Lunes, 27 de diciembre de 2010

Desconf?a el Ej?rcito de la polic?a en la lucha antinarco

La participaci?n militar durar? 10 a?os m?s, anticipa el general Galv?n

La guerra contra el narco desgasta prestigio de la Sedena, reconoce

De la Redacci?n

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Peri?dico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 2

El titular de la Secretar?a de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galv?n Galv?n, desconf?a de las entidades policiales del pa?s y prefiere trabajar por separado debido a los casos de funcionarios corruptos, quienes pasan informaci?n a los criminales, seg?n se desprende de un cable con fecha del 26 de octubre de 2009 filtrado por el sitio de Internet Wikileaks.

El cable 09M?xico3077 se?al? que el jefe de la Defensa lament? la larga participaci?n del Ej?rcito en la ofensiva antinarc?ticos, aunque pronostic? que durar? hasta 10 a?os m?s.

Galv?n sugiri? que aumentar la cooperaci?n de la inteligencia de Estados Unidos podr?a reducir ese periodo, y tambi?n aplaudi? los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para prevenir el tr?fico de armas a trav?s de la frontera con M?xico.

El documento filtrado se refiri? a una reuni?n entre Galv?n Galv?n y el entonces director de inteligencia nacional de Estados Unidos, Dennis Blair.

Seg?n Wikileaks la Secretar?a de la Defensa corre el riesgo de perder su prestigio p?blico y ser criticada por violaciones a los derechos humanos si se alarga su participaci?n en la campa?a antinarc?ticos, afirm? Galv?n Galv?n.

En el documento, el general afirm? que el Ej?rcito estar?a dispuesto a aceptar cualquier adiestramiento que pueda ofrecerle Estados Unidos.

Al responder a una pregunta hecha por Blair sobre c?mo el gobierno de M?xico puede hacer la transici?n de una lucha contra el narcotr?fico del Ej?rcito en una lucha estrictamente civil, Galv?n se?al? que actualmente no ve un fin r?pido a su despliegue interno. Indic? que el esfuerzo es dif?cil para los militares, en parte debido a la percepci?n de que no tienen marco jur?dico para respaldar sus acciones. Se?al? que la Sedena trabaja con el Congreso para aprobar una legislaci?n que aborde este asunto.

Seg?n Wikileaks l?deres militares de M?xico pidieron un trabajo m?s estrecho con la DEA, con el argumento de que no pueden confiar en la polic?a local.

El cable afirma que Galv?n mencion? que el art?culo 29 de la Constituci?n sirve de base para llamar a un estado de excepci?n y en ciertas ?reas del pa?s eso puede ofrecerles tal autoridad legal.

De acuerdo con el documento Galv?n Galv?n se quej? de que las operaciones conjuntas con otras autoridades son un reto debido a las filtraciones sobre planeaci?n e informaci?n por parte de funcionarios corruptos, quienes han puesto en riesgo esfuerzos pasados. Llevar a la polic?a, particularmente a nivel municipal y estatal, a un buen est?ndar ser? un reto y un proceso prolongado. el general dijo que el despliegue permanente de la Sedena de dos oficiales del Centro de Inteligencia de El Paso ayudar? a difundir r?pidamente informaci?n al comandante en Ciudad Ju?rez.

El encargado de la Defensa asegur?, seg?n el documento, que las autoridades mexicanas intentan la captura del jefe narcotraficante Joaqu?n El Chapo Guzm?n. La Sedena realiza una operaci?n en tres etapas. La primera, que en gran parte han cumplido, es establecer una fuerza f?sica en el ?rea de su operaci?n, principalmente destinada a reunir informaci?n de inteligencia.

Se?al? que se han encontrado 10 a 15 lugares en los que se mueve, pero que El Chapo tiene el apoyo de una amplia red de informantes y tiene c?rculos de seguridad hasta de 300 hombres, que hacen su captura complicada. La segunda etapa es desplegar un c?rculo de tropas en la zona donde se mueve, lo que Galv?n espera realizar pronto. La tercera etapa es su captura, concluy? el cable.

