Lunes, 15 de noviembre de 2010

Chihuahua: muerte y opacidad

John M. Ackerman

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De las m?s de 10 mil ejecuciones perpetradas en 2010 en el pa?s, casi 3 mil han tenido lugar en el estado de Chihuahua. De ?stas, m?s de 2 mil se han suscitado en Ciudad Ju?rez, hoy una de las ciudades m?s violentas del mundo. Las recientes recriminaciones entre la ex procuradora de Chihuahua Patricia Gonz?lez y el ex alcalde juarense Jos? Reyes Ferriz demuestran que en ese estado las instituciones p?blicas est?n podridas hasta la m?dula. La derrota de las fuerzas militares y el recrudecimiento de la violencia en Ciudad Ju?rez a partir de la llegada de la Polic?a Federal evidencian la profunda debilidad de las autoridades federales.

Si no se toman acciones definitivas para corregir el rumbo, Ciudad Ju?rez podr?a llegar a ser el espejo de todo el pa?s. El t?tulo del programa gubernamental Todos somos Ju?rez supuestamente expresa la solidaridad de M?xico con los juarenses, pero igual podr?a llegar a simbolizar que todo M?xico siga el ejemplo de esta ciudad ba?ada de sangre.

La ?nica esperanza reside en la construcci?n de un movimiento ciudadano combativo y cr?tico que vigile y denuncie a las autoridades p?blicas corruptas e ineptas. La participaci?n ciudadana bien portada y respetuosa, que tanto gusta al gobierno y a Televisa, simplemente no es suficiente frente a esta desbordada situaci?n.

Afortunadamente, el valiente ejemplo de Luz Mar?a D?vila, madre de uno de los j?venes asesinados en Villas de Salv?rcar, quien declar? a Calder?n persona no grata en tierras juarenses, empieza a contagiar a la sociedad entera. Los j?venes han tomado el estandarte en d?as recientes por medio de la organizaci?n del movimiento Si nos dan a [email protected], nos dan a [email protected] y las Kaminatas contra la muerte, que demandan la salida del Ej?rcito y la Polic?a Federal, as? como la investigaci?n de los numerosos ataques a los derechos humanos y a la integridad f?sica de periodistas y luchadores sociales.

En contraste, el gobierno estatal hace todo lo posible por cerrar el acceso ciudadano a la informaci?n que permitir?a una contralor?a social efectiva. El 29 de septiembre, unos d?as antes de que el gobernador Jos? Reyes Baeza culminara su mandato, el PRI logr? imponer una peligrosa contrarreforma a la ley de transparencia local, que contiene un rosario de violaciones al art?culo sexto de la Constituci?n federal. Ello podr?a convertir esta ley en una de las peores del pa?s, cuando hoy, al menos en la letra, es una de las m?s avanzadas.

Claudia Alonso, la consejera m?s destacada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Informaci?n P?blica (Ichitaip), ha denunciado que la reforma reduce de manera dr?stica el universo de entidades del sector privado que estar?an sujetas a la ley. Antes, cualquier persona f?sica o moral que ejerciera una funci?n p?blica era sujeto obligado de la ley. A partir de la reforma ?nicamente lo ser?an quienes reciban recursos p?blicos en los t?rminos de la Ley de Asistencia Social P?blica y Privada. Esta restricci?n es particularmente grave dada la inminente aprobaci?n de la nueva Ley de Asociaciones P?blico-Privadas que a escala federal autoriza la subrogaci?n generalizada de casi cualquier servicio p?blico.

Otro grave retroceso radica en la nueva definici?n de informaci?n veraz. Mientras la Real Academia define este concepto como algo que dice, usa o profesa siempre la verdad, el nuevo texto legal define informaci?n con esta caracter?stica como la que corresponde a la que realmente posee el sujeto obligado. As?, de un plumazo, se convierte una ley que debe proporcionar informaci?n verdadera a la ciudadan?a a una norma que ?nicamente permite el acceso a los documentos burocr?ticos que realmente poseen las entidades gubernamentales. Se abre la puerta a un estratosf?rico aumento de declaraciones de inexistencia de documentos.

