Martes, 26 de abril de 2011

Gobierno militar
John M. Ackerman

M?XICO, D.F., 25 de abril.- Con la nueva versi?n de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dict?menes que aprobar? en los pr?ximos d?as la C?mara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el pa?s.? En lugar de escuchar el reclamo popular de? ?No + sangre? y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendici?n de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calder?n est? empe?ado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la poblaci?n.

La verdadera nuez de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definici?n de ?paz? que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: ?La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constituci?n no se?ala expresamente que existen diversos ?niveles o grados? de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ?blanco y negro?. Existen las m?s variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa?.

Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una ?paz conflictiva?, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los art?culos 29 y 129 de la Constituci?n. En el primero, la Carta Magna permite la declaraci?n temporal de un estado de excepci?n ?nicamente frente a casos de ?perturbaci?n grave de la paz p?blica?. En el segundo, el texto constitucional se?ala tajantemente que, ?en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer m?s funciones que las que tengan exacta conexi?n con la disciplina militar?. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) tambi?n es expl?cita al se?alar que las fuerzas militares ?nicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

Pero Calder?n ya ha demostrado que no le presta demasiada atenci?n a lo que dice la Constituci?n. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y pol?tica requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. As? que, tal como ocurri? con la reforma petrolera, y m?s recientemente con la reforma laboral, el Partido Acci?n Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la v?a de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitir?a una reinterpretaci?n del texto constitucional.?

De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional tambi?n se buscar?a eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la poblaci?n. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado se?alaba que ?las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, ser?n perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el art?culo 13 (que se refiere a la competencia de las ?autoridades civiles?) y 133 (que? otorga a los tratados internacionales la calidad de ?ley suprema?) constitucionales?.? Sin embargo, el dictamen de los diputados se?ala que los delitos de los militares ?nicamente ser?n perseguidos y sancionados ?de conformidad con las normas legales que los rigen?. En otras palabras, ser? el C?digo de Justicia Militar el ?nico instrumento a ser aplicado.

El dictamen que se discutir? en comisiones incluye disposiciones que permitir?an a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en ?coordinadores responsables? ante ?afectaciones a la seguridad nacional?. As?, los militares ya no ser?n solamente ?auxiliares? sujetos a las ?rdenes de los mandos civiles, sino que estar?an directamente a cargo de la ?guerra? de Calder?n. De esta manera, ya no ser?n Genaro Garc?a Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la naci?n, sino el general Guillermo Galv?n y el almirante Mariano Saynez, quienes directamente asumir?an la conducci?n p?blica y pol?tica de la estrategia de seguridad p?blica. De aqu? solamente faltar?a un peque?o paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el pa?s desde Los Pinos.

Otros detalles problem?ticos del nuevo dictamen son la autorizaci?n a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar ?operaciones de vigilancia y seguimiento? y establecer retenes de manera indiscriminada.? Tambi?n se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos ?en flagrancia? con el fin de ?proteger la integridad f?sica de la autoridad?. Asimismo, el nuevo cap?tulo octavo de la ley ampl?a de manera radical las facultades del presidente de la Rep?blica para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan ?amenazas provenientes del exterior?. As? que bastar? con la participaci?n de un par de narcos colombianos en alg?n acto de violencia para que Calder?n realice su sue?o de ?disparar misiles? contra cualquiera que se le ponga en frente.?

Pero quiz?s el elemento m?s preocupante de la pretendida reforma es la autorizaci?n incluida en el art?culo 74, VIII para la intervenci?n de las Fuerzas Armadas en la represi?n de ?acciones relacionadas con movimientos o conflictos de car?cter pol?tico, electoral o de ?ndole social? cuando constituyan un ?desaf?o? o ?amenaza? para el pa?s. Estos t?rminos se definen, respectivamente, como un ?obst?culo? que ?afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano? y uno que ?atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano?. Al parecer, Calder?n se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi? ha dado a los rebeldes libios.

La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calder?n. Ojal? que los diputados act?en y defiendan las instituciones estatales y la Constituci?n antes de que el verdadero ?peligro para M?xico? se materialice por medio de un golpe militar. ?

Norberto hip?crita, Marcelo igual
?lvaro Delgado

M?XICO, DF, 25 de abril (apro).- El Gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard estaba obligado a proceder jur?dicamente contra las siete personas que interrumpieron groseramente la ceremonia religiosa celebrada en la Catedral Metropolitana, este Domingo de Pascua, y esclarecer si eran militantes del Partido de la Revoluci?n Democr?tica (PRD) o si son simples mercenarios al servicio del propio clero.

?Fue evidente que las seis mujeres y el hombre que irrumpieron en el recinto cat?lico durante la homil?a no son ?loquitos? ni espont?neos enardecidos por un agitador, ni siquiera es cre?ble que sean parte del grupo que cada domingo se manifiesta --con m?scaras de demonio-- fuera de la catedral contra el cardenal Norberto Rivera, porque el montaje --embarazos simulados, uso de altavoz, destrucci?n de im?genes-- responde a una l?gica de violencia que busca enardecer a los fieles y victimizar a la Iglesia.

