Mi?rcoles, 11 de agosto de 2010

Enfrentan rar?muris presi?n de autoridades

Pol?ticos se apoderaron de territorios ind?genas para hacer aeropuerto de Creel

Miroslava Breach Velducea

Corresponsal

Peri?dico La Jornada
Mi?rcoles 11 de agosto de 2010, p. 32

Chihuahua, Chih., 10 de agosto. El senador panista Ram?n Galindo Noriega; el dirigente de la Confederaci?n Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la entidad, Omar Baz?n Flores, y el diputado local Ricardo Orbiz Blake, entre otros pol?ticos, as? como empresarios locales, se apropiaron de grandes extensiones de tierra en una zona del municipio de Creel ocupada por ind?genas rar?muris, donde se pretende construir un aeropuerto, asegur? el gobernador ind?gena de Mongotavo, San Miguel Cruz Moreno.

Los compradores tambi?n pretenden edificar desarrollos tur?sticos, a?adieron autoridades tradicionales de cuatro comunidades asentadas en la zona de la Barranca del Cobre.

En conferencia de prensa, San Miguel Cruz inform? que 154 hect?reas propiedad de Mongotavo fueron adquiridas con artima?as jur?dicas por cinco personas, entre ellas Baz?n Flores, ex diputado federal y dirigente de la CNOP en Chihuahua.

Tambi?n mencion? a Ricardo Valles Alvelais, hermano del secretario de Turismo estatal, H?ctor Valles; a Ricardo Orbiz, as? como a los empresarios Agust?n L?pez Dumas y Jes?s Alberto Cano V?lez. Cruz Moreno sostuvo que estas personas buscan desalojar a ind?genas de predios donde han vivido por generaciones.

El predio Mesa de la Barranca presuntamente fue adquirido por la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte, que, seg?n San Miguel Cruz, presiona a familias rar?muris para que abandonen sus viviendas, pues pretende construir un hotel.

Fausto Salgado, representante legal de los ind?genas, tramit? un amparo ante el juzgado segundo de distrito para impedir el desalojo, desplazamiento o reubicaci?n de las viviendas de las familias rar?muris.

La autoridad ind?gena a?adi? que se les ha ocultado la informaci?n sobre los pormenores del proyecto Barrancas del Cobre; en cambio, autoridades de Turismo de Chihuahua y empleados de los empresarios citados hostigan a los ind?genas de Mongotavo para que firmen un documento con el cual autorizar?an la demolici?n del albergue y la escuela Rebeli?n de la Tarahumara, donde estudian, duermen y reciben alimentos 100 ni?os de 14 poblados de la regi?n.

Indic? que autoridades de Turismo les ofrecieron reubicarlos en peque?as casas de ladrillo construidas en otra zona.No lo aceptamos. Nosotros tenemos en nuestro territorio casas de troncos y parcelas para sembrar ma?z y frijol. All? no podr?amos sembrar, dijo Cruz Moreno.

En otro punto de la cresta de la Barranca del Cobre, en la comunidad Bacaj?pare, el senador panista Ram?n Galindo intenta construir un hotel en un predio que adquiri? hace tres a?os al ejido San Alonso, por lo que enfrenta un juicio ante tribunales agrarios.

Calder?n se dice dispuesto a corregir su lucha antinarco

Pide a partidos un acuerdo para elaborar planes

Fabiola Mart?nez y Alma Mu?oz

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Peri?dico La Jornada
Mi?rcoles 11 de agosto de 2010, p. 2

El presidente Felipe Calder?n se mostr? dispuesto a corregir la estrategia de seguridad p?blica si as? lo definiera un acuerdo con las fuerzas pol?ticas.

Sin embargo, pidi? a los partidos asumir compromisos porque el pa?s no podr? revertir la escalada de violencia si persisten la descoordinaci?n y las acusaciones mutuas por razones electorales.

Yo estoy de acuerdo en que se cuestione la estrategia y, entonces, estoy dispuesto a analizar y recibir propuestas para cambiar o mejorarla, dijo.

Durante la quinta sesi?n del di?logo por la seguridad, solicit? a los dirigentes de partidos pol?ticos ideas claras y propuestas precisas para modificar la ruta que ha seguido su gobierno, bajo el reconocimiento de que ?sta ha sido cuestionada. Es momento oportuno, dijo, de se?alar sincera y abiertamente si ha sido un error combatir la criminalidad.

