Martes, 15 de junio de 2010

BID: seis cent?metros, diferencia entre ni?os ricos y pobres de M?xico y CA

La estatura se asocia tambi?n a un mayor nivel escolar y cognitivo, afirma Luis Alberto Moreno

Claudia Herrera Beltr?n

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Peri?dico La Jornada
Martes 15 de junio de 2010, p. 36

En Centroam?rica y M?xico la inequidad mide seis cent?metros: ?sa es la diferencia en el promedio de estatura entre ni?os de cinco a?os de edad que provienen de familias pobres y ricas, seg?n el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para contrarrestar esta desigualdad en la regi?n, Carlos Slim y Bill Gates, dos de los hombres m?s ricos del mundo, anunciaron que junto con el gobierno de Espa?a aportar?n en total 150 millones de d?lares a la Iniciativa de Salud Mesoam?rica 2015.

Reunidos en el Museo Nacional de Antropolog?a con el presidente Felipe Calder?n, los multimillonarios explicaron ayer que se asociaron por primera vez para financiar durante cinco a?os programas para disminuir la mortalidad materno-infantil, la desnutrici?n, la falta de vacunaci?n, as? como combatir la malaria y el dengue.

Con los fondos donados por el Instituto Carlos Slim y la fundaci?n Bill y Melinda Gates (50 millones de d?lares cada uno), la meta es atender a 20 por ciento de la poblaci?n m?s pobre que vive en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam?, as? como los estados del sur-sureste de M?xico, explic? Calder?n.

Todos forman parte del Proyecto Mesoam?rica, rebautizado por el gobierno de Felipe Calder?n para dar un giro a la iniciativa que promovi? su antecesor Vicente Fox con el nombre de Plan Puebla-Panam?.

Para ejemplificar la inequidad en la regi?n, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, expuso en la ceremonia que la diferencia entre ni?os ricos y pobres es de seis cent?metros de talla en la regi?n. A la edad de cinco a?os cada cent?metro adicional se asocia adem?s a un mayor nivel cognitivo y escolar, y eventualmente a la posibilidad de conseguir un buen trabajo o de lograr mejores ingresos.

En el transcurso de una vida esos seis cent?metros se pueden convertir en un abismo, afirm? al atribuir estas brechas sociales a desnutrici?n, ausencia de servicios b?sicos de salud materno-infantil, y de medicinas que eliminan par?sitos y protegen contra enfermedades que impiden el crecimiento normal.

El due?o de Tel?fonos de M?xico explic?que en Mesoam?rica viven m?s de 70 millones de habitantes, y de ellos un n?mero muy alto, sobre todo mujeres y ni?os ind?genas marginados, no reciben atenci?n prenatal ni m?dica en el parto. M?s de 20 por ciento de los infantes carecen de la vacunaci?n b?sica, padecen anemia, falta de vitamina A, y nacen con bajo peso por la desnutrici?n materna.

Fracasa postura de Zald?var en caso ABC; propon?a castigos a Molinar, Karam y Bours
Jorge Carrasco Araizaga

M?XICO, DF, 14 de junio (apro).- El ministro Arturo Zald?var fracas? en su intento de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN) estableciera ?responsabilidad ?tica y pol?tica? de los funcionarios implicados en el incendio de la guarder?a ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.

En el primer d?a de sesiones para analizar el dictamen que implica a 14 funcionarios federales, estatales y municipales en la tragedia, la mayor?a de ministros rechaz? la propuesta de Zald?var para hacer una interpretaci?n m?s amplia de la facultad investigadora que otorga el art?culo 97 de la Constituci?n.

El prop?sito del nuevo ministro, quien se sum? al pleno en diciembre pasado, era establecer responsabilidad pol?tica y ?tica de los funcionarios que tuvieron que ver en la muerte de 49 ni?os y lesiones a otros 104, el 5 de junio del a?o pasado.

Como principales implicados, mencion? al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular, Daniel Karam, y al exgobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours.