La reforma tambi?n elimina la obligaci?n del gobierno de siempre desglosar la informaci?n por g?nero; burocratiza y retrasa el proceso de contestaci?n de las solicitudes y de resoluci?n de los recursos de impugnaci?n, e introduce nuevas causales para desechar solicitudes, por ejemplo, cuando sean ofensivas. Las modificaciones centralizan la gesti?n interna del Ichitaip al restar facultades al Consejo General y entregarlas al consejero presidente y el secretario ejecutivo. Elimina tambi?n la prohibici?n de que personas que hayan ocupado puestos de elecci?n popular sean consejeros.

De manera absurda y antijur?dica, la reforma requiere que las argumentaciones de las resoluciones del instituto sean breves y que los consejeros disidentes redacten sus votos particulares en apenas 24 horas, atendi?ndose ?nicamente al principio de sencillez. Asimismo, elimina la obligaci?n del Poder Judicial de publicar de oficio todas las resoluciones que hayan causado estado y del Instituto Electoral de publicar todas las quejas resueltas por violaciones a la ley electoral. Ahora, las autoridades solamente tendr?n que subir a la Internet una estad?stica de las resoluciones y una relaci?n de las quejas.

El nuevo gobernador, C?sar Duarte, todav?a cuenta con ocho d?as para publicar el decreto o, en su caso, emitir observaciones y devolverlo al Congreso local. Esta semana tendr? lugar un importante foro sobre el tema organizado por Francisca Jim?nez y el Observatorio para el Acceso a la Informaci?n P?blica de Chihuahua (www.grupobserva.org/), en el cual una amplia diversidad de voces exigir? al gobernador que tome la decisi?n correcta. El pa?s entero estar? muy atento a su decisi?n.

A Dan Lund, ejemplo de lucidez y compromiso, in memoriam.

Las izquierdas y las autonom?as

Gustavo Esteva

En el discurso pol?tico y acad?mico actual se alude con frecuencia a la relaci?n entre izquierda y autonom?a. En general, se da por sentado que estos dos t?rminos son enteramente compatibles entre s?, sin tomar en cuenta que, para ciertas izquierdas, ciertas autonom?as son inaceptables. Y a la inversa?

Lo ocurrido en San Andr?s en 1996 puede contribuir a esclarecer el asunto, cada vez m?s importante en la lucha pol?tica actual.

En la primera reuni?n de los dirigentes zapatistas con los asesores que invitaron para sus negociaciones con el gobierno se les pregunt? por su noci?n de autonom?a. Tenemos una concepci?n que aplicamos cotidianamente en nuestras comunidades, respondieron. Pero sabemos que no es la ?nica ni necesariamente la mejor. Los hemos invitado para descubrir la noci?n de autonom?a que represente el consenso de los pueblos indios de todo el pa?s, que es la que negociaremos. Los zapatistas confirmaron esta actitud en el Foro Nacional Ind?gena que convocaron. Tras escuchar la posici?n de los pueblos indios, la llevaron a la mesa de negociaci?n.

No todos los asesores admitieron la postura consensuada. Algunos expresaron en p?blico y en privado su desacuerdo con los acuerdos de San Andr?s, porque seg?n ellos no se habr?an ajustado a las demandas hist?ricas de los pueblos indios. Por ejemplo, al escribir para la Revista del Senado de la Rep?blica H?ctor D?az Polanco se?al? que lo acordado no era realmente autonom?a porque no estipulaba lo que seg?n ?l la defin?a: base territorial, un gobierno aut?nomo definido como un orden de gobierno espec?fico, constitutivo del sistema de poderes verticales que conforma la organizaci?n del Estado y competencias que configuraran la descentralizaci?n pol?tica consustancial a todo r?gimen auton?mico (vol. 2, n?m. 2, p.109).

