Jueves, 12 de agosto de 2010

Casi 15 millones de j?venes en pobreza multidimensional: Coneval
La redacci?n

M?XICO, D. F., 11 de agosto (apro).- En v?speras del D?a Internacional de la Juventud, el Consejo Nacional de Evaluaci?n de la Pol?tica de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que 14.9 millones de j?venes mexicanos se encontraban en pobreza multidimensional en 2008.?
Con base en la metodolog?a oficial para la medici?n multidimensional de la pobreza en el pa?s, el Coneval estima que de los 14.9 millones de hombres y mujeres j?venes, que representaban el 14.0% de la poblaci?n total, 3.3 millones se encontraban en pobreza multidimensional extrema.
En el mismo a?o, 12.1 millones de j?venes eran vulnerables por carencias sociales, 1.5 millones por ingreso, y 6.2 millones no eran considerados pobres multidimensionales ni vulnerables por ingreso o carencias sociales.
En 2008, los j?venes que se encontraban en pobreza multidimensional ten?an en promedio 1.9 carencias sociales. La clasificaci?n de carencias sociales del total de j?venes fue la siguiente: 18.1% ten?a rezago educativo; 44.7% no contaba con acceso a los servicios de salud; 68.0% no ten?a acceso a la seguridad social; 18.1% presentaba carencia en calidad y espacios de vivienda; 19.1% no ten?a acceso a los servicios b?sicos en la vivienda, y 22.0% carec?a de acceso a la alimentaci?n.
Las entidades federativas que concentraban en 2008 el mayor porcentaje de j?venes en condici?n de pobreza multidimensional eran Chiapas, con 75.8%; Guerrero, con 67.4%; Puebla, 61.6%, y Oaxaca, 61.2%.
De acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial de la Federaci?n el 6 de enero de 1999, se considera joven a toda persona cuya edad comprende entre los 12 y los 29 a?os de edad.
El Coneval public? la metodolog?a oficial para la medici?n multidimensional de la pobreza en M?xico en diciembre de 2009.
Para realizar sus estimaciones utiliz? la informaci?n del M?dulo de Condiciones Socioecon?micas 2008 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que difunde el Instituto Nacional de Estad?stica y Geograf?a.
La informaci?n que genera en materia de evaluaci?n de pol?ticas y de programas de desarrollo social, as? como de medici?n de pobreza, est? disponible en la p?gina de Internet www.coneval.gob.mx, para consulta de cualquier persona interesada.

Llega al Congreso solicitud de juicio pol?tico contra Molinar, Karam y Bours
Gloria Leticia D?az