Puntualiz? que el pa?s enfrenta un cambio de modelo criminal que quiz? ya no cabe y no resisten los viejos esquemas institucionales. En ese sentido opin? que no llegar?n a ning?n lado si la Federaci?n usa toda su energ?a para culpar a los estados y viceversa.

Si alguien considera que el error del gobierno ha sido combatir la criminalidad, tambi?n es el momento oportuno para que lo diga abierta y sinceramente, y comparta con la sociedad las razones por las cuales considera que esta premisa fundacional del estado de derecho ha dejado de tener vigencia, dijo.

Ante los dirigentes partidistas (s?lo el Partido del Trabajo rechaz? la invitaci?n de Los Pinos) reconoci? que frente al narcotr?fico el tal?n de Aquiles de M?xico es la debilidad institucional, pero asever? que la soluci?n a este problema no es un asunto s?lo del Presidente de la Rep?blica o del c?lculo de vencedores y vencidos, sino un verdadero desaf?o nacional que obliga a trascender las diferencias pol?ticas.

Al hacer un balance de su gobierno ante la problem?tica del narcotr?fico, asever? que el aumento de la violencia no es el indicador m?s adecuado para valorar si la estrategia avanza o retrocede o de que la guerra o la batalla se gana o se pierde, porque estos hechos y el grado de crueldad en los homicidios lo que refleja es el nivel de la disputa de los c?rteles de la droga.

Dijo que pese a los actos ?cobardes, ejecuciones o emboscadas? a autoridades del Ej?rcito y de la Polic?a Federal, la verdad es que la gran mayor?a de los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los criminales han sido ganadas por las fuerzas federales, quiz? en proporci?n de 8 a 1 o m?s.

Indefectiblemente, la victoria, digamos de este enfrentamiento corresponde al gobierno. De tal manera que no es dable hablar de que esta guerra o esa batalla se va perdiendo, coment?. De igual forma, se?al? que la situaci?n de nuestro pa?s no es equiparable con la de Colombia, donde hay 38 homicidios por cada 100 mil habitantes y en M?xico ese indicador se ubica en 13.

El presidente Calder?n pidi? a sus interlocutores propuestas concretas, principalmente en estrategias operativas. En este punto inform? que dio instrucciones al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para que dise?e una nueva pol?tica contra el lavado de dinero. Reiter? la tesis de unificar las polic?as estatales y, en el ?mbito social, trabajar para eliminar la correlaci?n entre dificultades econ?micas y criminalidad.

En respuesta al se?alamiento de la dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, acerca de la funci?n legal de las fuerzas armadas, el mandatario asever? que la poblaci?n apoya la presencia de los militares en los operativos conjuntos. Acerca de la legalizaci?n de las drogas, reiter? que no est? de acuerdo con esa posibilidad, aunque acepta que es necesario el debate.

En su opini?n, si bien existe la previsi?n de que la legalizaci?n podr?a presionar a la baja el precio de los estupefacientes, tambi?n es cierto que ello repercutir?a en un mayor consumo entre los j?venes, la poblaci?n m?s vulnerable y, entonces, sostuvo, M?xico pagar?a todos los inconvenientes.

Ante la multiplicaci?n de hechos violentos relacionados con la delincuencia organizada, el Presidente convoc? a una ronda de encuentros con diversos sectores de la vida pol?tica y social; primero se reuni? con organizaciones civiles y empresarios, luego con acad?micos, asociaciones religiosas y directivos de medios de comunicaci?n y ayer con dirigentes de partidos pol?ticos, ante quienes insisti? que la alternativa ante el desaf?o delincuencial es el compromiso com?n.

Les explic? la forma en que el narcotr?fico pas? de ser un negocio de bajo perfil en los a?os 90 del siglo pasado (con ingreso per c?pita promedio de 3 mil d?lares al a?o) a m?s de 10 mil d?lares en 2008; les habl? de c?mo se convirti? en una actividad que avanz? en el control de los pueblos y ciudades, con el correspondiente debilitamiento de la autoridad y el crecimiento de la extorsi?n, los secuestros y los homicidios.

Acompa?ado de integrantes del gabinete de seguridad, Calder?n insisti? en que la pol?tica de Estado debe desprenderse de un acuerdo de las fuerzas pol?ticas, de los tres poderes de la Uni?n y los tres ?rdenes de gobierno, no para respaldar al Presidente ni a su partido, sino para promover un M?xico de leyes.

