Jueves, 26 de agosto de 2010

Genocidio en la regi?n triqui.

Adelfo Regino Montes

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Con profunda indignaci?n y preocupaci?n, una vez m?s hemos vuelto a recibir la noticia de la muerte de nuestros hermanos triquis que en vida respondieron a los nombres de Rigoberto Gonz?lez, Antonio Cruz Garc?a y Antonio Ram?rez L?pez, as? como las lesiones sufridas por V?ctor de Jes?s Gonz?lez y Alfredo Mart?nez Gonz?lez, pertenecientes a las comunidades de Santa Cruz Tilapa y Agua Fr?a, del municipio aut?nomo de San Juan Copala. Todo ello como consecuencia de una emboscada, armada y perpetrada presuntamente por miembros de la Ubisort y sus aliados, en el paraje denominado Hierba Santa, con la finalidad de impedir la salida de la caravana de mujeres triquis para denunciar ante la opini?n p?blica la situaci?n de violencia y agresi?n que sufren sistem?ticamente por parte de los grupos paramilitares.

La larga cadena de violencia y muerte que se ha desatado en el ?ltimo a?o en la regi?n triqui tiene un calificativo concreto en el derecho nacional e internacional, por mucho que nos duela reconocerlo y aunque las autoridades, estatales y federales, traten seguramente de minimizar y caracterizarlo como un problema interno y cultural: se trata de un lamentable acto de genocidio perpetrado por personas que tienen el respaldo de los gobiernos estatal y federal, ya sea por acci?n u omisi?n, con la intenci?n de destruir la integridad material y espiritual del pueblo triqui.

De los cinco supuestos establecidos por los art?culos segundo de la Convenci?n para la prevenci?n y la sanci?n del delito de genocidio de la Organizaci?n de las Naciones Unidas, y sexto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el caso triqui, por lo menos ?lamentablemente? se cumplen tres de ellos.

Matanza de miembros del grupo. Respecto de este supuesto normativo, tan s?lo en lo que va del presente a?o, es del conocimiento de la opini?n p?blica los homicidios perpetrados en contra de Beatriz Cari?o Trujillo y Jyri Antero Jaakkola el 27 de abril; Timoteo Alejandro Ram?rez y su esposa Cliriberta Castro, el 21 de mayo; Anastacio Ju?rez, el 31 de julio, y las recientes muertes de Rigoberto Gonz?lez, Antonio Cruz Garc?a y Antonio Ram?rez L?pez, entre otros. Salvo los dos primeros, todas las personas antes referidas pertenecen al pueblo triqui, que para los efectos de la convenci?n de referencia son miembros del grupo se?alado. Actualmente, pese a las exigencias y reclamos de la sociedad, estos delitos permanecen en la impunidad, incluso en la absoluta indiferencia de quienes est?n obligados a procurar y administrar la justicia.

Lesi?n grave a la integridad f?sica o mental de los miembros del grupo. Aunado a lo anterior, hay una larga lista de lesionados, misma que incluye a ni?os, mujeres, ancianos, tanto en el ?mbito de su integridad f?sica, como en el campo de su salud mental, en virtud del acoso y la violencia al que se han visto sometidos, particularmente por aquellas personas vinculadas a la Ubisort y sus aliados, que mantienen sitiado el municipio aut?nomo de San Juan Copala. Recientemente, y a manera de ejemplo, es importante mencionar que a ra?z de la entrada de la Ubisort y de la polic?a estatal al municipio aut?nomo de referencia, resultaron heridas dos j?venes, Adela y Selena Ram?rez L?pez, de 14 y 17 a?os respectivamente, y que, por los impactos de bala recibidos, la primera de ellas tiene pocas esperanzas de volver a caminar.

Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucci?n f?sica, total o parcial. El cerco y el acoso impuestos al municipio aut?nomo de San Juan Copala han privado a sus habitantes del ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. En primer lugar, no existen las m?nimas garant?as de seguridad, lo que no permite a las personas hacer su vida en condiciones de normalidad, en particular impidiendo que salgan a trabajar para obtener el sustento diario; asimismo, el derecho a la alimentaci?n ha sido violentado en la medida en que se ha imposibilitado la entrada a la comunidad de los v?veres b?sicos. Lo poco que han tenido para sobrevivir ha sido gracias a la audacia de las mujeres quienes de noche arriesgan sus vidas para conseguir alg?n alimento en las localidades vecinas. De igual modo, los servicios de salud y educaci?n est?n cancelados en virtud de que las personas que prestan dichos servicios se retiraron por no existir las condiciones m?nimas de seguridad y se les ha impedido regresar por el cerco establecido, dejando en el desamparo a los habitantes del municipio aut?nomo, en especial a los sectores m?s vulnerables, como son las mujeres, los ni?os y los ancianos. Todos estos factores constituyen un sometimiento intencional del grupo perteneciente al municipio aut?nomo con el objeto de acarrear su destrucci?n f?sica.

Adem?s de lo previsto por la legislaci?n internacional, en el C?digo Penal Federal, en su art?culo 149 bis, aparece previsto este delito de lesa humanidad, por lo que la Procuradur?a General de la Rep?blica no debe ni puede permanecer indiferente ante los lamentables hechos en San Juan Copala, sino que est? obligada, por mandato de ley, a tomar en el ?mbito de su competencia las investigaciones correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechos y la consignaci?n de los responsables de esta tragedia ante las instancias de justicia a efecto de que sean sancionados debidamente. No actuar la har?a c?mplice de los sucesos que hemos venido describiendo.

Lamentablemente, en el ?nimo de las instancias encargadas de procurar y administrar justicia no parece existir la voluntad necesaria para hacer justicia en la regi?n triqui. Y quiz?s por eso habr?a que ir pensando en aplicar el principio de la complementariedad que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que se aplica cuando un pa?s no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal, tal como est? sucediendo en el caso que nos ocupa.

M?s all? de las formalidades antes descritas, y mientras la indiferencia permea diversas capas sociales, el pueblo triqui tiene que pagar un precio muy alto por el simple hecho de haberse organizado para constituir un municipio libre y aut?nomo, y que como he expresado en otra parte, por razones profundas constituye parte fundamental de la recuperaci?n de su memoria hist?rica y es adem?s un leg?timo derecho consagrado en la legislaci?n nacional e internacional. Pero en este vejado pa?s, ni la memoria hist?rica, ni la raz?n, ni el derecho, son motivo suficiente para garantizar el respeto, la paz, y la integridad f?sica y espiritual de las personas y los pueblos, que han sido y son simple y sencillamente los ideales de la Independencia y la Revoluci?n que el gobierno nos convoca a celebrar y conmemorar.

Sistem?ticos, los excesos del Ej?rcito
Jes?s Cant?

M?XICO, D.F., 25 de agosto.- El an?lisis de las recomendaciones 36 y 45, emitidas este a?o por la Comisi?n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en referencia a la muerte de los dos menores Almanza Salazar y de los dos estudiantes del Tecnol?gico de Monterrey, deja claro que en ambos casos los efectivos del Ej?rcito que participaron cometieron los mismos agravios: alterar la escena del crimen ?todo indica que para encubrir su responsabilidad en los acontecimientos?; sembrar evidencias para pretender involucrar a las v?ctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones; y entorpecer las investigaciones del ?mbudsman nacional.

La existencia de conductas similares en dos hechos distintos, no muy separados en el tiempo, pero s? realizados por efectivos pertenecientes a dos zonas militares diferentes, siembra la sospecha de que se trate de una pol?tica general y no de un comportamiento personal an?malo de los involucrados.?

Particularmente la recomendaci?n 45, relativa al asesinato de los dos estudiantes, es demoledora respecto a la siembra de evidencias por parte del Ej?rcito, pues utilizando los mismos documentos de la Sedena demuestra que los militares colocaron a los estudiantes las armas que previamente hab?an recogido a los delincuentes.?

Al respecto, la recomendaci?n se?ala: ?en el correo electr?nico de im?genes anexo al informe de la autoridad responsable, AR13, comandante de la VII Zona Militar en Nuevo Le?n, refiri? que una vez terminado el enfrentamiento contra miembros de la delincuencia organizada se llev? a cabo la inspecci?n del veh?culo marca Yuk?n color gris, dentro del cual se encontr? lo siguiente: (?) un fusil autom?tico, calibre .308, de la marca Century Arms, modelo Cetme Sporter, matr?cula borrada; as? como una carabina, calibre .223-5-56 mm, marca Bushmaster, modelo XM15-E2S, matr?cula L262834?.