Genera controversia reforma que hace obligatorio el bachillerato

Aunque la SEP analiza eventuales implicaciones, todav?a falta la aprobaci?n del Senado

No hay condiciones acad?micas, presupuestales ni de formaci?n de nuevos docentes, adem?s de que no dar? tiempo a cumplirse, se?alan acad?micos, especialistas y funcionarios

Jos? Antonio Rom?n

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Peri?dico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 29

La reforma educativa que obliga al Estado mexicano a impartir educaci?n media superior a todos los j?venes del pa?s para el ciclo escolar 2021-2022 ?aprobada en la C?mara de Diputados a principios de diciembre, y que en febrero ser? revisada por el Senado? gener? controversia y puntos encontrados entre acad?micos, especialistas y funcionarios.

Se trata de una reforma de buenos deseos; se le puso la soga al cuello a la Secretar?a de Educaci?n P?blica; no hay condiciones acad?micas ni presupuestales ni de formaci?n de nuevos docentes, adem?s de que no dar? tiempo a cumplirse, aunque el plazo sea de una d?cada, han se?alado cr?ticos de la iniciativa reci?n aprobada. En cambio, los optimistas y promotores se?alan que la reforma era necesaria, que es factible y que el hecho de contemplar la meta en la Constituci?n obligar? al Estado a destinar, cuando menos, mayores recursos necesarios.

Para Carlos Mu?oz Izquierdo, especialista en temas educativos, s? es probable que la iniciativa surta los efectos deseados, pues hay una fuerte tendencia a atender a este sector educativo. Dijo que en contraste con la manera en que hace poco tiempo fue aprobada la obligatoriedad de la ense?anza prescolar, en este caso el Legislativo act?o con suficiente prudencia al darse un plazo de 10 a?os para su cumplimiento.

Sin embargo, advirti? que, para hacerlo efectivo, primero es necesario reforzar los programas de becas estudiantiles destinados a la ense?anza media, con la finalidad de contrarrestar el costo de oportunidad que los estudiantes (o sus familias) tienen que absorber para cursar el bachillerato. En segundo lugar, atender las m?ltiples causas que puedan existir en la fuerte deserci?n escolar registrada en este nivel educativo. Y tercero, advirti? en entrevista, es necesario apoyar los procesos de aprendizaje de los alumnos que cuentan con escaso capital cultural, ofreci?ndoles un acompa?amiento pedag?gico de naturaleza extraescolar.

En tanto, Javier Loredo, director del Departamento de Educaci?n de la Universidad Iberoamericana, asegur? que la reforma aprobada por los legisladores es contradictoria debido a que la SEP no puede cubrir toda la educaci?n a nivel bachillerato. Creo que los diputados ponen la soga al cuello a quienes brindamos servicios educativos, porque otorga la obligatoriedad a un servicio que no se puede cubrir al ciento por ciento.

Se?al? que lo mejor hubiera sido fortalecer el nivel de educaci?n b?sica, donde existe todav?a una fuerte deserci?n entre alumnos de secundaria. Incluso, cit? que algunos pa?ses desarrollados primero avanzaron en la cobertura del bachillerato y luego la hicieron obligatoria.

En sentido contrario opin? el director general del Instituto Nacional de Educaci?n para Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Mu?oz, quien dijo que la reforma resulta muy ambiciosa y representa un enorme reto para las autoridades educativas del pa?s. No obstante, destaca que de aprobarse por el Senado y los congresos locales, y una vez inscrita dicha reforma en la Constituci?n ?en el art?culo tercero y 33?, eso mismo obligar? al Estado a destinarle mayores recursos econ?micos y atenci?n a la educaci?n media superior. Esto lo vivimos hace 15 a?os, cuando se hizo obligatoria la secundaria, dijo el director del INEA.

De acuerdo con datos de la SEP, la matr?cula total en 2009 del sistema educativo nacional escolarizado se integraba por 33.8 millones de alumnos, equivalente a 31.6 por ciento de la poblaci?n del pa?s. En la educaci?n b?sica, que comprende prescolar, primaria y secundaria, se ubica 75.9 por ciento de la poblaci?n escolar. La educaci?n media superior representa 11.6 por ciento de la matr?cula y constituye el tipo educativo que experimenta el mayor crecimiento en los pr?ximos a?os, resultado de la gran expansi?n de la educaci?n b?sica en los a?os recientes.

