Jueves, 29 de abril de 2010

San Juan Copala: crónica de una represión anunciada

Francisco López Bárcenas

La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena. De acuerdo con la información preliminar que públicamente ha circulado, de la agresión resultaron dos personas muertas: la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, mientras más de una docena de activistas se encuentra en calidad de desaparecidos, sin que sus compañeros sepan si están muertos, heridos o escondidos en algún lugar, porque tomaron rumbo al monte para protegerse de las balas asesinas.

Tanta saña contra una caravana de personas indefensas se originó en el hecho de que los activistas intentaron romper el cerco tendido por los agresores sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por el hecho de querer ser autónomos, es decir, libres, es decir, ellos mismos.

La agresión estuvo anunciada, cantada, desde días antes que sucediera. Desde que las autoridades del municipio autónomo informaron que la caravana llegaría, la Ubisort dijo que no la dejaría entrar y que si llegaban no se responsabilizaban de lo que les sucediera. Y cumplieron su palabra con los lamentables resultados de personas inocentes muertas, heridas y desaparecidas. Pero hubo otros sucesos que también anunciaron la represión en la región triqui. El día 28 de noviembre del año pasado el mismo grupo impidió que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, llegaran al municipio autónomo, donde tenían planeado realizar la clausura de la campaña por la libertad de sus presos. En esa ocasión, muchos pensaron que había una alianza entre los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, los mandatarios más represivos del sexenio, para evitar que los dos movimientos de resistencia se unieran. La hipótesis no era tan descabellada, porque a partir de esa fecha la represión sobre el municipio autónomo aumentó, hasta llegar a donde ahora se encuentra.

Ese mismo día, en los diarios de la capital oaxaqueña se inició una fuerte campaña de desinformación, afirmando que el municipio autónomo había llegado a su fin. Para darle algún viso de veracidad a sus dichos, los integrantes de la Ubisort declararon agente municipal a Anastacio Juárez Hernández, hermano del líder de la organización. A pesar de que las autoridades municipales desmintieron una y otra vez esas versiones, la campaña continuó, mientras en la región triqui la sangre seguía corriendo. El día 29 de noviembre de 2009, las instalaciones del municipio recibieron la agresión más violenta desde su fundación, pero no sólo eso, también el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, el mismo lugar donde ahora se perpetró la agresión a la caravana de activistas, con la clara intención de tender un cerco sobre los habitantes del lugar.

Cuando consideraron que el municipio estaba aislado asestaron lo que tal vez pensaron era su golpe definitivo. El 10 de diciembre, fuertemente armados y acompañados por unas cuantas personas, desalojaron a las autoridades autónomas del municipio y montaron una guardia permanente en él. Así estuvieron hasta el 10 de marzo, día en que un grupo de mujeres y niños que respaldan al municipio y sus autoridades se hicieron del inmueble cuando los usurpadores aflojaron la vigilancia; como éstos ya no pudieron regresar, comenzaron a disparar sobre la comunidad, resultando herida la señora María Rosa Martínez, de 64 años de edad. La situación se puso de tal manera peligrosa que muchas familias abandonaron San Juan Copala y se fueron a refugiar a otros barrios o salieron de la región; también se suspendieron clases y hasta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cerró sus instalaciones. Sólo permaneció abierta la iglesia; los pobladores debieron moverse con cautela. Así estaban las cosas hasta el momento de la agresión a la caravana de observación de derechos humanos.

¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada de ayer en Oaxaca? Es una pregunta que, con mucha pertinencia, nuestro diario se hace. Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región. Otra, en los intereses económicos que transitan por ese rumbo. Habrá que escarbar ahí para ver qué luz arrojan. Por ahora, lo más importante es encontrar formas de proteger a la población de la brutal represión, a los originarios y a los de afuera; exigir que autoridades imparciales, auxiliadas por organismos que vigilen su trabajo, inicien una investigación que dé con los responsables y los lleve a juicio. Desgraciadamente, ni en la Federación ni en el estado de Oaxaca se tiene confianza en las instituciones encargadas por ley de esto; por eso tal vez haya que acudir a instancias internacionales. Por el bien de todos, no podemos permitir que esta represión quede impune.

De militares y derechos constitucionales

Octavio Rodríguez Araujo

El jueves pasado fui detenido por un retén militar. El soldado que habló conmigo fue amable y hasta sonriente. Me pidió que descendiera de mi automóvil porque tendría que hacer una revisión. Le hice notar que podía hacerla, pero que no era constitucional. Me recitó de memoria el artículo 89, fracción VI, de la Constitución: es facultad del Presidente de la República preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Le dije que sí, pero que antes estaba el artículo 16 del mismo texto constitucional. No había terminado de hablar cuando el soldado, haciendo alarde de su memoria, me recitó el inicio del 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Y entonces? El soldado se rió, añadiendo que él recibía órdenes de sus superiores y que estaba haciendo su trabajo. Me reí también y le dije que estaba bien, que revisara mi carro, bajo protesta, añadí entre dientes. Abrió la cajuelita de guantes y tomó en sus manos la cartera donde está el manual del vehículo, lo movió con un dedo y sonriendo me dijo, ya está revisado. Ahí quedó todo, me subí de nuevo al carro y continué mi camino.

