Mi?rcoles, 04 de agosto de 2010

A?slan en Guanajuato a cuatro ind?genas recluidas por abortar

Autoridades del Cereso las obligaron a firmar un papel en el que rechazan entrevistas

Legisladoras se encadenan en demanda de que las j?venes sean excarceladas inmediatamente

Purgan sentencias superiores a 25 a?os de prisi?n

Documenta Naciones Unidas el atropello

Jaime Avil?s y Carlos Garc?a

Enviado y corresponsal

Peri?dico La Jornada
Mi?rcoles 4 de agosto de 2010, p. 36

Guanajuato, Gto., 3 de agosto. Esta ma?ana, mientras dos legisladoras se encadenaban frente a la Procuradur?a General de Justicia del estado para exigir la inmediata liberaci?n de seis mujeres que purgan sentencias de m?s de 25 a?os de c?rcel por haber sufrido abortos involuntarios, cuatro de ellas fueron incomunicadas dentro del penal de Puentecillas para evitar que hablaran con la prensa.

A escasas horas de la llegada a M?xico de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que viene a tomar nota del caso, las j?venes campesinas Mar?a Araceli Camargo Ju?rez y Susana Due?as fueron obligadas a firmar un machote seg?n el cual externan su deseo de no realizar entrevista (sic) con medio alguno.

Sin embargo, La Jornada ingres? al ?rea de locutorios de la prisi?n donde una de las reclusas revel? que sus compa?eras Yolanda Mart?nez Montoya y Ana Rosa Padr?n Alarc?n hab?an sido forzadas a suscribir un documento similar el pasado 29 de julio. En ese momento la entrevista fue cortada abruptamente por una celadora, quien se llev? a la interna con rapidez.

Para asombro de los reporteros, una vez concluida la conversaci?n con la joven ?que lleva casi una d?cada tras las rejas por haber expulsado de manera espont?nea un producto en gestaci?n y a?n deber? permanecer muchos a?os m?s en cautiverio?, la vocera de la Secretar?a de Seguridad P?blica estatal, Alicia Arias Mu?oz, les entreg? un machote ?del que tiene copia este diario?, que a la letra dice:

Lic. Jes?s No? Mosqueda Vaca, director del Centro Estatal de Readaptaci?n Social de Guanajuanto, Gto. Por medio del presente me permito informarle que no es mi deseo realizar entrevista con ning?n medio de comunicaci?n. Dicha decisi?n la tomo de manera libre (sic) y espero se me comprenda. Firman, por separado, Araceli Camargo Ju?rez y Susana Due?as. ?La fecha? Guanajuato, Gto., a 3 de agosto de 2010.

De acuerdo con el director del presidio, ambas redactaron la carta en el centro de c?mputo del Cereso. Estas cuatro mujeres, que por desnutrici?n, nula atenci?n ginecol?gica y otros factores relacionados con la miseria perdieron los productos que crec?an en sus entra?as, fueron denunciadas ante el Ministerio P?blico por los m?dicos que las atendieron en las ?reas de urgencia de hospitales p?blicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

Asimismo, fueron enga?adas por sus supuestas defensoras de oficio ?como la tenebrosamente c?lebre Mar?a Guadalupe Cruces Luna, quien asesor? a tres de las seis sentenciadas?, que despu?s de sacarles todo el dinero que pudieron terminaron por hundirlas ante los jueces.

Como en el estado de Guanajuato el aborto se castiga hasta con tres a?os de c?rcel y alcanza libertad bajo fianza, estas seis mujeres fueron acusadas de homicidio en raz?n de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestaci?n, delito que puede ser sancionado hasta con 35 a?os de encierro.

Araceli Camargo, por ejemplo, fue detenida en un hospital de San Miguel de Allende a la edad de 18 a?os, obligada a declarar bajo los efectos de la anestesia y sentenciada a 26 a?os de prisi?n, de los que lleva cumplidos casi nueve. Al igual que Susana Due?as, Yolanda Mart?nez, Ana Rosa Padr?n, Ofelia Segura Fr?as y Liliana Morales Moreno, no cuenta con abogados defensores ni muchos menos con recursos econ?micos para contratarlos.

Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato est?n sujetas a proceso de averiguaci?n previa ante la procuradur?a estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto. De ellas, 43 ya fueron consignadas por el Ministerio P?blico ante un juez. El caso, que hab?a permanecido hasta ahora al margen de la atenci?n medi?tica, empieza a sacudir a la opini?n p?blica y a provocar reacciones pol?ticas.

Esta ma?ana, dos diputadas perredistas, Leticia Quezada Contreras, del Congreso de la Uni?n, y Claudia Elena ?guila, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encadenaron frente a la oficina del procurador Carlos Zamarripa, en demanda de la inmediata liberaci?n de las reclusas.

Por su parte, el centro Las Libres, asociaci?n civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, prepara dos movilizaciones por la libertad de las presas en Puentecillas y Valle de Santiago. La primera protesta se efectuar? este jueves en la ciudad de M?xico, ante la oficina del gobierno de Guanajuato, sita en la calle de Arqu?mides n?mero 3, colonia Polanco.

Y pasado ma?ana, viernes, se reunir?n en la sede de Naciones Unidas, en avenida Presidente Mazarik, tambi?n en Polanco, con la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kuyng-wha Kang, quien visitar? nuestro pa?s en representaci?n de la sudafricana Navaneth (Navi) Pillay, titular del cargo. Las Libres conf?an en que, despu?s de conocer a fondo el caso de las mujeres de Guanajuato, el organismo mundial abogue ante el gobierno mexicano por la excarcelaci?n de las j?venes campesinas injustamente presas.

Oculta la Corte resolutivo sobre recorte a pensiones

Retira de su p?gina web el engrose de la jurisprudencia 2a/J.85/2010

Versiones de que el texto podr?a ser modificado por el ministro Valls

Gustavo Castillo Garc?a

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Peri?dico La Jornada
Mi?rcoles 4 de agosto de 2010, p. 2

La Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN) retir? de su p?gina web el engrose que contiene todos los puntos y definiciones relacionadas con la jurisprudencia 2a/J.85/2010, vinculada con la reducci?n del monto de pensiones en el sistema de jubilaci?n.

De manera inexplicable el m?ximo tribunal retir? el texto de la jurisprudencia que ha provocado controversia y cr?ticas a los integrantes del Poder Judicial de la Federaci?n. La direcci?n de comunicaci?n social de la Corte indic? que este mi?rcoles se dar? a conocer un pronunciamiento respecto de la resoluci?n por la cual se disminuye de 25 a 10 d?as de salario m?nimo vigente en el Distrito Federal el tope m?ximo para el pago de pensi?n a quienes se acojan a la legislaci?n vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Seg?n un comunicado de prensa de la Corte, con fecha 27 de julio, fue el 9 de junio cuando se aprob? la jurisprudencia; sin embargo, en la p?gina web de la instituci?n se menciona que el caso fue resuelto por el ministro Sergio Valls Hern?ndez en 15 d?as naturales, ya que ?l recibi? el caso el 11 de mayo y para el d?a 26 del mismo mes supuestamente el pleno de la segunda sala, integrada por cinco ministros, aprob? de manera un?nime el dictamen y se estableci? lo que se conoce como la jurisprudencia 85/2010.

Los datos que a?n pueden consultarse en la p?gina web de la Suprema Corte acerca de lo que inicialmente se conoci? como expediente 143/2010, se?alan: con fundamento en el art?culo 197-A de la Ley de Amparo se denuncia ante la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci?n la posible contradicci?n de tesis entre los criterios sostenidos por tribunales colegiados en materia del trabajo 12 y 13, del primer circuito.

El tribunal colegiado n?mero 13 decret?, dentro del juicio de amparo directo n?mero 50/2010, que ?? trat?ndose del pago de pensiones de invalidez, vejez, cesant?a en edad avanzada y muerte, es infundado considerar que si el salario promedio de las ?ltimas 250 semanas de cotizaci?n excede de diez veces el salario m?nimo general vigente en el Distrito Federal?, el IMSS pretendiera ajustar ese monto a dicha limitante, en t?rminos de lo dispuesto por el art?culo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social.

En cambio, el 12 tribunal colegiado en materia del trabajo estableci?, al resolver el juicio de amparo directo n?mero 482/2008, que conforme a lo dispuesto por el art?culo 33 de la anterior ley de la materia, el l?mite para establecer el pago de los seguros de vejez ser? el equivalente a diez veces el salario m?nimo general vigente en el Distrito Federal, cuando el salario promedio de las ?ltimas 250 semanas de cotizaci?n exceda de dicho importe.