De los egresados de secundaria del ciclo anterior, 96.9 por ciento ingreso al primer grado de bachillerato. La matr?cula total de este servicio es de 3.9 millones de alumnos, equivalente a 11.6 por ciento de todo el sistema educativo escolarizado. La cobertura es de 62.3 por ciento respecto de la poblaci?n total de 16 a 18 a?os de edad, lo cual implica que unos 3 millones de j?venes en esta edad ?entre 16 y 18 a?os? no ingresan a ese nivel. Actualmente, la eficiencia terminal es de 60.1 por ciento, cifra muy elevada.

Del total de la matr?cula de educaci?n media superior, 42.7 por ciento de los j?venes asiste a escuelas administradas por los gobiernos estatales; 26 por ciento concurre a servicios de la Federaci?n; 12.8 estudia en escuelas de sostenimiento aut?nomo (que proporcionan las universidad aut?nomas estatales), y por ?ltimo, 18.5 por ciento se refiere a quienes estudian en instituciones privadas.

Aunque el Senado deber? discutir la reforma educativa en el periodo ordinario de febrero pr?ximo, la SEP ya analiza junto con los secretarios de Educaci?n P?blica de todos los estados las implicaciones que ello tendr?a, en una eventual aprobaci?n. Y es que la minuta se?ala que 30 d?as despu?s de publicada, la SEP deber? iniciar las transformaciones estructurales necesarias para que la educaci?n media superior alcance la universalizaci?n en el ciclo escolar 2021-2022.

Asimismo, la SEP tendr? que poner en marcha nuevos planes, programas y materiales de estudio que tendr?an que implementarse para el bachillerato obligatorio. Adem?s, los gobiernos federal, estatal y municipal deber?n incluir en su presupuesto recursos para la construcci?n, ampliaci?n y equipamiento de infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de educaci?n media superior.

Como en pocos dict?menes, esta reforma constitucional fue aprobada por unanimidad con 306 a favor, cero en contra y cero abstenciones, lo cual resulta previsible que tenga problemas en el Senado.

Incumple M?xico orden de la CIDH sobre caso Campo Algodonero: ONG

El organismo se?al? que debe castigarse a funcionarios judiciales por negligencia, indemnizar a familiares, abrir p?gina de Internet para dar seguimiento a casos similares y revisar protocolo

Rub?n Villalpando

Corresponsal

Peri?dico La Jornada
Lunes 27 de diciembre de 2010, p. 24

Ciudad Ju?rez, Chih., 26 de diciembre. Autoridades investigadoras federales y estatales no han avanzado para cumplir la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emiti? el 10 de diciembre de 2009 sobre los asesinatos de mujeres perpetrados en el paraje Campo Algodonero de esta localidad, y ni siquiera han concluido las investigaciones sobre el hallazgo de ocho cuerpos, los d?as 8 y 9 de noviembre de 2001, aseguraron las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Comisi?n para la Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y Justicia para Nuestras Hijas.

La CIDH orden? a los gobiernos federal y estatal construir un monumento en memoria de las v?ctimas, investigar sus asesinatos y castigar a los responsables, as? como a las autoridades que han sido omisas en la indagatoria, indemnizar a familiares de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette Gonz?lez y Laura Berenice Ramos Mon?rrez, as? como abrir y mantener una p?gina de Internet sobre desapariciones de mujeres desaparecidas, as? como revisar el Protocolo Alba, que obliga a investigar casos similares. La resoluci?n deber? cumplirse antes del 20 de diciembre de 2012.

En un documento entregado a La Jornada por Emilia Gonz?lez Tercero, afiliada a la Cosyddhac, se recuerda que, adem?s de Esmeralda Herrera, de 15 a?os de edad, desaparecida el 29 de octubre de 2001; Claudia Ivette Gonz?lez, de 20 a?os, desaparecida el 10 de octubre de 2001, y de Laura Berenice Ramos, de 17 a?os de edad, vista por ?ltima vez el 21 de septiembre de 2001, la Procuradur?a General de Justicia estatal (PGJE) , hoy denominada Fiscal?a General del Estado, dio otros nombres de v?ctimas del Campo Algodonero.

