Mi?rcoles, 27 de octubre de 2010

Los generales al poder
John M. Ackerman

M?XICO, D.F., 26 de octubre (Proceso).- Desde hace casi un siglo que las Fuerzas Armadas de M?xico se destacan por una estricta disciplina militar que siempre las ha mantenido al margen de los asuntos pol?ticos. Mientras la mayor?a de los pa?ses de Am?rica Latina constantemente sufr?an golpes militares, en M?xico se hab?a podido evitar las nefastas consecuencias de las incursiones de las Fuerzas Armadas en la pol?tica nacional.?

Pero hoy el ?pacto? c?vico-militar que garantizaba la estabilidad del Estado mexicano podr?a estar a punto de romperse. Ante la creciente ingobernabilidad del pa?s y el fracaso de los gobiernos de todos los niveles para hacer frente a la amenaza del crimen organizado, por primera vez los militares reclaman expl?citamente su autonom?a frente a las autoridades civiles. En un documento recientemente dado a conocer por el peri?dico La Jornada, la Secretar?a de la Defensa Nacional exige que las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Nacional permitan a sus mandos no solamente ?auxiliar? a las autoridades civiles, sino tambi?n convertirse en ?coordinadores responsables? de los operativos conjuntos.?

El documento distribuido a las bancadas del Partido Acci?n Nacional en el Senado y la C?mara de Diputados se?ala que ?se pervierte? la misi?n de las Fuerzas Armadas cuando se les ?subordina? a autoridades civiles que est?n ?rebasadas por una afectaci?n a la seguridad interior?. El general Luis Crescencio Sandoval recientemente repiti? p?blicamente el mismo argumento: ?Las Fuerzas Armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad p?blica y que por falta de capacidad se convirti? en un asunto de seguridad interior y nacional?.

A primera vista, este argumento parece l?gico y aceptable. Si la raz?n para hacer part?cipes a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad p?blica es que las autoridades civiles han sido rebasadas, ser?a contradictorio obligar a los militares a cumplir ?rdenes de las mismas autoridades fallidas.?

El ?nico problema es que tal situaci?n nos colocar?a en una abierta violaci?n a la Carta Magna. El art?culo 129 es contundente: ?en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer m?s funciones que las que tengan exacta conexi?n con la disciplina militar?. Es cierto que el art?culo 89 fracci?n VI indica que el Poder Ejecutivo Federal ?dispone de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (?) para la seguridad interior y defensa exterior de la Federaci?n?. Sin embargo, la misma Suprema Corte ha sido muy expl?cita al se?alar que de ninguna manera pueden suplantar a las autoridades civiles, sino ?nicamente participar en su ?auxilio?. (Tesis 38/2000.)?

De acuerdo con nuestro orden constitucional, los militares siempre y en todo momento deben estar bajo un mando civil. Desde luego que no tendr?an que seguir ?rdenes de una corporaci?n policiaca municipal que estuviera controlada por el narcotr?fico, pero s? de otras instituciones civiles, como el presidente municipal, el Congreso local, la Secretar?a de Seguridad P?blica federal y el presidente de la Rep?blica. Al no distinguir entre la amplia diversidad de autoridades civiles y reclamar directamente y a secas facultades para ser ?coordinadores responsables?, da la impresi?n de que las Fuerzas Armadas buscan aprovechar el estado de descomposici?n actual para justificar un aumento paulatino de su control general sobre las autoridades civiles democr?ticamente elegidas. Ello llevar?a a poner en riesgo la m?dula misma de nuestro sistema democr?tico. .?

Pero m?s all? de la redacci?n espec?fica de la norma, en los hechos M?xico ya vive bajo un estado de excepci?n en que las Fuerzas Armadas se encargan de una amplia variedad de actividades que de ninguna manera tienen ?una exacta conexi?n con la disciplina militar?. Hoy los militares funcionan igual como polic?as preventivos y agentes del Ministerio P?blico que como m?dicos a cargo de campa?as de vacunaci?n. Tal como lo ha se?alado Ra?l Ben?tez Manaut, esta situaci?n coloca al secretario de la Defensa Nacional en una situaci?n de abierta superioridad en relaci?n con otros integrantes del gabinete presidencial. El exagerado culto al militarismo durante las celebraciones del Bicentenario, con generales incluso funcionando como ?comentaristas? en las principales cadenas de televisi?n, es tambi?n un bot?n de muestra de la expansi?n de poder y influencia que han tenido las fuerzas militares bajo el gobierno actual.