Tal vez no me vio cara de narcotraficante, pero, a pesar de ser anticonstitucional lo que estaba haciendo ese grupo militar, no me ofendí, aunque tuve cuidado de no discutir ni enfrentar a los soldados, por aquello de que se les fuera la mano, se pusieran nerviosos y me acribillaran. También pensé que mientras era revisado mi vehículo (que no mi persona) podría haber pasado un grupo de facinerosos y so pretexto de dispararles a los militares me tocara a mí también. Ese pensamiento me alarmó porque a otros, igual de inocentes que yo, no les fue bien al estar en medio de un fuego cruzado. Igualmente pensé en el artículo 5, fracciones III y V de la Ley de Seguridad Nacional, que establecen que son amenazas a la seguridad nacional actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada o por obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, entendiendo que los retenes militares son de este tipo de operaciones. Si la Ley de Seguridad Nacional es anticonstitucional o no, y si se presta a varias interpretaciones, no es algo que se pueda discutir con un soldado armado en un puesto de control. Para ellos, oponerme a ser revisado, sería equivalente a impedirles actuar contra la delincuencia organizada.

Me vino a la memoria, asimismo, que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no menciona la participación del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea, ni siquiera como coadyuvantes de la Procuraduría General de la República y de sus policías judiciales. ¿Será que las fuerzas armadas sí pueden intervenir cuando está en riesgo la seguridad nacional y que tal riesgo es, al parecer en ciertos casos, provocado por el crimen organizado? ¿Y quién determina lo anterior, el titular del Ejecutivo solo o con el Congreso de la Unión?

El Senado ha aprobado reformas a la Ley de Seguridad Nacional y, según lo que leí, ante una crisis de seguridad nacional se cancela la posibilidad de establecer un estado de excepción o de suspender las garantías individuales. Si es cierto lo que he leído sobre dichas reformas, no cambian mucho las cosas, pues según parece (la página del Senado en la red no ha publicado las reformas), las fuerzas armadas podrán, igual que antes, intervenir en cualquier lado a petición de un gobernador o de un Congreso local, que podrán declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior. El Presidente de la República podrá hacer lo mismo. ¿Desaparecerán los retenes militares y las inspecciones de mi vehículo o mi persona? ¿No habrá presencia de tanquetas militares artilladas en las calles si la esposa de Calderón vuelve a visitar el DIF y la Cruz Roja de Morelos, en Cuernavaca, como ya ocurrió?

Al día siguiente, estando en Cuernavaca, mi celular no funcionaba; tampoco el correo electrónico de ese medio. A otros amigos les pasó lo mismo. El sábado entendí por qué. Leí en La Jornada Morelos que en Jiutepec se habían reunido Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Fernando Gómez Mont, Marco Adame, Francisco Saynez y Arturo Chávez. Cosa del primer mundo: los del gabinete de seguridad fueron al área conurbada de Cuernavaca y los celulares enmudecieron, algo que no pueden hacer eficientemente en las cárceles para evitar extorsiones. El 27 de abril leí en Reforma que durante hora y media Leonel González Castillo, preso en el Reclusorio Norte, utilizó su celular para extorsionar desde su celda a un regidor del estado de México, a pesar de que en ese penal, según la Subsecretaria del Sistema Penitenciario del DF, Celina Oseguera, el bloqueador de celulares está funcionando todos los días.

¿Los retenes policiacos o militares y el corte de señal en mi celular (ambas acciones contrarias a mis derechos individuales) ya no se repetirán con las reformas aprobadas por el Senado? Por lo pronto, según versión de diputados locales, de un senador de Morelos y de un representante de los empresarios reunidos en Jiutepec con el gabinete de seguridad nacional, se dijo que se justificaba la presencia de las fuerzas armadas mientras no se creara una policía estatal mejor preparada y en tanto policías estatales y municipales siguieran siendo cómplices del crimen organizado (La Jornada Morelos, 24/4/10). Así las cosas, tendremos militares y marinos en las calles largo rato. Me da cierta tranquilidad que (con las reformas) no procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, si acaso se cumple.

Astillero

Correcciones y cinismo

¿Castigo a autoridades?

FC: halcones buenos

Terror marca Ulises

Julio Hernández López

E

l sistema propone como paradigma de esperanza justiciera la corrección tardía y partidizada de una tropelía tan evidente y sostenida que habrá de quedar en anécdota cínica del desastre institucional si no es acompañada de castigo ejemplar a los policías, agentes del Ministerio Público, procuradores, jueces y demás autoridades que hubiesen participado en la farsa jurídica montada contra Alberta Alcántara y Teresa González, las mujeres de Santiago Mexquititlán que junto con Jacinta Francisco Marcial fueron condenadas a 21 años de prisión por el presunto secuestro de indefensos agentes federales en una fabulación de las que hoy mismo está lleno el país sin que alcancen las augustas preocupaciones de la Suprema Corte a remediar y menos a sancionar.