De esta manera la decisi?n judicial se ha traducido en la norma que regir? a los tribunales a la hora de dictar sentencia cuando un trabajador promueva un juicio de amparo por no estar conforme cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social s?lo le pague como pensi?n 10 veces el salario m?nimo vigente en el Distrito Federal, a pesar de que durante su vida laboral cotiz? hasta 25 veces ese salario.

El pasado lunes, varios medios de comunicaci?n pudieron localizar en la p?gina web de la Corte el llamado engrose, que consiste en la redacci?n final de la sentencia emitida y en la que se precisan todos los t?rminos de la jurisprudencia.

Ayer, el documento ya no pudo ser localizado y la direcci?n de comunicaci?n social de la Corte no pudo explicar lo sucedido. En el m?ximo tribunal surgieron versiones de que el ministro Sergio Valls podr?a hacer modificaciones al documento anteriormente publicado en Internet y que pocas personas pudieron leer o imprimir.

El Congreso s? puede revertir el intento de despojo: Castro y Castro

Roberto Gardu?o

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Peri?dico La Jornada
Mi?rcoles 4 de agosto de 2010, p. 3

La jurisprudencia que dict? por contradicci?n de tesis la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN), que tasa las pensiones con un l?mite de 10 salarios m?nimos, es susceptible de ser?modificada siguiendo los pasos que se?ala el art?culo 194 de la Ley de Amparo; pero la forma m?s efectiva de retrotraer ese criterio consiste en que el Poder Legislativo reforme la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El doctor Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisi?n de Puntos Constitucionales de la C?mara de Diputados, expuso a La Jornada la condici?n jur?dica de la decisi?n adoptada por la SCJN.

Quiero defender al tribunal que tanto me ha honrado, de malas interpretaciones que llegan hasta la injuria sobre los prop?sitos y la ?tica de sus ministros. Todo ello es producto de una simple manera de contemplar las funciones de nuestros m?s altos jueces, atribuy?ndoles una indecorosa venta de votos o de conciencias.

La jurisprudencia firme de la segunda sala de la Suprema Corte no es la que se forma por reiteraci?n (en los t?rminos del art?culo 192 de la Ley de Amparo), la cual establece que por cinco ejecutorias en el mismo sentido y ninguna en contra, interrumpir?a autom?ticamente la jurisprudencia dictada en el pleno.

La que concierne a las pensiones del IMSS fue dictada por contradicci?n; es decir, la segunda sala conoci? la denuncia de tesis dictadas por tribunales colegiados de circuito, contradictorias entre s?, y la Corte simplemente seleccion? aquella que en su concepto se acercaba m?s a las intenciones de los legisladores que aprobaron las reformas a la Ley del IMSS.

Argument? que las sentencias en amparo, seg?n el art?culo 107 de la Constituci?n, fracci?n II, no tienen efectos de generalidad y s?lo obligan o benefician a quienes plantearon los amparos concretos. Eso no significa que la jurisprudencia de la Suprema Corte pierda importancia.

Sostuvo que la jurisprudencia firme puede ser modificada siguiendo los pasos que se?ala el art?culo 194 de la Ley de Amparo: la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener car?cter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos trat?ndose de la de un tribunal colegiado de circuito.

No obstante, Castro y Castro afirm? que existe otra forma de retrotraer los criterios de la Suprema Corte en el caso de las pensiones:

Simplemente que el Poder Legislativo reforme la ley que ha interpretado la Corte. No s? por qu? no se ha dado la importancia que tiene este hecho tan palmario. La Suprema Corte interpreta las repercusiones de una ley concreta que se le se?ala en la demanda de amparo. Si se cambiara o modificara la ley se podr?a cambiar el criterio jurisprudencial establecido para una ley que ya hubiere sido derogada y reformada; pero s?lo en esos casos.

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El art?culo 41 de la Constituci?n dispone que el pueblo ejerce su soberan?a por medio de los poderes de la Uni?n, y el 49 se?ala que el supremo poder de la Federaci?n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

?Es verdaderamente una perogrullada lo que le voy a recordar: el Legislativo dicta las leyes, el Ejecutivo las aplica y el Judicial examina, en justicia, si la aplicaci?n se ajusta o no a la ley dictada. Si el Legislativo hiciera la aplicaci?n y la interpretaci?n de ella, el Poder Legislativo estar?a invadiendo los otros dos poderes.