M?XICO, D.F., 11 de agosto (apro).- En busca de la justicia negada hasta ahora por el gobierno de Felipe Calder?n, padres de los beb?s fallecidos en la guarder?a ABC, de Hermosillo, Sonora, solicitaron juicio pol?tico contra el exgobernador de esa entidad Eduardo Bours Castelo; del director de Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, y el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) extitular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas.
La solicitud fue presentada en el Congreso de la Uni?n por Jos? Francisco Garc?a Quintana, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, y hace extensiva la petici?n de enjuiciar pol?ticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN) Sergio Valls y Fernando Franco, quienes como exfuncionarios del IMSS no se exculparon de participar en el an?lisis del caso de violaci?n de garant?as en el que finalmente se exculp? a los funcionarios federales y al exgobernador.
De acuerdo con las demandas de juicio pol?tico, el exgobernador, as? como el director y el exdirector del IMSS, violaron el art?culo 109 constitucional al no actuar de forma diligente como funcionarios p?blicos. El resultado: de 49 menores muertos y 80 lesionados.
Por no conducirse como se debe, se?ala la demanda, los servidores p?blicos en servicios deben ser destituidos y todos deben ser puestos a disposici?n del Ministerio P?blico y ser inhabilitados por al menos 20 a?os.
En conferencia de prensa, Abraham Fraijo y Roberto Zavala manifestaron que continuar?n su lucha en busca de justicia; y expresaron su indignaci?n porque el gobierno de Felipe Calder?n ha tratado de acallar su reclamo con apoyos econ?micos, as? como descuentos de servicios de energ?a el?ctrica e Infonavit.
?A m? no me sirven ni madres los apoyos de Calder?n si ya no tengo a mi hija, ?de qu? fregados me sirven sus apoyos si ya no tengo familia? Lo que quiero es justicia, lo ?nico que quiero es que los funcionarios responsables est?n en la c?rcel?, tron? Abraham Fraijo, quien emplaz? a los diputados federales a ?quitarse las camisetas de sus partidos y a demostrar de qu? est?n hechos?.
Zavala, por su parte, resalt? que desde que ocurri? la tragedia en la guarder?a ABC los gobiernos federal y estatal emprendieron una estrategia para dividir a los padres de familia, ?marcar? a los que exigen justicia como ?revoltosos, extremistas y rebeldes?.
Ambos padres de familia exigieron a los legisladores analizar con cuidado su solicitud de juicio pol?tico sin m?s inter?s que el de hacer justicia.
Zavala y Freijo recordaron que por lo menos durante 24 horas el gobierno de Bours Castelo ocult? la verdad sobre la tragedia del incendio de la guarder?a ABC, y que a pesar de que los ni?os fallecidos estaban plenamente identificados desde un principio, se les hizo dar vueltas por diferentes hospitales para no admitir, desde un principio, que hab?an fallecido 49 infantes.
?Cuando en los medios la Procuradur?a de Justicia del estado hablaba de 12 muertes, yo ya hab?a visto por lo menos 30 cuerpecitos sin vida tratando de identificar a mi Emilia, quien todav?a llevaba puesta su ropa con su nombre completo cuando la encontr?; eso significa que las autoridades de Sonora, desde el principio, supieron que mi ni?a estaba muerta y para no reconocerlo me hicieron dar vueltas por todos lados?, narr? Abraham Freijo.
Zavala y Freijo advirtieron que acudir?n a instancias internacionales en busca de justicia; por lo pronto, solicitaron a la ONU y a la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cada instancia designe un relator especial para el caso. Adem?s, pidieron el apoyo del Parlamento Europeo.
Sobre el decreto de apoyar de forma vitalicia a los deudos de los ni?os fallecidos en la tragedia, Zavala destac? que hay inconformidad entre los padres que forman parte del Movimiento Ciudadano 5 de Junio: ?Porque se design? como responsable de atender a los familiares de las v?ctimas al IMSS, en cualquier momento podr?a desaparecer, lo que queremos es que el Estado Mexicano como tal asuma la responsabilidad de lo ocurrido en la guarder?a ABC.?
De acuerdo con la solicitud presentada en la Oficial?a de Partes del Congreso de la Uni?n, y que podr? ser retomada en el pr?ximo periodo de sesiones, en septiembre pr?ximo, los funcionarios p?blicos ?tienen graves responsabilidades pol?ticas, administrativas, jur?dicas y ?ticas.
Molinar y Karam, ?en la ejecuci?n del esquema de subrogaci?n de guarder?as particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello; y (Bours Castelo) por haber obstruido la acci?n de la justicia, tanto en su procuraci?n como en su administraci?n, con el objeto de proteger indebidamente a los responsables de los delitos.
En cuanto a los jueces Valls y Franco, los padres de familia se?alan que actuaron de forma irregular al participar en el an?lisis del caso en la SCJN cuando ambos fueron funcionarios p?blicos del IMSSS y por lo menos el segundo tiene un familiar dentro del instituto.

Guanajuato, las maniobras.

Omiten en la oficina del funcionario datos sobre averiguaciones previas

Carlos Garc?a y Jaime Avil?s

Corresponsal y enviado

Peri?dico La Jornada
Jueves 12 de agosto de 2010, p. 35

San Miguel de Allende, Gto. 11 de agosto. Por instrucciones del gobierno estatal, todas las averiguaciones previas en contra de quienes abortaron, se concentran en la oficina del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, dio a conocer hoy la Direcci?n de Procesos de la Subprocuradur?a de la regi?n D, con sede en esta ciudad.

Pese a tales restricciones informativas, La Jornada confirm? esta ma?ana que el Ministerio P?blico sigue integrando denuncias penales en contra de quienes interrumpen su embarazo, como consta en el expediente 81/2010, que inculpa a Daniela C.S., de 19 a?os de edad, quien en junio fue atendida en el Hospital General Felipe Doborganes de este municipio, luego de provocarse un aborto incompleto.

Alejandro Duarte, director de Procesos de la Subprocuradur?a regional D, que abarca los 11 municipios del noreste de Guanajuato ?la zona m?s pobre y marginada de la entidad? comunic? a los reporteros de este diario, por conducto de su secretaria, que tiene instrucciones de no dar informaci?n sobre los casos, porque ?sta la concentra la oficina del procurador Zamarripa Aguirre, en la capital del estado.

El C?digo Penal en Guanajuato castiga hasta con 35 a?os de c?rcel el aborto, cuando lo clasifica como homicidio en raz?n de parentesco en agravio de un producto en gestaci?n, pero muchas mujeres desconocen que es un delito grave, como lo ilustra el caso de Daniela C.S., a juicio de los m?dicos que la trataron.

Lleg? un mi?rcoles (de junio pasado) en la noche, con sangrado, y se puso a contar a detalle que el fin de semana tom? unas pastillas para abortar, dos por v?a oral y dos por vaginal, que se las dio su suegra, quien las compr? en una conocida farmacia local, revelaron los informantes.