Y m?s adelante indica: ??en el acta de fe ministerial e inspecci?n cadav?rica realizada por el Servicio M?dico Forense de la Procuradur?a General de Justicia del estado de Nuevo Le?n, consta que Javier Francisco Arredondo Verdugo ten?a sobre su miembro superior derecho un arma de fuego tipo fusil, en color negro con verde y correa negra, contando con cargador met?lico, sin presencia de cartuchos, no observ?ndose el n?mero de serie o marca de la misma. Por su parte, Jorge Antonio Mercado Alonso ten?a en su miembro superior izquierdo ?un arma de fuego met?lica en color negro, calibre 223, modelo XM15-E2S, de la marca Bushmaster y con matr?cula L262834?.

La recomendaci?n concluye: ??del informe rendido por el comandante de la VII Zona Militar se desprende que las dos armas encontradas dentro de la camioneta, cuando se realiz? su revisi?n por los elementos militares, son las mismas que aparecieron en los brazos de ambos estudiantes al momento de la fe ministerial de inspecci?n cadav?rica, aun cuando con el mencionado video ha quedado demostrado que no viajaban en la camioneta, iban saliendo del campus y no portaban armas, lo que permite advertir que estas fueron colocadas con el prop?sito de alterar la escena de los hechos?.

En el caso de la familia Almanza Salazar las evidencias surgen de declaraciones contradictorias. Los dos elementos m?s relevantes son la ubicaci?n de la camioneta Tahoe en que viajaban los dos menores fallecidos, Mart?n y Bryan Almanza Salazar ?se hall? entre dos camionetas ocupadas por integrantes del crimen organizado?, y los impactos de bala que le propinaron en la parte delantera para simular que la misma se encontraba en medio del fuego cruzado.?

Respecto a la ubicaci?n de la camioneta, el documento de la CNDH se?ala: ??en el correo electr?nico de im?genes n?mero 13018, del 5 mayo de 2010, emitido por AR3, que aparece como anexo al informe de la Secretar?a de la Defensa Nacional rendido mediante oficio DH-V-5030 ante esta Comisi?n Nacional, se manifest? lo siguiente:

??5. Al t?rmino de la agresi?n se efectu? la revisi?n del lugar de los hechos, ubic?ndose tres veh?culos, en el orden que se citan, localizando en su interior:?

?a) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en una camioneta color azul; b) Una persona del sexo masculino con heridas en las piernas, en una camioneta tipo Tahoe color negro, quien se identific? como V6, indicando que ven?a procedente de Nuevo Laredo, con destino a Matamoros, Tamaulipas, y que lo acompa?aba su familia; localiz?ndose tambi?n en el interior del veh?culo, en la parte posterior, el cuerpo sin vida del menor Mart?n Almanza Salazar, quien falleci? en estos hechos, y c) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en un veh?culo color rojo.??

Sobre el particular, la recomendaci?n asienta: ??esta Comisi?n Nacional observ? que se realizaron maniobras para alterar el sentido de las investigaciones, lo cual se puede advertir de los testimonios de T2 y T3 (identificaci?n de los testigos, para proteger su identidad), del 9 de mayo de 2010, quienes manifestaron que una vez que recibieron el llamado por radio de V1 (identificaci?n de Mart?n Almanza Rodr?guez, padre de los menores, quien conduc?a el veh?culo), de que la camioneta en que viajaban hab?a sido baleada por efectivos militares, se trasladaron al lugar de los hechos, arribando aproximadamente a las 21:30 horas del 3 de abril de 2010, observando en dicho lugar s?lo la camioneta Tahoe, color negro, con las luces intermitentes prendidas, a la que identificaron plenamente como la unidad propiedad de V1, y al cuestionar a los militares sobre los pasajeros, ?stos les indicaron que los lesionados ya hab?an sido trasladados para su atenci?n m?dica a Miguel Alem?n, por lo que se dirigieron a los nosocomios de esa localidad (?) al regresar a Nuevo Laredo y cruzar por el puente el mismo lugar, aproximadamente a las 23:30 horas del 3 de abril de 2010, advirtieron (?) que la camioneta de V1 estaba en medio de una camioneta pick up azul y un veh?culo rojo?.