Por la noche, Calder?n difundi? en Twitter: en suma, la estrategia (contra el crimen organizado) avanza. Incluso en la contenci?n territorial de los m?s violentos a trav?s de las fuerzas armadas. Del universo de fallecimientos distintos a enfrentamientos, de los casos donde se conoce la causa, 90 por ciento son personas vinculadas al crimen.

S?lo la Corte o el gobernador pueden liberar a seis guanajuatenses que abortaron: magistrado

El tribunal superior del estado ya confirm? las condenas; ?nicamente queda el amparo o el indulto

Carlos Garc?a y Jaime Avil?s

Corresponsal y enviado

Peri?dico La Jornada
Mi?rcoles 11 de agosto de 2010, p. 41

Guanajuato, Gto., 10 de agosto. El Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato tiene que analizar los expedientes de las seis mujeres que est?n purgando penas por homicidio en raz?n de parentesco, sostuvo hoy aqu? el magistrado Miguel Valadez Reyes, quien en junio anul? la condena de 27 a?os de prisi?n dictada contra Alma Yareli Salazar Salda?a por el mismo supuesto delito.

En los casos de las seis j?venes que permanecen tras las rejas, Valadez Reyes observ? constantes que se repiten, como miseria, ignorancia y el hecho de que todas abortaron en zonas rurales de los municipios de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende; advirti? que s?lo podr?n recobrar su libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n les otorga un amparo o el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ram?rez, las indulta.

El magistrado consider? que se hubiera cometido una injusticia del m?s alto nivel si no se hubiera absuelto a Alma Yareli de la pena de 27 a?os de c?rcel que le impuso un juez de primera instancia, de los cuales ya hab?a cumplido tres cuando el Supremo Tribunal de Justicia la declar? inocente, luego de probar cient?ficamente que el producto que expuls? en forma involuntaria presentaba un desarrollo cerebral m?nimo, que le caus? la muerte.

Para Valadez Reyes, ex procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, el papel de la defensa en una segunda instancia es fundamental, porque sus puntos de vista orientan al juzgador para absolver o ratificar la sentencia. Nosotros, con los alegatos, con los argumentos que se hacen valer, necesariamente debemos ver si el defensor est? se?alando tal cosa, est? argumentando tal otra; entonces, si yo iba a llegar a una conclusi?n, con mayor raz?n tengo que llegar a ella, en vista de los argumentos que me presentan.

Al analizar las supuestas pruebas cient?ficas aportadas por el Ministerio P?blico, que resultaron dogm?ticas y por ello irrelevantes, el tambi?n ex procurador de Justicia no encontr? elementos que demostraran que Alma Yareli asesin? al producto que expuls? de su cuerpo.

En la revisi?n de su sentencia ante el Tribunal Superior ?continu?, la acusada tuvo una defensora que dio un pliego de argumentaciones serio, extenso y s?lido. La apreciaci?n de que Alma Yareli Salazar era asesina, y en la cual el juez de primera instancia se bas? para condenarla a 27 a?os de prisi?n, se vino abajo cuando nuevos estudios periciales nos llevaron a concluir que la madre no priv? de la vida al hijo, explic? el magistrado de la d?cima sala penal.

En cuanto a los casos de Araceli Camargo, Ofelia Fr?as, Susana Due?as, Ana Rosa Padr?n, Yolanda Mart?nez y Liliana Moreno, el jurista consider? que la pobreza, la marginaci?n, la ignorancia, la falta de estudios y el hecho de que todas viv?an en comunidades rurales de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, son factores que deben ser motivo para que el Supremo Tribunal de Justicia analice sus expedientes, pues no descart? la posibilidad de que ellas tambi?n sean v?ctimas de injusticias como la que se estaba cometiendo contra Alma Yareli.

Si las mujeres que en Guanajuato padecen pobreza, ignorancia y marginaci?n tuvieran acceso a educaci?n, informaci?n sexual y al desarrollo no se ver?an en situaciones como las que ahora est?n en debate p?blico, que adem?s deber?an ser atenuantes a la hora de dictarles una sentencia, dijo.

El magistrado record? que el Tribubal Superior ya confirm? las condenas de las seis campesinas prisioneras, b?sicamente porque todas ellas fueron representadas por defensores que no pudieron revertir sus sentencias, por lo que se?al? que ahora s?lo pueden liberarlas la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n, por la v?a del amparo, o el gobernador (Juan Manuel Oliva Ram?rez), si las indulta.