Y la justicia se hizo, pregona el viejo, corrupto y manipulado aparato de justicia que en sus cúpulas togadas acabó resolviendo en el sentido buscado con previo sentido de oportunidad por los constructores del PRI de 2012, el gobernador priísta del Querétaro devastado por la anterior administración blanquiazul, José Calzada, y el coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, quienes un mes atrás se habían presentado entre promovido alboroto mediático a la cárcel para entrevistarse con las mujeres bárbaramente sentenciadas.

De visita en Monterrey, Felipe Calderón no pudo escaparse de los reproches y críticas, a pesar de que habilitó encuentros con líderes en buena parte suavizados y que se mantuvo en ambientes políticos de temperatura controlada. Aceptó el beligerante panista que su estrategia de lucha contra el narcotráfico puede tener errores susceptibles de corrección, pero siempre y cuando se entienda y asuma que los combates han de seguir y las

consecuencias y daños colaterales continuarán. Felipe bajo acoso civil al que no quedó sino el recurso de la demagogia de las correcciones institucionales a destiempo y bajo sospecha: el asesinato de dos jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey está siendo rigurosamente investigado por las autoridades competentes, y en este caso por la PGR y, como nos comprometimos, los resultados serán dados a conocer a la sociedad una vez que terminen las investigaciones y sancionados, si fuera el caso, quienes resulten responsables.

Vaya celeridad justiciera: los crímenes se cometieron la madrugada del 19 de marzo y a pesar de los abundantes indicios de responsabilidades militares, el presuroso comandante en jefe no puede dar a conocer un solo dato nuevo y firme que apunte a cierta posibilidad de esclarecimiento y castigo. ¡Ah, también dijo el lic. Felipe que se deben investigar los nexos entre narcotraficantes y políticos y, de ser encontradas algunas evidencias, aplicar la ley con toda fuerza, caiga sido quien caiga sido! Luego se aventó la puntada de proponer a los ciudadanos que funjan como halcones del bien, denunciando a delincuentes, en sentido inverso a los informantes de los cárteles a quienes suele llamárseles con el nombre del ave rapaz diurna ahora invocada por el promotor de la mano dura en el país, el halcón (pero bueno) de Los Pinos.

En Oaxaca, mientras tanto, el arranque de las campañas electorales se tensa con el episodio de múltiples lecturas acontecido en San Juan Copala, donde una caravana civil de observadores fue atacada por un grupo presumiblemente asociado al PRI y al gobernador Ulises Ruiz que se ha especializado en el

uso de la sangre para proyectos políticos de sobrevivencia grupal. Aun cuando de entrada arroja en su contra los reflectores nacionales e internacionales, el nuevo asomo de violencia política mortal ayudará al ulisismo en peligro comicial a restablecer el clima de amenaza parapoliciaca que utilizó contra la APPO a partir de 2006, con escuadrones de la muerte que selectivamente fueron sembrando el terror que ahora necesita el PRI para imponer entre abstencionismo y mapachería armada al guardaespaldas Eviel Pérez Magaña. La muerte de cuando menos dos personas, y los heridos y

desaparecidos, constituyen un mensaje renovado del PRI-gobierno oaxaqueño de que todo puede suceder contra quienes se opongan a las líneas trazadas desde el poder, no sólo en materia de conflictos regionales sino, sobre todo, en el terreno electoral en el que Gabino Cué ha ido ganando terreno en la misma proporción en que el gobernador represivo aprieta el puño rojo.

Astillas

Alegremente, funcionarios y comisionistas presentaban ayer a inversionistas privados el pastel de los negocios que ahora se pueden hacer sin la presencia incómoda del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando un grupo de trabajadores, con Martín Esparza al frente, se presentaron en la Torre Mayor de la Ciudad de México para denunciar esa virtual subasta de bienes públicos. En el Zócalo, mientras tanto, ya eran 36 los huelguistas de hambre... ¿Y el caso de la niña Paulette? Igual que en otros expedientes de injusticias y manipulaciones evidentes: convenientemente adormilado el proceso, entre diligencias interminables y rumores adecuadamente filtrados (el más reciente: que la conclusión científica es que siempre sí fue accidental la muerte: colchón asesino). Ayer, las nanas y la madre debieron acudir a otra reconstrucción de hechos, mientras la copetocracia es mediáticamente perdonada (el escándalo que harían las televisoras si el asunto hubiese sido tratado por el gobierno capitalino la décima parte de mal que lo ha hecho la dupla Bazbaz-PeñaPeña)... Muy chistosito el comisario de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, al comentar que el cambio climático eliminará el problema que para Washington ha significado Cuba... Discursos van y vienen, pero en Ciudad Juárez continúan las ejecuciones, sobre todo de jóvenes... Y, mientras Amnistía Internacional confirma que México es candil de Arizona y oscuridad con los migrantes que pasan por la casa rumbo a Estados Unidos, ¡hasta mañana, con los asaltantes que pignoraron rehenes por patrulla!

 


Publicado por solaripa69 @ 10:06
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