Una primera mayor?a de ministros, encabezada por el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se perfil? por aceptar que s? hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de las v?ctimas, por lo que se tienen que establecer responsabilidades jur?dicas de los implicados.

?No creo que seamos el ombudsman supremo con superioridad pol?tica y moral?, ya que nuestra autoridad s?lo es jurisdiccional, dijo el responsable del Poder Judicial.

"Estoy de acuerdo en que actuemos con energ?a, pero no sin respetar los principios jur?dicos que nos dimos para determinar el alcance de esta atribuci?n, en tanto no haya ley reglamentaria? de la facultad establecida en el 97 constitucional, agreg?.

Asegur?, en todo caso, que s? hubo violaci?n grave de derechos fundamentales.

Sin embargo, hubo quienes adelantaron que ser?a dif?cil individualizarlas. Fue el caso del ministro Sergio Valls Hern?ndez, quien fue subdirector y director jur?dico del IMSS entre 1993 y 1999.

La facultad de la Corte, se?al?, ?no debe pensarse como un medio de encontrar culpables y de ah? castigos?, sino como un instrumento constitucional cuya finalidad es investigar y se?alar violaciones graves a las garant?as individuales que como tales no deben volver a repetirse?.

Consider? que ?ni siquiera ser? posible individualizar a quienes hubieran tenido relaci?n directa con tales sucesos, sino que podr?a tratarse de una conjunci?n de diversos elementos que dieron lugar a las mismas y en los que deber? esta Corte as? se?alarlo para que el Estado, a trav?s de las instituciones correspondientes, tome las medidas para que no sucedan nunca m?s?.

Ante la contundencia que utiliz? para decir que ser? dif?cil el establecimiento de responsabilidades, aclar? que en la tragedia s? hubo violaciones graves y hay autoridades involucradas.

El ministro Sergio Aguirre Anguiano, uno de los principales opositores a esa facultad constitucional asignada a la Corte, tampoco pudo evitar referirse a la existencia de responsabilidades. Sin embargo, acot?: ?Todo apunta a responsabilidades imprudenciales?.

El primer d?a de discusi?n, que abarc? sesiones extraordinarias en la ma?ana y en la tarde, se dedic? a analizar el alcance del p?rrafo segundo del art?culo 97 de la Constituci?n, que le da a la Corte la facultad de investigar graves violaciones a las garant?as fundamentales.

Zald?var se qued? casi solo en su intento de buscar ?un nuevo par?metro? en la interpretaci?n de esa facultad. La mayor?a de ministros reivindic? las reglas que se autoimpusieron en 2007 para la investigaci?n de los hechos ocurridos en Oaxaca a mediados de 2006, durante la represi?n al movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Aguirre consider? ?reprobable? que la Corte haga ?censuras morales y (establezca) responsabilidades morales y ?ticas? A m? me parece fundamentalismo puro?.

La cr?tica la comparti? el ministro Jos? de Jes?s Gudi?o Pelayo, quien no s?lo pidi? la incorporaci?n del tercer peritaje hecho p?blico la semana pasada, en el que se concluye que el incendio fue provocado, sino que se hizo eco de la queja de Molinar Horcasitas, en el sentido de que su punto de vista no fue incluido por Zald?var en su dictamen.

Los ?nicos apoyos totales que tuvo el autor del dictamen fue el del ministro Juan Silva Meza y de la ministra Olga S?nchez Cordero, para quienes la tragedia de la guarder?a implica una ?falta de ?tica de las responsabilidades p?blicas?, por lo que es necesario ?incluir el control de los particulares que ejercen funciones de Estado?.

Silva Meza dijo que la facultad de investigaci?n de la Corte ?es una atribuci?n por la cual es posible efectuar el control de la actuaci?n pol?tica irregular de los servidores p?blicos, que redunda en una violaci?n grave a los derechos fundamentales? ante la extrema debilidad de la rendici?n de cuentas y la consecuente impunidad de dichos actos?.