Por su parte, Raquel Barajas Monjar?s, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia estatal, y los magistrados Alfonso Fragoso e Imelda Carbajal ?quienes ratificaron las sentencias de las seis mujeres? defendieron en conferencia de prensa el trabajo que realizaron, porque, a su modo de ver, qued? demostrado que las acusadas asesinaron a sus hijos reci?n nacidos.

En los casos de homicidio en raz?n de parentesco, que dieron lugar a sentencias condenatorias, la resoluci?n del juez se sustent? en ex?menes periciales que probaron que la v?ctima naci? y vivi? fuera del seno materno, y que su muerte se produjo como consecuencia de la conducta de su progenitora, asever? Barajas Monjar?s, pasando por alto que eso mismo se hab?a dicho de Alma Yareli, hasta que una buena abogada defensora demostr? que las conclusiones de los peritos en medicina forense eran irrelevantes, porque se basaron en criterios dogm?ticos.

Demanda la CNDH sancionar a m?dicos del ISSSTE por la muerte de un paciente
Gloria Leticia D?az

MEXICO, D.F., 10 de agosto (apro).- La Comisi?n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunci? que presentar? una denuncia penal ante la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR) en contra de personal m?dico que provoc? la muerte de un paciente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dependencia que deber? indemnizar a la familia de la v?ctima.?
De acuerdo con la recomendaci?n 44/2010 dirigida a Jes?s Villalobos L?pez, encargado de despacho del ISSSTE --sustituy? a Miguel ?ngel Yunes, excandidato del PAN al gobierno de Veracruz--, la CNDH inform? que interpondr? una queja ante el ?rgano de control interno de la PGR para que sea sancionado el personal m?dico responsable de los hechos.
Seg?n el documento, firmado por el presidente de la CNDH, Ra?l Plascencia Villanueva, el 25 de septiembre de 2005 la esposa de un derechohabiente del ISSSTE present? una queja ante el organismo p?blico denunciando que su marido falleci? despu?s de que fue intervenido quir?rgicamente en 15 ocasiones.
El paciente ingres? al hospital general ?Dar?o Fern?ndez Fierro? el 26 de noviembre de 2008 con un diagn?stico de c?lculos en la ves?cula biliar. Sin embargo, el ?rgano se le extirp? inadecuadamente, por lo que tuvo complicaciones posteriores que derivaron en m?s intervenciones.
El derechohabiente, de 49 a?os, falleci? el 15 de marzo de 2009 a consecuencia de un ?choque s?ptico, acidosis metab?lica y neumon?a, postoperatorios de la colecistectom?a (extracci?n de la ves?cula)?, se?ala el documento.
La esposa de la v?ctima recurri? a la CNDH al considerar que el personal m?dico del ISSSTE que atendi? a su marido viol? sus ?derechos a la protecci?n a la salud y a la vida?. Adem?s, dijo que no hubo colaboraci?n de ese instituto para proporcionarle copias del expediente cl?nico? de la v?ctima.
La CNDH instruy? al encargado de despacho de la instituci?n a que entregue el expediente.
En el an?lisis del caso, la CNDH concluy? que ?los servidores p?blicos del ISSSTE no brindaron la atenci?n m?dica adecuada requerida? por la v?ctima, violando disposiciones constitucionales, normas oficiales mexicanas en materia de salud y preceptos internacionales de derechos humanos.
La CNDH, se?ala el documento, en apego a sus facultades anunci? la presentaci?n de una queja ante el ?rgano de control interno del ISSTE, ?a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigaci?n correspondiente, as? como la denuncia de hechos ante el agente del Ministerio P?blico de la Federaci?n en contra de los m?dicos que intervinieron en los hechos que se consigna en este caso?.
Al encargado de despacho, el ombudsman Ra?l Plascencia recomend? indemnizar a los familiares de la v?ctima por ?la responsabilidad institucional en que incurrieron los m?dicos del ISSSTE?; dise?ar programas de capacitaci?n integral en el manejo de las normas oficiales para m?dicos y enfermeras, ?garantizando que se apliquen los protocolos de intervenci?n precisos?.
Plascencia tambi?n pidi? la colaboraci?n del sustituto de Miguel ?ngel Yunes para que colabore con la CNDH en la interposici?n de la queja ante el ?rgano de control interno y de la denuncia penal ante la PGR por ser los responsables de la muerte del derechohabiente servidores p?blicos federales.

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Publicado por solaripa69 @ 9:55
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