Lunes, 24 de enero de 2011

Desaf?os

Gustavo Esteva

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Las turbulencias oaxaque?as cobran de nuevo inter?s nacional.

En casi la d?cima parte de los 570 municipios de Oaxaca las autoridades no pudieron tomar posesi?n de sus cargos el primero de enero ?por los consabidos conflictos electorales, que se agravaron en los siguientes d?as.

Tales conflictos se presentan con regularidad en Oaxaca y fueron menos graves y numerosos de lo que se esperaba en la transici?n. No cabe generalizar, porque se trata de conflictos muy diversos y complejos, pero muchos encajan en este caso en una misma categor?a: son las minas que la mafia pol?tica de Ulises Ruiz dej? programadas para que estallasen despu?s de su salida, tanto para afectar al nuevo gobierno como para negociar acomodos.

El nombramiento de administradores produce inmenso descontento. Aunque esta vez se han limitado sus funciones para que hagan menos da?o, la gente nunca los ha aceptado como sustitutos de sus autoridades leg?timas y sus prejuicios contra ellos se profundizaron por la gesti?n desastrosa de los designados en los a?os recientes.

Al referirse a conflictos del Bajo Mixe, Adelfo Regino, conocido dirigente ind?gena, se?al?: Los cuatro conflictos tienen las mismas caracter?sticas. Se llevaron a cabo asambleas, un grupo minoritario las impugn?, los tribunales las invalidaron, la Junta de Coordinaci?n Pol?tica de la C?mara de Diputados nombr? administradores y los pueblos los desconocieron, porque ya tienen autoridades. Lo que est? ocurriendo, agreg?, es s?ntoma de una dictadura judicial. (Noticias, 8/1/2011).

Los ?rganos electorales invalidaron 47 elecciones, un hecho sin precedente en Oaxaca. Ello se debe, en parte, a que son un chiquero, una porquer?a, como dijo el presidente municipal de San Lucas Zoquiapam. Ra?l Bola?os Cacho, diputado local y anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia, consider? que la actuaci?n de esos ?rganos era lamentable y subray? que era urgente terminar con la intromisi?n de los partidos pol?ticos, tanto en la designaci?n de los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral como de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral. (Noticias, 7/1/2011). El gobernador, igualmente, cre? un equipo para revisar caso por caso y proceder legalmente si se detecta dolo o mala fe en las invalidaciones.

Parece posible lograr arreglos eficaces de corto plazo. En Santiago Yaveo, por ejemplo, uno de los casos de mayor gravedad porque los pobladores retuvieron a los funcionarios que hab?an llegado a negociar, se demostraron las ventajas de una nueva actitud pol?tica. Se hab?a hecho costumbre la represi?n autoritaria basada en una interpretaci?n formalista de la ley: fue la principal forma de respuesta gubernamental en los 12 a?os recientes. Ahora se emple? un di?logo en que participaron tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el cual transform? el conflicto y condujo a acuerdos que no s?lo incluyeron la cuesti?n electoral ?aunque los negociadores se fueron de boca en sus promesas de atenci?n de agravios que ya empezaron a incumplir.

Sin embargo, la cuesti?n de fondo persiste y no hay arreglo a la vista. No se reduce a la evidente falta de sensibilidad de los ?rganos electorales. Surge del continuo atropello a la autonom?a de los pueblos por parte de los tres poderes constituidos.

A pesar de sus insuficiencias, las reformas legales de 1995 y 1998 hab?an creado en Oaxaca la posibilidad pol?tica de intentar la coexistencia arm?nica de los diferentes en un r?gimen jur?dicamente pluralista. Formuladas m?s all? de la Constituci?n de la Rep?blica, sin violarla, y concebidas en el esp?ritu de los acuerdos de San Andr?s, podr?an haber sido un experimento valioso que demostrara la viabilidad de las exigencias de los zapatistas, planteadas en nombre de todos los pueblos indios y plasmadas en los acuerdos: lejos de desgarrar el pa?s contribu?an a su vitalidad y a su construcci?n pac?fica y democr?tica.

No fue as?. Tanto Murat como Ruiz ignoraron o combatieron abiertamente las reformas y violaron sistem?ticamente la ley. Antes que el pa?s, Oaxaca entr? en un estado de excepci?n no declarado. Adem?s de resistir, los pueblos empezaron a crear su propio estado de excepci?n ?lo que en su caso signific? reivindicar un aut?ntico estado de derecho, semejante al que los zapatistas han establecido en la zona bajo su control.

