza patrimonial, donde se ha registrado un mayor aumento de 2006 a 2008; 5.9 millones de personas cayeron en pobreza, con lo cual la población en esa situación llegó a 50.6 millones de personas. Esos mexicanos no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte, aun si dedicaran la totalidad de sus recursos económicos a ese propósito. De casi la mitad de la población nacional, 19.5 millones son pobres alimentarios, es decir, no tuvieron insuficientes ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si hubieran destinado todo su ingreso para ese fin.

En el tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón se refiere que bajo esa condición se situaban en 2005 poco más de 18.9 millones de mexicanos, de los cuales 65.4 por ciento se encontraban en zonas rurales y 34.6 en zonas urbanas.

Esta cifra pasó en 2008 a 19.4 millones de mexicanos, de los cuales 62.4 por ciento se ubicaban en zonas rurales y 37.6 en zonas urbanas. Los índices de mayor pobreza se localizaban en 3 entidades federativas: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como una pobreza más moderada en otras 9 entidades del Bajío, Centro y Sureste del país.

Por lo que hace a la pobreza patrimonial, que se refiere a la población que puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, pero su ingreso per cápita no le permite adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar, en 2005 se reportaban 48.8 millones de personas, de las cuales 48.6 por ciento se encontraban en zonas rurales y 51.4 en zonas urbanas.

En 2008 el nivel de pobreza patrimonial se incrementó a 50.6 millones de personas, de las cuales 46.1 por ciento se encontraban en zonas rurales y 53.6 en zonas urbanas, por lo que para este año se generaron, en comparación con 2005, alrededor de 1.7 millones de nuevos pobres en menos de tres años, poco más de medio millón de personas al año.

Impiden en Quintana Roo que aborte niña de 10 años violada por su padrastro
Rosa Santana

CHETUMAL, Q. Roo, 31 de marzo (apro).- Embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a que la tenía sometida su padrastro, una niña de 10 años, que actualmente está “bajo la protección” del DIF, fue condenada a ser madre a esa edad ante la imposibilidad legal para recurrir al aborto.

La diputada María Hadad Castillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso estado, argumentó que la pequeña, originaria de Robirosa, una comunidad rural del estado, al tener ya casi cuatro meses de gestación queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto, que en el caso de violación es hasta los 90 días.

Añadió que tampoco se quiere poner en peligro la vida de la menor al someterla a una intervención quirúrgica.

“Es decir, que si esta niña tiene casi 4 meses de embarazo la ley no permite, de ninguna manera, que sea sometida a un aborto, precisamente porque la ley lo impide; tendría que estar en riesgo la vida de la niña, producto de ese embarazo, para que los médicos pudieran tomar una decisión”, comentó.

La legisladora señaló que eso quedó asentado en los estudios que realizaron las autoridades del DIF estatal, las cuales tomaron bajo su custodia legal a la menor “para evitar un mayor daño y que pueda ser revictimizada (sic) por los medios de comunicación” al dar conocer su identidad.

Admitió lo delicado de la situación de la menor, que padece “de origen la victimización (sic) de haber sido objeto de una violación, luego la victimización (sic) de que va a tener que ser madre a los 10 años de edad, si llega al final su embarazo; y en este momento está siendo revisada por los médicos bajo la custodia del DIF, que la está protegiendo”.

Comentó que el responsable de la violación y el embarazo puede ser castigado hasta con 30 años de prisión, pero con la agravante de ser familiar de la víctima, la pena podría llegar a 45 años, lo cual, adelantó, será solicitado formalmente por los diputados ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte, la directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del estado, Martha Medina Lozano, dio a conocer que Isaac Santiago Martínez, el padrastro de la menor, ya fue detenido.

“En este caso, la pena de prisión puede llegar hasta los 45 años, situación que le hemos precisado al juez penal, precisamente por la naturaleza de que se trata de un delito grave”, comentó.

Detalló que Santiago Martínez confesó haber sostenido relaciones con su hijastra, aunque alegó en su defensa que fue porque la niña se lo pidió.

“El acusado está confeso, pues dice que la niña voluntariamente aceptó tener relaciones sexuales con él. Según las declaraciones de este sujeto, no es como la niña narra de que fue a la fuerza, intimidándola con amenazas de muerte, pues insistió en que la pequeña fue la que quiso tener relaciones sexuales con él”, dijo la funcionaria.

Explicó que tal argumento no es válido porque una niña de esa edad no está en condiciones de decidir libremente sobre su sexualidad.

Detectan anomalías en el padrón electoral de Veracruz
Regina Martínez

JALAPA, Ver., 31 de marzo (apro).- El Registro Federal de Electores (RFE) detectó más de 3 mil casos de ciudadanos registrados en el padrón electoral que no acreditaron su residencia en ningún lugar del estado.

         Al rendir su informe ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), Sergio Vera Olivera, vocal de la Junta Local del RFE, señaló que en el análisis realizado, luego de las irregularidades denunciadas por partidos de oposición, se detectaron 3 mil 33 “casos atípicos” dentro del padrón que se utilizará en las elecciones locales del próximo 4 de julio.

         Estos “casos atípicos” serán denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR, a fin de que inicie las investigaciones correspondientes a partir de la entrega de toda la documentación, señaló el funcionario electoral durante la sesión del Consejo General del IEV.

         Vera Olivera detalló que los casos mencionados se detectaron durante un estudio de campo realizado por personal del RFE y representantes de partidos políticos en diversos municipios, sobre todo al sur de la entidad.

         Según el funcionario electoral, ciudadanos de estados como Tabasco, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Estado de México, Chihuahua y Baja California, entre otros, tramitaron de manera irregular su credencial de elector en la entidad.

         Con información y documentación aparentemente falsa, agregó, los ciudadanos radicados en otras entidades del país se dieron de alta en Veracruz para poder emitir su voto en los comicios locales de julio próximo, cuando habrá elección de gobernador, diputados (50) y presidentes municipales (212).

         El vocal ejecutivo del RFE señaló que a partir de las denuncias presentadas por los partidos de oposición ante el Consejo General de IEV, debido al acarreo de “turistas electorales” por parte del PRI, desde finales de febrero pasado se instruyó a todas las juntas distritales a no entregar las credenciales  tramitadas por ciudadanos presuntamente radicados en Veracruz.

Y refirió que con base en el primer reporte de los partidos políticos se revisó la documentación de 32 mil cambios de domicilio presentados por ciudadanos en diversos municipios, y luego de hacer la investigación de campo se detectó que 3 mil 55 registros no cumplieron con los requisitos para inscribirse en el padrón electoral.

Debido a esta situación, dijo, el RFE enviará a la entidad de origen las credenciales de elector tramitadas, a fin de salvaguardar los derechos políticos de esos ciudadanos y para que el Instituto Federal Electoral (IFE) determine si se procede jurídicamente contra ellos ante la FEPADE.

Asimismo, aseguró que luego de que concluyó la investigación de campo, el pasado lunes 29, los resultados fueron enviados a las oficinas centrales del RFE, donde los partidos políticos deberán hacer el reporte final a más tardar el 15 de abril próximo.

En su informe, el funcionario electoral destacó que los cambios de domicilio irregulares se registraron principalmente en los distritos de Veracruz urbano, con 825 casos, seguido por Coatzacoalcos, con 696; Cosoleacaque, 409; Tantoyuca, 336; Veracruz rural, 234; Jalapa urbano, 30; Jalapa rural, 26, y Orizaba, con 12 casos.

 


Publicado por solaripa69 @ 10:53
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