En este contexto, la iniciativa presentada por Felipe Calder?n la semana pasada para matizar el fuero militar en casos de desaparici?n forzada, violaci?n y tortura es una abierta simulaci?n que de ninguna manera someter? a las Fuerzas Armadas a un r?gimen apropiado de rendici?n de cuentas. Tal y como lo han se?alado las organizaciones de defensa de los derechos humanos m?s importantes del pa?s, no implica de ninguna manera un cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla Pacheco, In?s Fern?ndez Ortega y Valentina Rosendo Cant?.

La iniciativa deja fuera una amplia diversidad de delitos que cometen militares en agravio de la poblaci?n civil, desde ejecuciones extrajudiciales hasta robo y acoso, y a?n para los casos mencionados deja la investigaci?n inicial y la integraci?n de los expedientes ministeriales en manos del procurador militar. Ser?n entonces los mismos militares, como juez y parte, quienes decidan cu?les casos se remitir?n a la justicia ordinaria y cu?les se quedar?n en casa.

Hace falta tomar medidas realmente contundentes para limitar el creciente poder e influencia de las fuerzas militares. Habr?a que considerar, por ejemplo, una reforma para que el mismo secretario de la Defensa Nacional no sea un militar en activo, sino un civil, tal y como es la norma en decenas de pa?ses, incluyendo Estados Unidos. De otra forma, nos arriesgamos a que M?xico pronto pierda su ?excepcionalismo? y siga el ejemplo de las otras naciones latinoamericanas para las cuales el asalto de los militares al poder es siempre una posibilidad latente.? l

Ley Simi: el rostro de la corrupci?n

Javier Flores

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La C?mara de Diputados acaba de cometer un error muy grave. Aprob? ayer por mayor?a, una ley que ejemplifica con claridad el grado de corrupci?n en el que se encuentra inmerso nuestro pa?s. Se trata de una modificaci?n a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual, en lugar de buscar soluci?n de fondo al desabasto de medicamentos que desde hace varios a?os enfrenta esta instituci?n, repartir? vales entre los derechohabientes que podr?n canjearse por medicinas en las farmacias.

La iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista de M?xico, cuyos due?os ?que no dirigentes? forman parte de una familia que es al mismo tiempo propietaria de las farmacias El F?nix y de las de medicamentos similares, lo que indica claramente que existe un conflicto de inter?s. Este partido, que subsiste debido a la ignorancia de algunos sectores sociales que creen que realmente se preocupa por la lucha en favor del medio ambiente, y por las alianzas que ha hecho en distintos momentos tanto con el PAN como con el PRI, dise?? una campa?a pol?tica de tres puntos (s? s?lo tres) en la que adem?s del canje de vales por medicinas, ofrece la pena de muerte y vales para aprender ingl?s y computaci?n, lo que ilustra su riqueza ideol?gica.

La iniciativa votada ayer y aprobada por mayor?a implica la privatizaci?n de una de las funciones m?s importantes del IMSS, que tiene que ver con el tratamiento de los enfermos. Si bien este instituto enfrenta continuamente el problema de desabasto de medicamentos ?algo que se podr?a resolver dot?ndolo de m?s recursos y mediante acuerdos con los laboratorios?, esta tarea ha funcionado para regular positivamente el mercado de f?rmacos, pues al adquirir vol?menes importantes de gen?ricos o medicinas de patente, abate los precios con la consecuente reducci?n de los costos.

Al repartir vales para que los derechohabientes acudan a las farmacias, como lo han decidido vergonzosamente los diputados, los precios de cada tratamiento se incrementar?n enormemente y los costos ?que tendr? que pagar el propio IMSS? ser?n mayores. Los beneficiarios de este descarado acto de corrupci?n ser?n el sector privado farmac?utico en el que se encuentra nada menos que la familia de los due?os del Partido Verde.