(En otros documentos del Ej?rcito referentes al aseguramiento de camionetas se observa que se ha procedido exactamente igual que en el caso anterior: los bienes que decomisan a los criminales los utilizan para alterar la escena del crimen y modificar el sentido de las investigaciones.)

Tambi?n, para simular que la familia fue v?ctima del fuego cruzado, una vez que los heridos y los cuerpos hab?an sido retirados los soldados dispararon contra el parabrisas y el cofre de la camioneta, por lo que la recomendaci?n de la CNDH se?ala: ??en relaci?n con los impactos que presenta en el frente la camioneta, cabe agregar que los mismos no coinciden con la narrativa de las v?ctimas y, adem?s, en el dictamen pericial de la Comisi?n Nacional se indica que, en relaci?n con los orificios de arma de fuego descritos en el asiento delantero derecho, es posible establecer que el disparador o victimario se encontraba por afuera y al frente del veh?culo en estudio; asimismo, que este lugar no se encontraba ocupado por persona alguna, con base en la ausencia de maculaciones de fluidos biol?gicos (manchas hem?ticas o de tejidos blandos), por lo que muy probablemente fueron realizados una vez que la camioneta estaba desocupada?.

En ambos casos, al inicio de las recomendaciones, la CNDH hace una observaci?n casi id?ntica, y en el de los estudiantes se?ala: ?Ahora bien, este organismo protector de derechos humanos considera necesario hacer evidente que durante la investigaci?n del caso materia de esta recomendaci?n existieron obst?culos y falta de colaboraci?n por parte de la Secretar?a de la Defensa Nacional, quien neg? parcialmente la informaci?n solicitada para el esclarecimiento de la verdad hist?rica de los hechos?.

?As?, de acuerdo con las recomendaciones de la CNDH, los comportamientos y los encubrimientos son muy similares, pese a que se trata de casos, elementos y zonas militares distintos, e inclusive de instancias diversas (la Procuradur?a General de Justicia Militar y la Sedena), con lo cual es m?s dif?cil atribuir las violaciones de derechos humanos a errores o excesos humanos?

El cardenal y la debilidad del Estado

Adolfo S?nchez Rebolledo

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No creo que el cardenal Juan Sandoval ??iguez estuviera pensando en que sus palabras iban a tomarse con naturalidad, como un ejercicio normal la libertad de expresi?n a la que todos tenemos derecho. M?s parece ?y de ah? el lenguaje soez empleado? que la intenci?n suya era insultar, ofender, poner las cosas a un nivel tal que ni los ministros de la Corte ni el jefe de Gobierno pudieran reaccionar. Las furias lanzadas por el cardenal no lograron impedir que: a) se reconociera la constitucionalidad de las leyes sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo aprobadas en el DF, ni b) que el m?ximo tribunal votara a favor de que dichas parejas pudieran adoptar, asunto que en verdad escuece las fibras m?s profundas e intolerantes del pensamiento conservador y no s?lo del eclesi?stico. En otras palabras, sin argumentos, perdida la partida legal, el prelado se salt? la trancas del decoro para causar un da?o moral a los destinatarios de sus dicterios, asumiendo la actitud levantisca que lo ha hecho singular entre los miembros de la curia. Pero esta vez le sali? el tiro por la culata y se equivoc?: la sociedad mexicana no es la que vive el cardenal en su laberinto de poder omn?modo, aunque los grupos m?s reaccionarios persisten en sus viejas obsesiones.

El episodio se suma a una larga cadena de ataques que tienen en la mira un objetivo central: doblegar al Estado laico hasta convertirlo en una instituci?n funcional a los intereses de la Iglesia cat?lica. Persiste el rechazo a la modernidad tal y como se expresa en la doctrina constitucional mexicana y, en especial, en la Carta Magna de 1917, aunque ya no se busque desconocer formalmente la separaci?n de Iglesia y Estado, demonizando al laicismo, sino, m?s bien, reinterpretar el papel del catolicismo en la sociedad mexicana, garantiz?ndole una suerte de hegemon?a sobre la moral p?blica que, en definitiva, no se aleja demasiado de la vieja visi?n del Estado confesional, pero s? le impide articularse con las aspiraciones de la secularizada sociedad del siglo XXI. Ya no exigen que el catolicismo sea la religi?n de Estado, pero no aceptan que el laicismo deba proteger por igual las creencias de todos los ciudadanos, sin confundir la moral p?blica con los valores de una confesi?n en particular, por importante que sea el n?mero de sus fieles seguidores. Quieren, por tanto, que el Estado promueva en los espacios educativos y garantice en los medios p?blicos la ense?anza de las religiones y, sin decirlo, convierta a tales instituciones, la Iglesia cat?lica en especial, en una suerte de sujeto pol?tico no obligado a responder por sus actuaciones. Eso es lo que est? en el fondo de los arrebatos del cardenal y en las fobias de otros ministros del culto que se han sumado para defender, seg?n ellos, la libertad de expresi?n.