Tras la revelaci?n, la trabajadora social mand? llamar al agente Ricardo Malag?n, a las tres de la madrugada. Este se encontraba en el Servicio M?dico Forense (Semefo), tomando nota de una autopsia, y se dirigi? al hospital de prisa, pues le avisaron que la muchacha ya se iba a su casa.

Este, a?adieron las fuentes, es un caso t?pico de los n?cleos de poblaci?n urbana de Guanajuato, donde las mujeres se provocan la interrupci?n del embarazo con pastillas que aceleran las contracciones del ?tero para lograr que se desprenda el producto de la concepci?n, que de acuerdo con la Constituci?n estatal es considerado persona desde que el espermatozoide fecunda al ?vulo.

Por otra parte, esta ma?ana, funcionarios de la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos visitaron (CNDH) en el Centro de Readaptaci?n Social de Puentecillas, a las afueras de la ciudad de Guanajuato, a las j?venes Mar?a Araceli Camargo, Yolanda Mart?nez Montoya, Ana Rosa Padr?n, Susana Due?as y Ofelia Fr?as, quienes al igual que Liliana Moreno, recluida en Valle de Santiago, purgan sentencias de m?s de 25 a?os de c?rcel por homicidio en raz?n de parentesco, luego de sufrir abortos espont?neos en las comunidades rurales donde viv?an.

La delegaci?n de la CNDH, no les pidi? que ratificaran sus quejas, s?lo se limit? a ver en qu? condiciones estaban, revel? Ver?nica Cruz S?nchez, directora del Centro Las Libres, que encabeza una campa?a para liberarlas y que ha reunido pruebas y testimonios para demostrar que las j?venes son v?ctimas de la injusticia.

Cruz S?nchez inform? que en Internet ya circula en espa?ol, ingl?s, italiano y alem?n, un resumen completo de este asunto, que se ha convertido en el eje del debate p?blico en el tema.

Al cierre de esta edici?n, la oficina de comunicaci?n social del procurador Zamarripa no hab?a entregado a este diario la informaci?n sobre las perseguidas por abortar en San Miguel de Allende.

Critica Narro Robles la penalizaci?n del aborto

Emir Olivares

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Peri?dico La Jornada
Jueves 12 de agosto de 2010, p. 36

El rector de la Universidad Nacional Aut?noma de M?xico (UNAM), Jos? Narro Robles, se pronunci? contra la criminalizaci?n de las mujeres que han abortado de manera voluntaria o espont?nea. En tanto que el titular de la Secretar?a de Salud (Ssa), Jos? ?ngel C?rdova Villalobos, consider? que no hay que penalizar la interrupci?n del embarazo involuntario.

Al concluir su participaci?n en el Encuentro Acad?mico Fondo Sectorial de Investigaci?n en Salud 2010, efectuado en la Facultad de Medicina de la UNAM, fueron cuestionados sobre el caso de seis mujeres encarceladas en Guanajuato acusadas de homicidio por abortar espont?neamente. Ambos dijeron desconocer las particularidades de estos casos, aunque coincidieron en afirmar que el aborto involuntario no debe penalizarse.

No puedo solidarizarme con quienes criminalizan a las mujeres que voluntariamente y, menos a?n, involuntariamente, tienen un aborto, subray? el rector Narro.

Consider? que M?xico tiene que abrirse mucho m?s en el an?lisis de todo lo relacionado con la interrupci?n del embarazo y en la discusi?n sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Mientras, el secretario de Salud ?quien ha manifestado su inter?s por competir por la candidatura panista a la gubernatura de Guanajuato? asegur? no conocer el caso de las ind?genas encarceladas en esa entidad por haber sufrido abortos involuntarios.

Sin embargo, reiter? su rechazo a criminalizar a quienes sufren ese proceso de manera espont?nea. Yo ya he dicho: aborto espont?neo no debe de ser penalizado, porque hay millones de mujeres que los tienen.

Entrevistado por separado, tras un foro sobre la reforma del Estado efectuado en la Coordinaci?n de Humanidades de la UNAM, Genaro G?ngora Pimental, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n, calific? de verg?enza que las autoridades de Guanajuato hayan condenado a m?s de 20 a?os de prisi?n a seis ind?genas que sufrieron abortos involuntarios por problemas, como la desnutrici?n, acus?ndolas de homicidio.

En el a?o 2001, durante la administraci?n de Juan Carlos Romero Hicks, las autoridades guanajuatenses aprobaron castigar penalmente, hasta con 30 a?os de prisi?n, a quienes aborten a?n de manera involuntaria bajo el delito de homicidio en raz?n de parentesco. En dichas normas, las causas como violaci?n sexual o enfermedad de la madre no son circunstancias atenuantes de responsabilidad penal.

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Publicado por solaripa69 @ 10:06
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