La cuesti?n no es local. Es preciso enfrentarla a escalas nacional y global. Pero la forma de hacerlo no ha de ser un ejercicio de ingenier?a social, desde arriba, no s?lo por la actitud dominante en gobiernos y partidos, sino por la naturaleza misma del asunto. Los poderes constituidos de Oaxaca podr?an aprender de los pueblos y ejercer como ellos su soberan?a para empezar a avanzar por el camino correcto.

Los demonios sueltos en Monterrey
Miguel ?ngel Granados Chapa

M?XICO, D.F., 24 de enero.- Lo advirti?, ya en julio de 2008, hace dos a?os y medio, Alejandro Junco al entonces gobernador Natividad Gonz?lez Par?s: la inseguridad en Monterrey era ya insoportable. Desde ese tiempo los demonios deambulaban sin control. Amagado repetidamente, el presidente y director general del Grupo Reforma (que en aquella ciudad edita El Norte, del que surgieron Reforma en el DF y Mural en Guadalajara) se vio ante un grave dilema: ?comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a mi familia a un lugar seguro?. Opt? por lo segundo, y desde Texas, donde se ha refugiado ?esa es la palabra empleada por ?l mismo en su carta?, escribi? al gobernador para demandarle actuar de modo que los regiomontanos no perdieran la fe en la ley, como a ?l le hab?a ocurrido. Como una? comprobaci?n de sus previsiones, el 10 de enero fue atacado a balazos y con granadas el edificio de una edici?n urbana de su diario regiomontano.

Desde aquel 2008, la violencia criminal se ha acelerado en la capital de Nuevo Le?n, su regi?n metropolitana y la entidad entera. Para precaverse de peligros que intuyen o ven venir, una cantidad creciente de empresarios y profesionales de Monterrey se han asentado del otro lado de la frontera. Un buen n?mero de estudiantes emigraron hacia el sur, despu?s de que el 19 de marzo pasado dos graduados del Tec de Monterrey murieron a manos del Ej?rcito, cuyos efectivos pretendieron hacerlos pasar como sicarios. Comunidades enteras est?n vaci?ndose. Datos del censo levantado por el INEGI el a?o pasado muestran que el ?xodo se manifiesta sobre todo en los municipios del norte: An?huac, Agualeguas, Los Aldamas, Cerralvo, China, Doctor Coss, General Bravo, General Trevi?o, Los Herreras, Melchor Ocampo, Par?s, Vallecito y Villaldama, aunque tambi?n se percibe el fen?meno en municipios conurbados a la capital, como San Pedro y San Nicol?s (Reforma, 16 de enero).

Una ciudad y su zona metropolitana que siempre se hab?an tenido como ordenadas y seguras se han convertido en una de las regiones m?s perturbadas por la violencia criminal, que va en continuo ascenso y ha merecido que gobiernos extranjeros, como el de Espa?a, adviertan a sus nacionales el riesgo de viajar all?, lo mismo que a Ciudad Ju?rez y Culiac?n.

El a?o pasado fue especialmente alterado por los enfrentamientos entre bandas, por el desaf?o de algunos de esos grupos a las autoridades y por la guerra librada por las fuerzas federales contra la delincuencia organizada. La suma de las v?ctimas lleg? en 2010 a 610, de las cuales 79 fueron agentes de la autoridad y 24 personas sorprendidas por el fuego cruzado o simplemente por la incapacidad de polic?as y militares para dirigir con precisi?n sus ataques.

En la ?ltima cifra se incluyen los dos estudiantes graduados del Tec, cuya muerte provoc? un estremecimiento en las altas esferas regiomontanas. Cuando el ingeniero Rafael Rangel Sostman se percat? de que la Procuradur?a del estado y el mando militar pretendieron simular que los alumnos eran sicarios, se estremeci? al descubrir el enga?o practicado por esas autoridades. Y entonces inici? una campa?a contra la inseguridad, incluido un cuestionamiento a la estrategia federal, lo que lo condujo a un enfrentamiento con los empresarios que financian y administran el tecnol?gico. Aunque es verdad que se hab?a mantenido largo tiempo al frente de esa instituci?n, a la que hizo crecer hasta alcanzar dimensiones nacionales y ello lo inclinaba al retiro, tales circunstancias lo forzaron a apresurar su decisi?n, que en este enero acaba de consumarse, si bien se anunci? meses atr?s.