Seg?n el ministro, en ejercicio de su facultad de investigaci?n, la Corte le puede pedir al presidente de la Rep?blica que separe de su cargo a los funcionarios involucrados en la grave violaci?n a las garant?as individuales, reconociendo que es facultad del Ejecutivo federal hacerlo o no. Esta ?ltima posici?n no fue le?da por el ministro en el pleno, pero s? est? en el texto que prepar? para su intervenci?n.

En ese texto, Silva Meza tambi?n destacaba: ?El titular del Ejecutivo est? obligado a colaborar con la Suprema Corte en la recuperaci?n de la regularidad constitucional? a trav?s de la procuraci?n de justicia.

Contrario a lo que opin? la mayor?a de ministros, entre ellos Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Luis Mar?a Aguilar, Silva Meza dijo que si bien una resoluci?n de la Corte en este caso ?no es ejecutable, s? es vinculante por ser un mecanismo de protecci?n de derechos fundamentales?.

Lo mismo consider? el ministro Jos? Ram?n Coss?o quien, sin embargo, aclar?: ?Si las autoridades nos hacen m?s o menos caso (en los resolutivos de las investigaciones) es otro tema?. Lo importante, advirti?, es que la Corte emite ?un pronunciamiento con base en elementos jur?dicos y no a partir de conjeturas morales?.

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"Falso y perverso", involucrarnos en el secuestro de Diego: EPR
Jos? Gil Olmos

M?XICO, D.F., 14 de junio (apro).-? A un mes del secuestro de Diego Fern?ndez de Cevallos, el Ej?rcito Popular Revolucionario (EPR) calific? de ?falsas? y ?perversas? las versiones que lo involucran con esa acci?n.

Censur? en particular al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad P?blica, Jos? Antonio Ortega S?nchez, quien en d?as pasados afirm? que fue el grupo guerrillero el que secuestr? al panista, con el prop?sito de intercambiarlo por a sus compa?eros desaparecidos desde 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz S?nchez.

En un comunicado, el EPR rechaz? categ?ricamente las afirmaciones de Antonio Ortega, quien se ha distinguido por sus posiciones ultraconservadoras frente al aborto, las uniones entre personas del mismo sexo y las adopciones de parejas gay.

En conferencia de prensa, el pasado viernes 4, Ortega dijo que el secuestro del excandidato presidencial era similar al del empresario Alfredo Harp Hel?, ocurrido en 1994, y asegur? que en ambos el responsable fue el EPR.

Ese mismo d?a confirm? que el general Mario Arturo Acosta Chaparro, herido cuatro d?as despu?s del secuestro del llamado Jefe Diego, estaba investigando el caso.

En respuesta, este lunes el EPR afirma:

?Desde los pasillos del poder y las diferentes oficinas de inteligencia policiaca y militar siguen filtrando la mentira de que nuestro partido y ej?rcito es quien se llev? al se?or Diego Fern?ndez de Cevallos, en supuesta venganza por la desaparici?n de nuestros compa?eros.

?Nada m?s falso y perverso entra?an estas filtraciones, que pretenden deslegitimar nuestra lucha y eludir la responsabilidad del gobierno y sus instituciones sobre el crimen de lesa humanidad que constituye la desaparici?n forzada por motivos pol?ticos?.

Y agrega que de manera ?temeraria y tendenciosa? Ortega afirma que ellos (el EPR) secuestraron al panista para recuperar a sus dos compa?eros, aunque est?n muertos, adem?s de que supuestamente exigen una indemnizaci?n millonaria.

En el texto, el grupo armado advierte que filtraciones como las de Ortega s?lo tienen el prop?sito de generar condiciones medi?ticas para justificar una represi?n contra los sectores inconformes de la sociedad y, al mismo tiempo, deslegitimar las causas y razones de la lucha revolucionaria.

?Si en dado caso la ?retenci?n? del Se?or Diego Fern?ndez lo hubiese hecho un grupo o una organizaci?n revolucionaria, en las demandas y exigencias prevalecer?a m?s el aspecto pol?tico que el econ?mico; pensamos que dentro de esas demandas estar?an la libertad sin excepci?n de todos los presos pol?ticos y la presentaci?n con vida de todos los detenidos desparecidos por motivos pol?ticos?.