Pero este evidente acto de corrupci?n en contra una de las instituciones m?s importantes para la seguridad social en M?xico, aprobado tambi?n por los diputados del PRI para pagar supuestas lealtades, ocurri? con tal desaseo, que ofrece la oportunidad de que pueda ser corregido. Se incurri? en una ilegalidad en el procedimiento parlamentario consistente en que el dictamen no se aprob? en el seno de la Comisi?n de Seguridad Social de la C?mara de Diputados, sino que sus promotores recogieron las firmas en los pasillos (la suciedad siempre deja huellas).

Por ello y por ser un atentado contra la seguridad social en M?xico, el diputado Alejandro Encinas anunci? que ser? presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n.

Ojal? que este recurso prospere y pueda darse marcha atr?s a este descarado acto de corrupci?n.

Masacres juveniles, r?quiem por el gobierno
Jenaro Villamil

M?XICO, DF, 26 de octubre (apro).- Una nueva matanza de adolescentes en Ciudad Ju?rez, Chihuahua, cimbra a todo el mundo. Y en Tijuana, Baja California, se repite con sa?a la historia de una masacre de j?venes en centros de recuperaci?n. El miedo entre estudiantes de Monterrey, Nuevo Le?n, recorre las principales universidades de esta capital financiera. Y nadie se atreve a salir ya a las calles de Matamoros o Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos hablan ya de un ?genocidio de j?venes?, especialmente en Ju?rez. Uno no sabe si duele m?s saber que la mayor?a de los 14 acribillados en la urbe fronteriza son menores de 20 a?os, estudiantes de secundaria y preparatoria, o que sus victimarios sean tambi?n adolescentes que han perdido cualquier noci?n de presente y de vida.
Hab?a una mujer embarazada entre los asesinados. Y Marta Arteaga, la anfitriona, de 30 a?os, fue acribillada. Dej? seis hijos hu?rfanos. Uno de sus v?stagos era el festejado, muerto tambi?n.
Los sicarios forman parte de un comando que entr? a aquella fiesta privada en la colonia Horizontes del Sur, a dos kil?metros de Salv?rcar, el mismo barrio donde fueron masacrados un n?mero similar de adolescentes, en enero de 2010.
Cuentan las cr?nicas que los asistentes festejaban en el patio de una casa tan humilde como millones de hogares mexicanos. Un hombre de cerca de 20 a?os lleg? hasta el centro de la concurrencia. Grit? qui?n era el propietario de un autom?vil estacionado en el exterior. Al no haber respuesta, sac? de sus ropas una pistola y comenz? a disparar a diestra y siniestra. ??Acaben con ellos!?, orden?.
Fue la se?al para que los sicarios, adolescentes encapuchados, salieran de un convoy de siete camiones y rafaguearan durante cinco minutos a los presentes. Mataron a 12 e hirieron a 16. Dos murieron despu?s.
Entre las pocas v?ctimas fotografiadas est? un joven que intent? huir por el estacionamiento delantero de la casa. Su rostro inerte, pelado a rape, de apenas 16 a?os, yace en el suelo. La expresi?n lo dice todo. Es la s?ntesis del juvenicidio imparable en Ciudad Ju?rez. ?Los mocosos muertos?, dijo alguien.
Los vecinos llamaron a las fuerzas policiacas. Tardaron m?s de 20 minutos en llegar, seg?n diversos testimonios. Nadie vio, nadie escuch?. Las fuerzas del orden que mantienen sitiada Ju?rez ignoraron a un convoy de siete veh?culos que huy? en la noche, en el desierto, en la oscuridad ominosa de la impunidad que acompa?a cada una de estas masacres. Siete en menos de 20 meses. M?s de cien muertos, el 80% menores de 18 a?os.
Una de esas masacres fue la ocurrida en marzo de 2009 en el Cereso de Ju?rez. Entraron al penal a matar a presuntos integrantes de las bandas de los Mexicles y Los Artistas Asesinos. Sus verdugos fueron, al parecer, Los Aztecas.
El gobierno de Felipe Calder?n satur? a Ju?rez de elementos policiacos a partir del operativo Todos Somos Ju?rez, despu?s de los sucesos en Salv?rcar. Prometi? que vigilar?an las calles y los rincones de la ciudad. Pero nada ha cambiado. La situaci?n es peor. En Ciudad Ju?rez ya hay m?s muertos que efectivos estadunidenses ca?dos en la guerra de Irak.