La movilizaci?n de la comunidad estudiantil y docente del Tec, al experimentar en carne propia los excesos de acciones que no alcanzan a contener a la delincuencia, no sirvi? para modificar las conductas de las autoridades. El gobierno del estado, a cargo de un inexperto e impasible Rodrigo Medina, que en los momentos cr?ticos (como los vividos en la tercera semana de enero) prefiere hacer mutis, est? claramente rebasado por la incapacidad y la corrupci?n, lo mismo que varios gobiernos municipales. Aunque el suyo no escapa a esa dolencia, el alcalde panista de Monterrey Fernando Larrazabal desestima los magros esfuerzos de la administraci?n estatal (y en ello coincide el cardenal Francisco Robles Ortega), con lo que a?ade a la situaci?n el ?cido de la contienda pol?tica, que no har? m?s que corroer las capacidades gubernamentales de combate a la inseguridad. Otro presidente municipal blanquiazul, Mauricio Fern?ndez, se opone mediante una controversia constitucional admitida por la Suprema Corte al dominio que el gobernador pueda tener sobre las polic?as municipales.

La inseguridad creci? aceleradamente en los ?ltimos d?as de diciembre pasado y se desboc? al comenzar el nuevo a?o. El paso de un periodo a otro qued? marcado con el terrible secuestro y asesinato de una secuestradora, Gabriela Elizabeth Mu?oz Tamez, presa en el penal de Topo Chico desde agosto de 2009. Una conjura la hizo salir de esa fr?gil (y al mismo tiempo tenebrosa) prisi?n dizque para conducirla al Hospital Universitario. En realidad se trataba de atraparla, como ocurri? con la complicidad de autoridades de la penitenciar?a. Sus captores la torturaron y, todav?a con vida, colgaron su cuerpo en un puente peatonal de una c?ntrica avenida regia. Muri? por la asfixia del ahorcamiento, pero lo mismo le hubiera ocurrido por las lesiones que el maltrato le infiri?.

Como es usual, se ignora el m?vil y los protagonistas del b?rbaro asesinato. En una comarca donde el alcalde panista de San Pedro, el mencionado Mauricio Fern?ndez, se ha manifestado a favor de la acci?n directa de grupos duros contra la delincuencia, al margen de la ley, la sombra de una escuadra de ajusticiamiento se cierne sobre la ciudad. S?lo eso le faltar?a a Monterrey.

Un d?a tras otro, muertes violentas como esa fueron acumul?ndose conforme avanzaba el nuevo a?o: en la primera quincena de 2011 sumaron 41, a raz?n de casi tres por d?a. Pero el lunes 17 la tasa se dispar?: en tres enfrentamientos y ataques perdieron la vida 10 personas. Por lo menos dos murieron por una mala casualidad, porque estaban en el lugar y la hora inoportunos. Todav?a ser?a peor el desenlace s?lo unas horas despu?s, pues la jornada letal se extendi? durante las primeras ocho horas del martes 18. En esos dos d?as murieron 23 personas, una por cada hora.

La autoridad parec?a no existir. No s?lo era incapaz, en cualquiera de sus niveles, de impedir la matanza, sino que ni siquiera hab?a una voz gubernamental que explicara los sucesos o, en el colmo de la impotencia, al menos expresara el pesar del gobierno a los deudos de los agentes muertos o de los ca?dos por da?o lateral.

Cada vez que en Nuevo Le?n arrecia la violencia se pretende que el remedio est? en el arribo de fuerzas federales, que se muestran tan in?tiles como las locales, aunque en ?stas su conducta se agrava por la manifiesta complicidad con las bandas criminales, que por momentos llega a lo grotesco, como cuando patrullas de la polic?a municipal de San Nicol?s, cuyo jefe fue detenido con ese motivo, bloquearon el paso de un convoy del Ej?rcito que, aunque fuera tard?amente, iba en pos de delincuentes.