Diversas izquierdas y derechas coinciden con ese punto de vista. Es la autonom?a que se reconoce a Madrid: una forma de descentralizaci?n de los poderes estatales. Pero no fue esto lo que se pact? en San Andr?s. No es la autonom?a que exigieron los pueblos indios. Los acuerdos comprometieron una reforma profunda del Estado mexicano, que fuera expresi?n de un nuevo pacto social que fundara una nueva relaci?n entre los pueblos indios y el Estado. Al reconocerlos como tales, podr?an ejercer su libre determinaci?n y sus formas propias de gobierno en tanto entidades de derecho p?blico, como los estados de la Federaci?n. Sus pr?cticas pol?ticas y sociales no ser?an formas descentralizadas de administrar poderes verticales del Estado, como quiere aquella posici?n, sino expresi?n realmente aut?noma de la voluntad soberana de los pueblos indios, en un r?gimen jur?dicamente pluralista.

As? torci? la puerca el rabo. En vez de lo acordado en San Andr?s, los poderes del Estado produjeron una contrarreforma que disolvi? en ret?rica vac?a lo acordado. Sin la legislaci?n pactada, los zapatistas y muchos pueblos indios tuvieron que seguir practicando su autonom?a de hecho. Contin?an demostrando que pueden y quieren ejercerla sin desgarrar la naci?n ni someterse a los poderes verticales del Estado.

Tal autonom?a puede igualmente aplicarse a los pueblos, a los sindicatos, a los grupos sociales, a los grupos campesinos, a los gobiernos de los estados o a los estados que son nominalmente libres y soberanos dentro de la Federaci?n, como aclararon los zapatistas desde mayo de 1994. Lejos de pretender imponer esa noci?n a otros, buscaban crear un espacio pol?tico en que la gente misma, no un l?der carism?tico, un acad?mico, una vanguardia o un partido que pretendiesen hablar en su nombre, pudiera discutir ?stas y otras propuestas y llevarlas a la pr?ctica.

En ese proceso seguimos: en la activa creaci?n de ese espacio pol?tico, cada vez m?s amplio y consolidado en la base social, mientras arriba sigue la bulla vac?a... que opera como cortina de humo para disimular la agresi?n constante a los empe?os populares, particularmente aquellos que se manifiestan como ejercicios auton?micos.

En Chiapas persiste una agresi?n incesante, con creciente violencia, contra la rebelde autonom?a zapatista. En Oaxaca contin?a la violaci?n cotidiana de esfuerzos semejantes. Las reformas conquistadas en 1998 captaron el esp?ritu de San Andr?s al plasmarse en la Constituci?n del estado que el derecho a la libre determinaci?n de los pueblos y comunidades ind?genas se expresa como autonom?a. Como ?partes integrantes del estado de Oaxaca?tienen personalidad jur?dica de derecho p?blico? La ley reglamentaria establecer? las normas? que aseguren el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos y comunidades ind?genas para: su organizaci?n social y pol?tica? sus sistemas normativos internos, la jurisdicci?n que tendr?n en sus territorios?? Nada de esto respetan los poderes constituidos, que siguen viendo la autonom?a como algo ajeno a los usos y costumbres de los pueblos oaxaque?os, seg?n acaba de declarar el gobernador electo.

Los recursos naturales pertenecen a la naci?n

Iv?n Restrepo

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Lo sabe un estudiante del primer semestre de derecho: el art?culo 27 de nuestra Constituci?n establece que los recursos naturales pertenecen a la naci?n. Y de manera muy clara, desde el 18 de marzo de 1938, todo lo relativo al petr?leo.

Quiz?s porque es f?cil pescar a r?o revuelto, la Gulf Petroleum imagin? que podr?a explorar y explotar hidrocarburos en las 200 millas mar adentro que conforman la zona econ?mica exclusiva del pa?s. Para ello solicit? el permiso correspondiente a la Secretar?a de Energ?a, alegando que constitucionalmente no se precisa la propiedad de la naci?n sobre la riqueza petrolera existente en dicha zona. Le fue negado. La trasnacional se ampar?. El litigio lleg? hasta la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n que par? en seco el intento de la trasnacional.