Adem?s, indica que su deslinde es porque para su lucha la parte econ?mica no es importante, dado que el dinero no es su fin. Y se?ala que por experiencia propia y de otros grupos en el mundo, se ha visto que cuando el objetivo econ?mico desplaza los prop?sitos revolucionarios, se presenta un proceso de descomposici?n.

De acuerdo con los eperristas, el gobierno de Felipe Calder?n est? empe?ado en sofocar ?a sangre y fuego? cualquier manifestaci?n y para ello es asesorado por el exguerrillero salvadore?o Joaqu?n Villalobos, ?en un intento por contrarrestar la insurgencia revolucionaria en nuestro pa?s?.

Antes de concluir, insiste en la presentaci?n con vida de sus dos compa?eros desaparecidos desde mayo de 2007 porque, a?ade, ?la presentaci?n oficiosa de que nuestros compa?eros est?n muertos es inaceptable?.

J?venes, las principales v?ctimas de la violencia en Am?rica Latina: OEA

La delincuencia desplaz? al desempleo como el principal problema de la regi?n, advierte

Afp

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Peri?dico La Jornada
Martes 15 de junio de 2010, p. 37

San Salvador, 14 de junio. Los j?venes son las principales v?ctimas de la delincuencia en Latinoam?rica, donde se registran altos ?ndices de violencia y donde el n?mero de efectivos de la seguridad privada supera a los de la polic?a, seg?n un informe de la OEA presentado este lunes en San Salvador.

Los pa?ses de la regi?n presentan hoy algunos de los ?ndices de criminalidad m?s altos del mundo, y los j?venes es el grupo m?s afectado como v?ctimas y victimarios, seg?n el informe de la Organizaci?n de Estados Americanos (OEA).

El documento fue presentado por el relator de la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Pinheiro, y la representante para Centroam?rica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Carmen Villa.

Por primera vez en d?cadas, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupaci?n para la poblaci?n de los pa?ses de Am?rica Latina, donde las autoridades respectivas no han desarrollado un trabajo eficaz, indica el documento.

Los autores del informe advierten que las instituciones del Estado no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevenci?n y de represi?n leg?timas del crimen y la violencia.

La falta de atenci?n a las v?ctimas de la violencia y el delito, la privatizaci?n de los servicios de seguridad, la falta de profesionalismo y modernizaci?n de las fuerzas policiales, as? como la intervenci?n de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, son las mayores debilidades institucionales, seg?n la CIDH.

Elevada tasa de homicidios

En Am?rica, la tasa de homicidios alcanz? en los a?os recientes 25.6 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Europa la tasa es de 8.9 homicidios, en el Pac?fico Occidental 3.4, y en Asia Sur y Oriental 5.8.

No obstante, si el an?lisis se enfoca s?lo en los sectores de ingresos medios y bajos de la poblacion, la tasa promedio de homicidios en la regi?n se eleva a 27.5 por cada 100 mil habitantes, enfatiza la CIDH.

La lista la encabeza la regi?n del Caribe, con 30 homicidios, seguida por Sudam?rica con 26 y Am?rica Central con 22 casos por cada 100 mil habitantes.

Adem?s de la p?rdida de vidas humanas, la violencia le cuesta a estos pa?ses entre 2 y 15 por ciento del producto interno bruto, subraya el estudio.

Y lo que es peor: la CIDH observa serias dificultades de los Estados miembros para dar soluciones eficaces a los problemas de seguridad con enfoques desvinculados a los est?ndares internacionales en materia de derechos humanos.

El informe tambi?n critica la privatizaci?n de la seguridad ciudadana, que crece a mayor ritmo que la econom?a y alerta de que sus efectivos superan con creces las plazas que los Estados asignan a sus fuerzas policiales..

La falta de un registro legal de los agentes privados, seg?n la Comisi?n, favorece la inexistencia de control estatal de las actividades de las empresas privadas de seguridad, en ocasiones delictivas, al tiempo que facilita la comisi?n de abusos.

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Publicado por solaripa69 @ 10:36
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