La PGJE sostuvo que los otros cinco cuerpos eran de Guadalupe Luna de la Rosa, de 19 a?os de edad, con reporte de desaparici?n del 30 de septiembre de 2000; Mar?a de los ?ngeles Acosta Ram?rez, de 19 a?os, ausente desde el 25 de abril de 2001; Mayra Juliana Reyes, de 17 a?os, desaparecida en junio de 2001; Ver?nica Mart?nez Hern?ndez, de 18 a?os, a quien se vio viva por ?ltima vez el 19 de octubre de 2000, y B?rbara Araceli Mart?nez, de 20, con reporte de desaparici?n del 26 de diciembre de 2000.

El pasado 10 de diciembre, Felipe de Jes?s Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jur?dicos y Derechos Humanos de la Secretar?a de Gobernaci?n, as? como Laura Carrera Lugo, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, colocaron la primera piedra de un mausoleo para las v?ctimas en el Campo Algodonero. Diecis?is d?as despu?s, no se han iniciado los trabajos para cumplir esta disposici?n de la CIDH.

El 17 de junio de 2007 familiares de las mujeres halladas en el Campo Algodonero denunciaron a 25 funcionarios de la Subprocuradur?a de Justicia estatal y a dos jueces penales por negligencia en las indagatorias.

Hasta la fecha se ha detenido a nueve personas por los asesinatos, pero siete han sido declaradas inocentes, entre ellos Gustavo Gonz?lez, alias La Foca, quien muri? en prisi?n en circunstancias no aclaradas, y V?ctor Garc?a Uribe, El Cerillo, liberado hace dos a?os.

Tambi?n fueron detenidos y arraigados en abril de 2003 Miguel ?ngel V?zquez Villegas, Hernando Valles Contreras, Fidel P?rez Bernardina y Javier Garc?a Chihuahua, alias El Canario, sospechosos de matar mujeres para extraerles ?rganos. Todos salieron libres 90 d?as despu?s.

?dgar ?lvarez Cruz estuvo implicado en feminicidios junto con Alejandro Delgado Valles, alias El Cala, por Francisco Granados de la Paz, quien hace tres a?os confes? ante autoridades de Estados Unidos que particip? en al menos 17 homicidios, entre ellos los ocho del Campo Algodonero.

Pese a estas acusaciones, el a?o pasado el juez octavo de lo penal, Armando Jim?nez Santoyo, declar? inocente a El Cala.

S?lo contin?an en prisi?n ?dgar ?lvarez y Francisco Granados, ?ste en Estados Unidos, por delitos contra la salud y por violar leyes migratorias.

Ha habido cuatro muertes relacionadas con este caso. Uno de los fallecidos es el egipcio naturalizado estadunidense Abdel Latif Sharif, alias El Egipcio, quien fue el primer condenado por los feminicidios de Ju?rez, como presunto autor intelectual. Se le detuvo en 1995, fue sentenciado a 30 a?os de prisi?n y muri? en 2006.

En 2002 falleci? en prisi?n Gustavo Gonz?lez, La Foca, en una cirug?a de hernia. Su abogado, Mario Escobedo Anaya, fue asesinado en 2002, presuntamente confundido con un narcotraficante. Sergio Dante Almaraz fue ultimado en 2005. ?ste afirm? que los ocho cuerpos del Campo Algodonero estuvieron congelados antes de que los tiraran en el paraje.

?Pobre M?xico, tan lejos de Argentina!
Miguel ?ngel Granados Chapa

M?XICO, D.F., 27 de diciembre.- El general Jorge R. Videla, dictador argentino de 1976 a 1981, ha sido condenado a prisi?n perpetua por cr?menes de lesa humanidad. Ya hab?a sido sentenciado a la misma pena en 1985, pero la lenidad del presidente Carlos Sa?l Menem le concedi? el indulto, adem?s de aplicar en su beneficio las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Esas medidas fueron despu?s anuladas por el Congreso en 2003, y esas leyes, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema apenas el 31 de agosto pasado. Entonces pudo llevarse de nuevo ante los tribunales a Videla, principal integrante de la Junta Militar que desat? (y en cierto modo continu? la cruzada anticomunista dejada en manos de Jos? L?pez Rega por la presidenta Isabelita Per?n, en 1975) la m?s descomunal represi?n ejercida por poder alguno contra su propia gente en la historia de Am?rica Latina, que se resume en la cifra de 30 mil desaparecidos.