Por sorpresas no paramos: Petr?leos Mexicanos (Pemex) asign? cinco ?reas de 10 mil kil?metros cuadrados al norte de Veracruz a cinco empresas estadunidenses a fin de que desempe?en tareas de investigaci?n y desarrollo de campos productores de petr?leo considerados muy complejos.

Por medio de estos trabajos la paraestatal espera mejorar los sistemas de exploraci?n y explotaci?n en dichos campos, algo urgente y necesario pues, como se sabe, las reservas probadas de petr?leo se agotan d?a a d?a y es necesario restituirlas lo m?s pronto.

En un sexenio donde los asuntos de gobierno van de la mano de los intereses empresariales, no debe extra?ar que sean trasnacionales las que se encarguen de tal labor (cuestionada legalmente), cuando deb?a estar a cargo de quienes trabajan en la propia Pemex o en el Instituto Mexicano del Petr?leo. Tampoco, que no se guarden ni siquiera las formas: entre las empresas que efectuar?n esas tareas en campos petroleros muy complejos figuran dos que tienen problemas en Estados Unidos: Halliburton (la dirigi? por a?os el halc?n Dick Cheney, anterior vicepresidente del vecino pa?s) y Transocean, implicadas en el accidente del pozo Macondo, de la British Petroleum, en abril pasado. Se derramaron casi 800 millones de litros de hidrocarburo. Ambas trasnacionales tienen un historial nada recomendable y son investigadas por las autoridades del vecino pa?s.

En previsi?n de posibles accidentes, Pemex coordina con la Secretar?a de Marina un plan para enfrentar con prontitud y eficiencia los problemas que pueda traer un derrame de hidrocarburo en aguas marinas, y muy especialmente en las profundas.

En este plan interviene tambi?n Estados Unidos, con el que compartimos la mayor parte de la riqueza petrolera existente en aguas del Golfo de M?xico. El otro es Cuba. Nada mejor que la cooperaci?n internacional para evitar all? otra tragedia. Y mucho m?s si nos atenemos a las revelaciones que hizo la administradora de la Agencia Ambiental de Protecci?n Ambiental (EPA, por sus siglas en ingl?s), Lisa P. Jackson, durante la ?ltima sesi?n del Consejo de la Comisi?n de Cooperaci?n Ambiental, del que hacen parte los secretarios del medio ambiente de M?xico y Canad?.

De la tragedia reciente estamos preparados para aprender, expres? la se?ora Jackson, al referirse al derrame del pozo Macondo y a que se desconoce la totalidad de las emisiones contaminantes generadas por la industria petrolera en los tres pa?ses integrantes del Tratado de Libre Comercio de Am?rica del Norte. En Estados Unidos y Canad? las petroleras no est?n obligadas a reportarlas en actividades de exploraci?n. Tampoco rinden cuentas al gobierno sobre la materia. Una de las grandes tareas de la administraci?n Obama se dirige precisamente a obligarlas a que lo hagan, tarea nada f?cil luego de la reciente derrota legislativa de los dem?cratas.

Pero las trasnacionales buscan utilidades donde sea y con quien sea. Como en Rusia, donde la British Petroleum mand? a quien la dirig?a cuando la tragedia del pozo Macondo en el Golfo de M?xico: Tony Hayward, ya participa en nombre de la empresa angloestadunidense en los planes de exploraci?n y explotaci?n de petr?leo y gas de los gigantes rusos TNK y la paraestatal Rosneft. Tiene la bendici?n del se?or Vladimir Putin y su camarilla. Su proyecto m?s ambicioso y peligroso: explotar el ?rtico. ?Lo que nos espera!

El PRI y la trampa de Calder?n
Jesusa Cervantes

MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- Los diferendos en el PRI sobre el combate al narcotr?fico afloraron en la discusi?n del Presupuesto para el pr?ximo a?o, as? como la demanda de 13 mil millones de pesos que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galv?n Galv?n, solicit? para la creaci?n de 18 batallones.