S?lo a partir de la corrupci?n se comprende que pase en Monterrey, y en Nuevo Le?n, lo que est? pasando. Los sucesos de Topo Chico muestran la falibilidad deliberada de la protecci?n a puntos neur?lgicos, o por lo menos la carencia de una notoria presencia disuasiva en ellos: ya dijimos que de all? se sac? a La Pelirroja para asesinarla el ?ltimo d?a de 2010; una semana despu?s, el penal fue atacado a balazos y con granadas, operaci?n que en t?rminos muy semejantes se repiti? el 19 de enero. En el entretanto, dentro de la c?rcel fue asesinado, de 23 pu?aladas, Gabriel Ayala Romero, preso porque se le ten?a como el l?der de la pirater?a local. De m?s est? decir que un atentado previo contra la prisi?n, en octubre pasado, no encendi? las alarmas que hubieran podido inhibir y aun evitar los ataques posteriores.

Las rencillas pol?ticas se agregan a las otras causas favorecedoras de la impunidad. El Partido Acci?n Nacional no se repone de la derrota que, con el impulso fundamental de Televisa, le infiri? el PRI en la disputa por la gubernatura en 2009, y se encuentra permanentemente trenzado en una guerra de reproches y de acciones pol?ticas y jur?dicas contra el aparentemente inerme gobernador Medina. En realidad no se halla en estado de indefensi?n ni mucho menos, pero es notorio que en todo tiempo el cargo le habr?a quedado grande, y con mayor raz?n es as? en medio de las tribulaciones que padece la sociedad.

La intranquilidad que priva en la calle, al ras del suelo, se vive tambi?n, aunque por razones diferentes, en las alturas, en las oficinas corporativas de los consorcios que durante d?cadas marcaron el ritmo y el tono de la vida regiomontana. La cervecer?a Cuauht?moc, origen del poderoso Grupo Monterrey, como se llamaba al pose?do por la familia Garza Sada (despu?s Garza Medina), fue vendida (junto con la Moctezuma, incorporada a Monterrey en los a?os de auge) a la cervecera holandesa Heineken, en una operaci?n que se busc? presentar como un intercambio de acciones, para no perder cara. Su hermana, Vitro, nacida para fabricar las botellas en que se envasaba la cerveza, pasa por severas dificultades financieras, agravadas por maniobras de acreedores que buscan sacar provecho de su fragilidad y por una sesgada aplicaci?n de la ley que hasta ahora le ha impedido acogerse a las reglas del concurso mercantil como f?rmula para no quebrar. Cemex, en fin, ha preparado para 2011 un ajuste presupuestal tan riguroso que lo ha obligado a retirar el financiamiento que prodig? desde 2001 (y que sum? cerca de 800 mil d?lares en casi una d?cada) a la Fundaci?n Nuevo Periodismo Iberoamericano, que a lo largo de esos a?os entreg? 106 reconocimientos y permiti? a cientos de profesionales de toda la regi?n asistir a sus anuales seminarios de calidad period?stica, animados a menudo con la presencia de Gabriel Garc?a M?rquez.

La Corte, los intelectuales y el poder

John M. Ackerman

En breve, la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN) decidir? si retornamos al r?gimen de oprobio en el que la manipulaci?n pol?tica y el saqueo de las arcas p?blicas por los medios electr?nicos era la regla, o si podemos seguir luchando por un blindaje efectivo del espacio p?blico y una competencia pol?tica m?s justa, equilibrada y equitativa.

Los poderes f?cticos han hecho todo lo posible para echar abajo la prohibici?n contra la contrataci?n de propaganda electoral en radio y televisi?n incluida en la reforma constitucional de 2007. Primero, despu?s de su toma simb?lica de la casona de Xicot?ncatl y la difusi?n de agresivos espots, lograron que los senadores suavizaran la reforma. Originalmente, se pretend?a prohibir la difusi?n de cualquier mensaje susceptible de influir en las preferencias electorales y no solamente la contrataci?n de propaganda. Pero esto no les satisfizo, y desde entonces a la fecha se han declarado en abierta rebeld?a al desacatar sistem?ticamente las ?rdenes del IFE y crear un vasto mercado negro para la compra y venta de mensajes pol?ticos.

Otra estrategia ha sido la presentaci?n de docenas de amparos contra la reforma. Esta semana, la SCJN tendr? que resolver uno de los m?s importantes: el juicio presentado por Federico Reyes Heroles, Jorge Casta?eda y H?ctor Aguilar Cam?n, junto a una docena de otros intelectuales, que alegan que la reforma viola los principios constitucionales de libertad de expresi?n, igualdad ciudadana y libertad de asociaci?n.