Videla fue sentenciado el mi?rcoles 22 de diciembre por el Tribunal Oral Federal N?mero 1 de C?rdoba, como ?autor mediato (?) penalmente responsable de los delitos de imposici?n de tormentos, agravada por la condici?n de perseguido pol?tico de la v?ctima (32 hechos en concurso real); homicidio calificado por alevos?a y por el concurso de pluralidad de part?cipes (29 hechos en concurso real); tormento seguido de muerte (un hecho), todo en concurso real (?) imponi?ndole en tal car?cter para su tratamiento penitenciario la pena de prisi?n perpetua e inhabilitaci?n absoluta perpetua, accesorias legales y costas (?) En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Sistema Penitenciario Federal?.

El juicio se refiere a la tortura y asesinato de 31 presos pol?ticos recluidos en el Penal de San Mart?n, en la misma C?rdoba donde ahora ha sido sentenciado. Los hechos ocurrieron entre el 1 de abril y el 30 de octubre de 1976, cuando Videla se estrenaba como dictador. No se le ha condenado porque se suponga que ?l personalmente entr? en la prisi?n y atorment? a los presos y luego los acuchill? o dispar? sobre sus cabezas. Junto con ?l este mi?rcoles fueron sentenciados subordinados suyos (incluido el general Luciano Benjam?n Men?ndez, jefe del III Cuerpo de Ej?rcito, en cuya jurisdicci?n se cometieron los cr?menes), la mayor parte de los cuales tuvieron injerencia directa en los homicidios y los tormentos mencionados.

Pero como autoridad suprema, como jefe del Estado (por m?s que usurpara el cargo) y como jefe del Ej?rcito, Videla fue hallado culpable de ordenar o consentir esos delitos, tenidos como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Suerte semejante hubiera corrido su par en la Junta Militar inicial, el almirante Emilio Eduardo Massera, de no haber muerto el 8 de noviembre.

En la forma extrema de rendici?n de cuentas a que deben sujetarse los gobernantes, hayan sido elegidos o no, Videla pasar? el resto de sus d?as en una prisi?n com?n. No estar? all? a pesar de haber ejercido en los hechos la Presidencia de la Rep?blica, sino por ello mismo, por la responsabilidad pol?tica que le corresponde al ocupante del Poder Ejecutivo.

?Qu? remota la posibilidad de que un gobernante mexicano fuera llevado a los tribunales por cr?menes semejantes a los imputados a Videla! Y vaya que los ha habido,? sin que el sistema judicial y la estructura pol?tica (as? como sus coyunturas) permitan su enjuiciamiento.

Si a vuela pluma revisamos la historia mexicana del medio siglo reciente, encontramos hitos donde la violencia homicida del Estado contra sus enemigos (se hayan declarado as? las v?ctimas o no) seg? la vida, al margen de la ley, de innumerables ciudadanos en las m?s diversas circunstancias. Si hubieran sido sometidos a proceso y se les hubiera sentenciado a la pena de muerte, nadie supondr?a posible enjuiciar a los jefes de Estado, por m?s que se conociera el dominio presidencial sobre procuradores,? jueces,? magistrados y ministros.

Pero la represi?n letal ejercida por disposici?n directa o indirecta de los presidentes los hace responsables pol?ticos, no ante la Constituci?n, sino ante la historia,? de cr?menes que no tendr?n castigo, porque estamos lejos de poder enjuiciarlos como hicieron en Uruguay, Chile y Argentina con sus dictadores.

En una combinaci?n de causa y efecto, muchos sucesos en que el asesinato pol?tico ser?a imputable al jefe del Estado son apenas conocidos, porque la lenidad social (surgida del miedo o de la inconsciencia pol?tica) pasa por alto esos cr?menes. En algunos casos, como los de Luis Echeverr?a y Carlos Salinas, la porci?n de la sociedad que los detesta lo hace por su corrupci?n personal o por el profundo da?o que infligieron a la econom?a, al patrimonio de la gente, a la cual suelen importarle m?s los bienes materiales perdidos o dejados de ganar que el respeto a la vida misma.