???????? Con el pretexto de que la mayor?a de los legisladores priistas quiere ofrecer en sus estados proyectos carreteros y que el sector campesino demandaba 300 mil millones de pesos, de manera oficial se decidi? eliminar el dinero que solicit? el general Galv?n.

???????? As?, todo el trabajo de cabildeo que realiz? durante m?s de dos meses Ardelio Vargas, presidente de la Comisi?n de la Defensa Nacional y el trabajo de consenso que logr? el propio Galv?n, fue anulado de un plumazo.

???????? Sin embargo, la Sedena no se quedar? sin recursos. Si Felipe Calder?n mantiene su estrategia de acabar con el crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene que entregar los recursos solicitados.

???????? Y ese parece haber sido el acuerdo que Calder?n hizo con Galv?n: seguirlo apoyando, pero fuera del presupuesto.

???????? Para sustentar lo anterior, basta recordar que hace 15 d?as, elementos del Ej?rcito afinaron la creaci?n de los batallones que atacar?n el crimen organizado en zonas urbanas.

???????? El 29 de septiembre, Galv?n pidi? a los legisladores un presupuesto adicional de 10 mil millones de pesos. La Comisi?n de Defensa Nacional fue magn?nima con ?l: autoriz? un recurso adicional por 13 mil 900 millones de pesos.

???????? El dinero es para la creaci?n de 18 batallones con 600 elementos cada uno, los cuales se instalar?n en ?zonas de alta delincuencia y podr?an actuar directamente en la zona norte de Tamaulipas, Nuevo Le?n y Coahuila?, se indica en un documento de la Sedena.

?????????? Adem?s, en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, ?donde hay muchas bandas extorsionando y en crecimiento?, y en Chihuahua y Durango, ?donde es el mayor n?mero de ejecuciones y extorsiones a la ciudadan?a?.

?????????? Tambbi?n se piensa instalar batallones en el sur de Veracruz y en Tabasco ?en las zonas rurales, donde incluso act?an `maras` y gente de otros estados?, y en Nayarit, Jalisco y Zacatecas, ?donde hay nuevas luchas entre grupos de delincuentes?.

??????????? Finalmente, en Guerrero, Michoac?n y sur del estado de M?xico, ?tambi?n son afectados por grupos delincuenciales que buscan asentarse en la regi?n?.

?????????? De acuerdo con el Ej?rcito, estas unidades son necesarias para ?terminar de acotar y capturar a los delincuentes en las ?reas y ciudades presas de la delincuencia. Ser?n de r?pido despliegue y acci?n a corto plazo?.

?????????? En su justificaci?n, el Ej?rcito establece que los militares tienen una gran carga de trabajo. Sostienen que antes actuaban en las sierras contra la siembra y trafico de drogas, ?y ahora se patrulla en ciudades y poblados de zonas conflictivas, donde los delincuentes amenazan a autoridades y polic?as municipales?.

???????? Pero adem?s, esos mismos elementos que combaten el narcotr?fico tienen que ayudar cuando se declara el Plan DN-III en los estados afectados por los huracanes.

?????????? Galv?n acept? hacer p?blico su no aceptaci?n del dinero que, dicho sea de paso, fue solicitado con conocimiento y autorizaci?n de Felipe Calder?n.

?????????? Sin embargo los diferendos al interior del PRI hicieron que Calder?n obligara Galv?n a recular. A cambio, le dar? el dinero fuera del presupuesto y, hasta donde se sabe, se le entregar? al Ej?rcito 9 mil 750 millones de pesos, suficientes para armar los 18 batallones, la compra de los terreros donde se instalar?n, la adquisici?n de armamento y la compra de cuando menos 20 aparatos esc?ner, que detectan armas, droga, personas o dinero del crimen organizado.

???????? Con esta maniobra, Calder?n queda bien con el PRI y con las Fuerzas Armadas y, de paso, hace pensar a la opini?n p?blica que el PRI abandon? al Ej?rcito d?ndole con esto un golpe con efecto electoral.

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Publicado por solaripa69 @ 10:22
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