A principios del a?o pasado, estos tres personajes organizaron un provocador desplegado contra la supuesta generaci?n del no que a su parecer tiene paralizado al Congreso de la Uni?n. Hoy, de forma totalmente inconsistente, buscan echar abajo uno de los ejemplos m?s claros de productividad y consenso legislativo de los ?ltimos a?os.

Recordemos que los juicios de amparo tienen validez exclusivamente para los quejosos. As? que si la SCJN da la raz?n a este pu?ado de intelectuales, nos encontrar?amos en la peligrosa situaci?n en que ellos y solamente ellos podr?an contratar propaganda electoral en los medios electr?nicos. Posteriormente, vendr?a un alud de otros amparos de parte de los ricos y poderosos del pa?s y estar?amos ante la consolidaci?n perfecta del elitismo y exclusi?n que ya tienen postrada a nuestra maltrecha democracia.

Este amparo hoy llega a la Corte porque los ministros ya han demostrado su disposici?n de moldear la Carta Magna al antojo de los poderosos. En 2002, en el contexto de las impugnaciones de cientos de municipios del pa?s contra las reformas en materia ind?gena, la SCJN dict? una jurisprudencia que declaraba sin rodeos que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constituci?n federal no es susceptible de control jurisduccional (Tesis 39/2002). Sin embargo, en 2008 la SCJN concedi? al Consejo Coordinador Empresarial lo que no estuvo dispuesto a dar a millones de ind?genas seis a?os antes. De manera sorpresiva, la SCJN cambi? radicalmente su posici?n y abri? la puerta a la procedencia de los amparos contra la reforma constitucional en materia electoral.

En 2008, la Corte supuestamente declar? la procedencia exclusivamente respecto del procedimiento de aprobaci?n de la reforma y no para abordar el fondo del asunto que versa sobre las supuestas violaciones a la libertad de expresi?n y asociaci?n. Sin embargo, desde entonces los jueces de distrito han desplegado una creatividad inaudita al utilizar esta decisi?n como una licencia para entrar al fondo del litigio. Se abre entonces la oportunidad para que hoy la SCJN complete el favor a los poderosos y anule directamente el coraz?n de la reforma electoral.

Pero para llevar a cabo esta tarea los ministros tendr?an que elaborar tantos malabares jur?dicos que su objetividad e imparcialidad quedar?an en entredicho. La prohibici?n contra la contrataci?n de propaganda electoral es una limitante estrictamente comercial que no viola el principio de la libertad de expresi?n. As? como se proh?be que se anuncie la venta de drogas, de cigarros o los servicios de prostituci?n, hoy se protege el inter?s p?blico al evitar la injerencia indebida del dinero privado en las contiendas electorales. As? mismo, la reforma no restringe en absoluto la expresi?n de opiniones pol?ticas en la plaza p?blica o siquiera por periodistas y invitados en la televisi?n. Lo ?nico que se obstaculiza es la comercializaci?n de los mensajes electorales en los medios electr?nicos.

El art?culo sexto de la Constituci?n proh?be la inquisici?n judicial o administrativa contra la manifestaci?n de las ideas, algo que no ocurre en absoluto con el texto impugnado, ya que no existe referencia alguna sobre el contenido de las ideas expresadas. Tambi?n habr?a que recordar que el art?culo primero de la Carta Magna expl?citamente autoriza la restricci?n o incluso suspensi?n de nuestras garant?as si otro art?culo de la misma Constituci?n lo mandata expl?citamente.

Los argumentos de los quejosos sobre una supuesta violaci?n al derecho de asociaci?n y al principio de igualdad son igual de improcedentes. La prohibici?n contra la contrataci?n de propaganda se aplica por igual a los partidos pol?ticos que a los ciudadanos. Asimismo, los tiempos de Estado otorgados a los partidos se hace en funci?n de que la misma Constituci?n les otorga la calidad de entidades de inter?s p?blico.

Una anulaci?n de la reforma electoral ser?a un acto de soberbia imperdonable de parte de los ministros y violentar?a de manera flagrante nuestra Carta Magna. Ello ser?a el ?ltimo clavo en el ata?d del desprestigio general que ya de por s? sufren las instituciones de justicia del pa?s. Esperemos que la SCJN sepa resistir las presiones y est? a la altura del momento hist?rico.

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Publicado por solaripa69 @ 10:04
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