?La provocaci?n se produjo en un contexto que anticipaba esc?ndalo: No s?lo durante la homil?a de una misa, de suyo grave, sino en un d?a de prominente significaci?n para los cat?licos, la resurrecci?n de Jes?s, pero adem?s cuando la mayor?a de la poblaci?n est? de asueto y las noticias m?s relevantes son s?lo las relacionadas con la violencia criminal que ya tiene a los mexicanos hasta el copete.

?Y el remate: La declaraci?n de la Arquidi?cesis Primada de M?xico de culpar de esos hechos al PRD, el partido que ha forzado a la Secretar?a de Gobernaci?n a sancionar, as? sea casi de manera simb?lica, a un ministro de culto por violar la ley y a quien el Instituto Federal Electoral (IFE) exige otra sanci?n por violar la Constituci?n y el C?digo Electoral.

El individuo en cuesti?n es Hugo Baldemar Romero Ascensi?n, quien se hace llamar tambi?n Hugo Valdemar (con ?v? labiodental o ?de vaca?), justamente el vocero del cardenal Rivera Carrera, quien apenas el jueves 21 rechaz? esas sanciones y record? que las irrupciones a la Catedral Metropolitana han quedado impunes.

Al respecto, Valdemar (tambi?n autollamado Baldemar) imput? con malicia los hechos a militantes perredistas, entre los que efectivamente suele haber quienes confunden intolerancia con valent?a:

?No dudo que sea una respuesta a lo que el se?or cardenal dijo el jueves pasado, no lo dudo. Porque veintitantas veces lo han hecho, una m?s no dudar?a. Pero igual yo necesitar?a las pruebas para afirmarlo. Me parece que la Iglesia cat?lica nunca nos hemos (sic) ido a meter a una reuni?n plenaria del PRD para ofenderlos, insultarlos?.

Como este cura no tiene credibilidad por lo menos por ser parte del conflicto ni en esa misma l?gica tampoco la tiene el PRD --que rechaz? de inmediato que los involucrados sean parte de sus filas--, la autoridad competente para poner en claro los hechos era la Procuradur?a General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que por salud p?blica debi? proceder al margen de simulaciones e hipocres?as.

La PGJDF est? dotada de todo el instrumental jur?dico y t?cnico para conocer el m?vil de la protesta que trasciende el derecho a la libertad de expresi?n y establecer las sanciones que correspondan, pero sobre todo esa instancia debi? sentar un precedente para quienes tramen una acci?n an?loga y dejar claro, tambi?n, que la militancia en un partido o la pertenencia a una iglesia no es sin?nimo de impunidad.

Si resultase que el grupo de provocadores forma parte del PRD, este partido deber? asumir por lo menos las consecuencias pol?ticas de esos hechos, pero si el cardenal Rivera Carrera, su vocero Hugo Valdemar (o Baldemar) y su jefe de escoltas, Armando Mart?nez --tambi?n presidente del fantasmal Colegio de Abogados Cat?licos--, tramaron el montaje, proceder con todo rigor.

Tal como suelen comportarse unos y otros, ninguna de las dos hip?tesis pod?a desecharse.

Pero no, otra vez Ebrard actu? con tibieza, sello de los moderados de la izquierda moderna: El funcionario obviamente conden? los hechos, confirm? la liberaci?n de los siete involucrados, porque no se actualiz? ning?n delito, expuso que el procurador Miguel Angel Mancera le dijo que pertenec?an a una ?iglesia? sin registro, que eran de Ecatepec, Estado de M?xico, y ya.

?Qui?nes son y para qui?n trabajan Hortencia Jim?nez Ojeda, Mar?a Magdalena Orta L?pez, Dinora Alvarez Rend?n, Lorena L?pez, Isabel L?pez Ch?vez, Angelina Garc?a, Jos? Francisco Avila Garc?a y otra mujer no identificada? Nadie lo sabe, porque la autoridad no hizo su trabajo.

Por tanto impunidad absoluta para quienes, si no cometieron ning?n delito, agredieron a ciudadanos que, en ejercicio de sus libertades, asist?an a un respetable rito religioso y podr?n volverlo a hacer cuando se les pegue la gana.

Y obviamente, ante la impunidad, el clero se desquita: Hugo Valdemar --alias Baldemar o al rev?s-- insiste en que, ?por la forma de actuar?, los responsables son miembros del PRD. ?Ante un hecho as? lo primero que nos viene a la mente es pensar en ellos, que por cierto se deslindan, pero nosotros en varias ocasiones hemos demostrado que se trata de simpatizantes y gente de ellos?.

?Qui?n va a desmentir a este sujeto, ya denominado por sus cofrades ?m?rtir de la libertad de expresi?n?, si la autoridad no hace su trabajo? Y m?s a?n, ?la Secretar?a de Gobernaci?n podr? sancionar la recurrente insolencia de este ministro de culto que es, en realidad, el mu?eco de ventr?locuo de Norberto Rivera?

?Hip?critas!

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Publicado por solaripa69 @ 10:46
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