?Lo que en M?xico (y en ning?n otro pa?s en el mundo) no puede ?no debe? hacerse, es declarar que una ley es injusta. La justicia en las leyes es misi?n exclusiva del Poder Legislativo. Al elaborar un?proyecto de ley, ?ste debe ser ben?fico y justo a ?l; esa es la misi?n exclusiva del Poder Legislativo, creado por el estado de derecho precisamente para regular al pa?s mediante leyes ?tiles y justas.?

Injusticias, en el campo legislativo, no en el judicial

Al comentar el sistema de pensiones aprobado por el Congreso, el ministro Castro y Castro se?al? que ?ste dict? dos leyes sucesivas para regular las pensiones y dej? a empleados y trabajadores que eligieran cu?l sistema les conven?a: el derogado o el nuevo.

?Los conminados no son abogados ni expertos en derecho. Todos optan por decidir lo que hubiere resuelto su compadre, su amigo o su sindicato. Fue una injusticia palpable. Es verdad que los interesados manifestaron una opci?n pero, como se dice en M?xico, ?a la puntada?. A otros se les aplic? la que quiso resolver (por convenirle) el gobierno para aquellos que hubieren guardado silencio o ante una falta de acci?n.

En el caso de las llamadas afore as? ocurri?, cuando mediante otra autorizaci?n legal se entregaron los ahorros de los trabajadores a empresas privadas para propiciar el enriquecimiento de ellas. Todas estas injusticias ocurren en el campo legislativo y no en el judicial. ?ste s?lo cumple con la ley que le dict? aqu?l.

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Admite el gobierno: no vamos ganando la guerra
Daniel Liz?rraga

M?XICO, DF, 3 de agosto (apro).- En un ejercicio in?dito, el director del Centro de Investigaci?n y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Vald?s, admiti? que la guerra que el presidente Felipe Calder?n declar? al narcotr?fico lleva un saldo de 28 mil ejecutados, la mayor?a de ellos presuntamente vinculados a c?rteles de las drogas.

?No hemos logrado recuperar las condiciones de convivencia en las zonas dominadas por el crimen organizado, tenemos una violencia creciente como todo mundo lo sabemos?, reconoci? este integrante del gabinete de seguridad al participar en la segunda sesi?n del Di?logo por la Seguridad, organizado en el Campo Marte.

La cifra contrasta con la ofrecida por Arturo Ch?vez Ch?vez, titular de la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR), quien el 17 de junio pasado estim? que el n?mero de homicidios rondaba los 24 mil.

Guillermo Vald?s particip? como primer orador en la segunda sesi?n del Di?logo por la Seguridad organizado en el Campo Marte. Ante acad?micos, representantes de organizaciones no gubernamentales y algunos analistas, el director del centro de inteligencia del pa?s present? una serie de estad?sticas sobre la inseguridad p?blica.

Seg?n datos oficiales, en los poco m?s de tres a?os del gobierno de Calder?n se han generado unos 963 enfrentamientos en las calles, lo que significa un promedio de al menos uno diario.

Pese a ello, Vald?s consider? que la respuesta de las fuerzas de seguridad al crimen organizado no tiene precedente, toda vez que se les han decomisado 330 millones de pesos y 4.11 millones de d?lares en efectivo.

Aunado a lo anterior, dijo, se incautaron 34 mil 699 veh?culos, 157% m?s que en el periodo del gobierno anterior, y unas 84 mil armas con un incremento de 200% respecto a los logros del sexenio pasado.

?Ha habido detenciones importantes de todos los c?rteles, casi 20 mil gentes del c?rtel del Golfo-Zetas; 18 mil del Pacifico; 12 mil de Ju?rez, y 9 mil de los Beltr?n Leyva.

?Las 84 mil armas decomisadas equivalen a ocho veces lo que se le ha incautado a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)?, ejemplific? Guillermo Vald?s.

???????? Sin embargo, a los investigadores, acad?micos y periodistas presentes, la explicaci?n del titular del Cisen les pareci? insuficiente, toda vez que en materia de informaci?n y transparencia la batalla contra la delincuencia organizada ya se perdi?.

Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, advirti? que existe una debilidad estructural y una escasa calidad en la informaci?n del combate que las autoridades libarn contra la delincuencia.

?La informaci?n debe estar al alcance de todos, sobre los delitos que ocurren, d?nde y qu? se est? haciendo, que los estados tengan la voluntad pol?tica para disponer de informaci?n?, sugiri?.

Por su parte el analista e historiador H?ctor Aguilar Cam?n provoc? que a Calder?n se le descompusiera el rostro, cuando sostuvo que el gobierno federal es incapaz de ?disparar informaci?n siquiera en defensa propia?.

En el Casino Militar, ubicado dentro del Campo Marte, el autor de Morir en el Golfo acus?: ?Desde el punto de vista de la informaci?n, ustedes las autoridades nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de d?nde vienen los tiros (?) La guerra est? perdida en el ?mbito de la informaci?n y la opini?n p?blica?.

Y luego ejemplific? con la reciente muerte del capo Ignacio Nacho Coronel en Jalisco, caso en el que ?denunci? Aguilar Cam?n-- el gobierno de Calder?n ha sido incapaz de explicar su alcance y significado o aclarar c?mo es que dieron con el paradero de este personaje.

?Y ah? es donde digo que no disparan en materia de informaci?n ni en defensa propia. Perder la guerra en la opini?n p?blica es tambi?n perder credibilidad del gobierno en otros ?mbitos, no s?lo en materia de seguridad?, acot?.

?Uno no entiende ?apunt?-- por qu? se reservan esa informaci?n, por qu? no tienen una estrategia puntual para estar informando al p?blico de las cosas que conocen; no me refiero a los temas que afecten la confidencialidad de las estrategias, sino de informaci?n p?blica, continua y sistem?tica?.

Al respecto, otros de los acad?micos, entre ellos Arturo Arango, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad; Sergio L?pez Ayll?n y Mauricio Merino, del Centro de Investigaci?n y Docencia Econ?micas (CIDE), as? como Eduardo Guerrero, de Latina Consultores, protestaron en?rgicamente por la postura del gobierno en cerrar la informaci?n estad?stica que sirve para analizar qu? est? pasando en M?xico.

Eduardo Guerrero dijo incluso que, con esa actitud, el gobierno de Calder?n se ha empe?ado en privilegiar una estrategia de combate, de presencia del Ej?rcito en las calles y de atrapar delincuentes por encima de procurar al mismo tiempo bienestar social.

Fue entonces cuando Calder?n intervino para pedirle que pusiera ejemplos concretos de otros pa?ses que hayan logrado abatir a la delincuencia organizada sin causar ?da?os colaterales?.

El especialista coment? que esto es como un juego de billar en el cual se sabe que cuando una bola entra en la buchaca, se mover?n las dem?s colocadas en ese pa?o verde.

O sea, que cuando se detiene a alguien hay que medir las consecuencias que se vendr?n encima, a fin de prevenirlas.

?Pero bueno, estamos claros que primero hay que meter las bolas?, respondi? Calder?n con una sonrisa ir?nica para luego comentar que su gobierno ha tenido errores en la estrategia de comunicar lo que pasa.

Sin embargo, afirm? no hay una actitud de ocultar informaci?n para mantener a la sociedad al margen de las operaciones militares.

No obstante, el investigador Mauricio Merino se?al? que s? hay una intenci?n de hacer del gobierno una ?caja negra?, y se?al? directamente a la PGR como la responsable de intentar frenar y hostigar al Instituto Federal de Acceso a la Informaci?n (IFAI).

Adem?s, agreg?, no puede descartarse que esa actitud de cerraz?n pueda estar motivada en fines pol?ticos.

En un intento por recomponer las cosas, Calder?n ofreci? a sus invitados especiales una nueva reuni?n en la que mostrar?n una base datos completa sobre homicidios, regiones en que se cometen, perfil de los delincuentes y condiciones econ?micas de los sicarios antes de ser reclutados.

Al final de la reuni?n, Apro pidi? al director del Cisen, Guillermo Vald?s, una copia del documento desclasificado, toda vez que era ilegible para quienes no se encontraran cerca de las pantallas de televisi?n.

Sin embargo, el funcionario federal dijo que no pod?a atender la petici?n, pues ?el presidente pidi? (el documento), ya que deb?a hacer correcciones?.

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Publicado por solaripa69 @ 9:51
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