Los ?hombres de ley? tambi?n ingresan a los domicilios, a los negocios, a las fiestas para catear, amedrentar, extorsionar o sembrar el miedo. Y son tan escasos los operativos que han resuelto algo.
Recuerdo que en Ciudad Ju?rez ganaron Pascual Orozco y Pancho Villa, en 1911, la batalla definitiva para darle el triunfo al movimiento maderista. Ah? muri? el r?gimen de Porfirio D?az. ?Ser? en este mismo sitio donde est? muriendo un r?gimen incapaz de defender con un m?nimo de eficacia a sus ciudadanos? ?Se atrever?n a volvernos a decir que se tratan de ?ajustes de cuentas? entre pandilleros?
Calder?n y el gobernador C?sar Duarte pronuncian frases huecas. ?Con tristeza y profunda indignaci?n el gobierno federal manifiesta su m?s en?rgico repudio al asesinato de varios j?venes en Ciudad Ju?rez?, escribe Calder?n en su cuenta de Twitter. ?Repudio? ?Indignaci?n? El presidente es el titular del Ejecutivo federal, no una ONG que se pronuncia frente a un suceso. ?A qu? se compromete? ?Qu? medida va a tomar? ?Volver? a pagar miles de millones de pesos en spots para que la pantalla comercial no mencione esta derrota de su ?guerra? infame?
Comienzo a leer el libro Ciudad del crimen, de Charles Bowden, y vuelvo a estremecerme:
?El periodista puede morir por cometer un error?
?Eso es porque hay dos M?xicos.
?Uno es el que aparece en la prensa de Estados Unidos, un lugar donde el presidente est? peleando una guerra valiente contra las fuerzas malignas del mundo de las drogas y utilizando, como guerrero, al incorruptible Ej?rcito Mexicano. Este M?xico tiene peri?dicos, tribunales, leyes y es considerado una rep?blica humana por el gobierno de Estados Unidos.
?Esto no existe.
?Hay un segundo M?xico, donde la guerra es para las drogas, donde la polic?a y el Ej?rcito pelean por su tajada, donde la prensa es controlada a fuerza de asesinar periodistas o con una dieta permanente de sobornos, y donde la l?nea entre el gobierno y el mundo de la droga nunca ha existido?
?Hay dos maneras de perder la cordura en Ju?rez. Una de ellas es creer que la violencia proviene de la guerra de c?rteles. La otra es la pretensi?n de comprender qu? hay detr?s de cada asesinato. Lo ?nico cierto es que diversos grupos ?las pandillas, el Ej?rcito, la polic?a de la ciudad, la polic?a estatal, la Polic?a Federal-- est?n matando a personas en Ju?rez como resultado de las ganancias de la droga?.
Apenas hace tres d?as, la Secretar?a de Seguridad P?blica (SSP) federal, comandada por Genaro Garc?a Luna, anunci? --con todo el despliegue medi?tico que acostumbra-- la detenci?n de 13 presuntos integrantes de La L?nea, el brazo armado del c?rtel de Ju?rez, y se ufan? de que con ese golpe esa red de sicarios quedaba ?pr?cticamente desmantelada?.
Y ahora todo qued? en los t?rminos que describe Bowden.
La muerte es una industria en Ciudad Ju?rez. La violencia es el pase autom?tico, la aduana para quien busque permanecer en esta ciudad, pero tambi?n en Reynosa, en Matamoros y cada vez m?s en Monterrey.
Si hace unos cinco a?os el nombre de Ju?rez era mundialmente conocido por los cr?menes de m?s de 400 mujeres (de los que ni 10% se ha resuelto), ahora es el epicentro de lo que Bowden llama ?un nuevo campo de exterminio de la econom?a global?.
Del feminicidio al juvenicidio. ?O debemos decir el Juaricidio? ?Quieren matar una ciudad, una civilizaci?n, un enclave fronterizo?
En Ju?rez se mata por una grapa, se mata por menos de mil pesos, se mata porque tener armas es lo ?nico que unifica ?el poder? de soldados, pandilleros, polic?as, sicarios, narcos, psic?patas, juniors con poder.
El f?cil acceso a las armas que cruzan la frontera de Estados Unidos intoxica tanto o m?s que los picaderos que han proliferado por toda la ciudad. Ju?rez es el epicentro de una econom?a de la violencia. Y Washington s?lo se indigna o cierra su consulado.

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Publicado por solaripa69 @ 9:48
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