En 1961, a la mitad del sexenio de Adolfo L?pez Mateos, el general Celestino Gasca, due?o de una s?lida biograf?a de militante laborista, resolvi? convocar a los Federacionistas leales a alzarse en armas. Eran una fuerza dispersa en todo el pa?s, remanente de la Federaci?n de Partidos del Pueblo Mexicano (de all? su nombre) que apoyaron en 1952 la aspiraci?n presidencial del general Miguel Henr?quez Guzm?n. Algunos sectores, los leales entre ellos, le imputaron traici?n a la causa cuando el candidato opositor se acomod? al triunfo de su adversario. Con gran ingenuidad, Gasca hizo convocatorias tan abiertas que reclut? no s?lo a antiguos henriquistas sino a agentes de la Direcci?n Federal de Seguridad, que hicieron abortar el movimiento. Decenas de presuntos alzados, con Gasca a la cabeza, fueron aprehendidos en la Ciudad de M?xico y pronto dejados en libertad, sin juicio. Pero un n?mero indeterminado de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, aun con m?todos antiguos como colgarlas de los ?rboles, tal como ocurri? entre otros puntos en La Ceiba, en el lindero de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La represi?n de D?az Ordaz a la movilizaci?n estudiantil, y la de Echeverr?a contra los propios estudiantes disidentes, son bien conocidas, y de ellas se desprenden claras responsabilidades de ambos gobernantes. Se quiso hacer valer las que tocan a Echeverr?a, y el esfuerzo del Comit? 68 ?con Ra?l ?lvarez Gar?n y F?lix Hern?ndez Gamundi a la cabeza? consigui? la mayor aproximaci?n de la justicia contra un presidente. A esa colocaci?n de Echeverr?a en el banquillo de los acusados sirvi? de modo inequ?voco el papel de la fiscal?a creada por Fox para investigar los cr?menes de la guerra sucia, la mayor parte de los cuales ocurrieron en los a?os setenta, principalmente los primeros seis. Justamente el riesgo de que ahondar en las averiguaciones dejara claras responsabilidades directas de Echeverr?a provoc? el asedio al fiscal Ignacio Carrillo Prieto y la campa?a de desprestigio en medio de la cual concluy? sus funciones.

Una dependencia de esa ?ndole deber?a abrirse para indagar los cr?menes pol?ticos cometidos durante el periodo presidencial de Carlos Salinas. Si bien los protom?rtires de esa ?poca, Francisco Xavier Ovando y Rom?n Gil Her?ldez, cayeron en julio de 1988, antes aun de que Salinas fuera elegido, su asesinato puede ser inscrito en la represi?n salinista porque fueron ultimados en v?speras de los comicios. Salinas fue formalmente elegido luego de que con esos homicidios se inhabilit? la defensa legal del voto.

Creado en 1989, como resultado y concreci?n partidaria del Frente Democr?tico Nacional que hab?a sacado avante la candidatura de Cuauht?moc C?rdenas, el Partido de la Revoluci?n Democr?tica vio marcados con sangre su nacimiento y su vida incipiente. Especialmente en Michoac?n y Guerrero, donde se efectuaron las primeras elecciones locales, la represi?n m?s cruel pareci? destinada a exterminar el partido que suscit? el rencor presidencial con su permanente cr?tica al fraude que le permiti? ser investido con la m?xima autoridad del Estado.

Por supuesto, no fue Salinas quien directamente apretara el gatillo para eliminar a sus enemigos, pero permite atribuirle responsabilidad en los cr?menes de esos a?os la impunidad de que disfrutaron los asesinos, ninguno de los cuales fue llevado ante la justicia, ni la federal que depend?a directamente del presidente, ni la del fuero com?n, a cargo de gobernadores sujetos en los hechos a la autoridad presidencial. Quien quiera ser ben?volo con Salinas y ahorrarle la acusaci?n de autor?a de 250 asesinatos de perredistas documentados por la Secretar?a de Derechos Humanos de ese partido, tendr? que convenir en que fue al menos un encubridor y en que debiera ser sujeto por lo tanto a juicios como el que mantendr? para siempre en la c?rcel al general Jorge R. Videla.

Ahora que la memoria hist?rica se adelgaza y hasta tiende a disminuir por mero olvido, no por exculpaci?n, la cr?tica a Salinas, causada por su corrupci?n y? los da?os que infiri? a la econom?a de los mexicanos (que se evidenciaron al comenzar el gobierno de su heredero Ernesto Zedillo), es hora de que la sociedad le recuerde que, llevado a tribunales internacionales, podr?a ser considerado perpetrador de delitos de lesa humanidad, como Videla?

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Publicado por solaripa69 @ 12:49
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