Por fortuna, esta vez hubo una respuesta clara y oportuna. Marcelo Ebrard, acusado torpemente de maicear a los ministros para obtener una resoluci?n favorable sobre los temas en disputa, present? una demanda por da?o moral cuyo corolario, habida cuenta de que no habr? pruebas que aportar ni tampoco voluntad de pedir excusas, no podr?a ser otro que la imposici?n de una sanci?n tanto al cardenal Sandoval como al sacerdote Hugo Valdemar quien, no satisfecho con lanzar graves e indemostrables acusaciones (como esa de que el PRD y el jefe de Gobierno capitalino han causado al pa?s un da?o mayor que el narcotr?fico) agita de nuevo la bandera de la persecuci?n religiosa sin el m?nimo respeto por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto P?blico, cuyos art?culos 14 y 29 han sido violados a ciencia y paciencia de las autoridades federales.

Ser?a de esperar que la Corte, una vez planteado por unanimidad su rechazo inicial a las infamantes declaraciones del jalisciense, fijara una postura esclarecedora, en consonancia con la gravedad y la dureza del ataque. Pero no es previsible que esto ocurra pronto. Y es que el tema tiene filos de los que pocos quieren hacerse cargo. Como el IFE que, no obstante los llamados de Valdemar y otros para no votar por el PRD, prefieren evitarse problemas aun cuando la intromisi?n en los asuntos electorales sea una clara violaci?n a las normas.

Pero si estas abstenciones resultan sintom?ticas, m?s grave a?n, si cabe, resulta la lentitud de Gobernaci?n para tomar el toro por los cuernos y someter al orden a los prelados m?s rijosos. En realidad, el gobierno prefiere dejar que el asunto se apague, dejando en el aire, y en la duda, la viabilidad de la hist?rica reforma en aspectos capitales como la incorporaci?n a la seguridad social de los matrimonios que ya est?n definidos.

Hay quienes ven en los titubeos del gobierno la evidencia de un Estado estructuralmente d?bil, incapaz de ponerle freno a los excesos a los poderes f?cticos que hoy intentan suplantar al Estado en sus funciones de int?rprete del inter?s general. Pero ese es un error que no toma en cuenta las complicidades del actual grupo gobernante con esos grupos que s?lo entienden el estado de derecho como la satisfacci?n irrestricta de sus intereses. No en balde, recordemos, ante la despenalizaci?n del aborto en el Distrito Federal, fue la Procuradur?a General de la Rep?blica la encargada de presentar el recurso de inconstitucionalidad; y fueron los grupos parlamentarios panistas, en extra?a asociaci?n con los pri?stas y las formaciones m?s a la derecha de la sociedad civil, quienes se dieron a la tarea de aprobar legislaciones que dieron como resultado, digamos, las aberraciones penales que hoy padecen varias mujeres en Guanajuato cruelmente encarceladas.

La supuesta debilidad del gobierno, como se comprueba en este y otros lamentables casos, es el fruto de su connivencia con los intereses que deber?a regular, el resultado de un compromiso hist?rico con los poderes f?cticos que en definitiva marcan el ritmo a la autoridad. La sociedad mexicana ha dado pruebas de que ha cambiado, la secularizaci?n prosigue y cada vez son menos los ciudadanos dispuestos a aceptar las consignas de la derecha, pero la jerarqu?a, asociada a los grupos de poder pol?tico y econ?mico m?s conservadores, incluyendo los que act?an en el gobierno, no pierden la esperanza de revertir los fundamentos del Estado laico. Ese es el objetivo del cardenal Sandoval.

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Publicado por solaripa69 @ 9:35
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