Jueves, 19 de mayo de 2011

Fuero de guerra a soldados involucrados en delitos contra civiles: SCJN
Jorge Carrasco Araizaga

M?XICO, DF, 18 de mayo (apro).- En franco desacato al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la Suprema Corte de Justicia de la Naci?n (SCJN) aval? este mi?rcoles la aplicaci?n del fuero de guerra en casos donde hay civiles involucrados.
En una resoluci?n que representa un espaldarazo al gobierno de Felipe Calder?n, la Primera Sala de la SCJN resolvi? una contradicci?n de tesis en la que favoreci? la competencia de los tribunales castrenses aun cuando el militar que haya cometido un delito contra un civil haya sido dado de baja.
Al igual que el gobierno de Calder?n y las propias Fuerzas Armadas, los ministros rechazaron que el fuero castrense en esos casos sea un privilegio para los militares; incluso, argumentaron que ?obedece a razones de orden p?blico y de especial disciplina?.
La determinaci?n de la Corte contrasta con su pasividad para pronunciarse sobre la constitucionalidad del fuero militar, como se lo pidi? la Coidh en diciembre de 2009, cuando fall? en contra del Estado mexicano por la desaparici?n forzada de Rosendo Radilla, cometida por efectivos del Ej?rcito en 1974.
La contradicci?n de tesis, registrada con el n?mero 381/2010, se produjo cuando un Tribunal Colegiado de Circuito consider? que cuando un acusado causaba baja de las Fuerzas Armadas deb?a ser sometido a la justicia ordinaria, mientras que otro Colegiado dijo que a pesar de esa circunstancia la competencia corresponde a los tribunales adscritos al Supremo Tribunal Militar.
Los integrantes de la Sala decidieron apoyar el proyecto presentado por el ministro Arturo Zald?var, a pesar de las reiteradas cr?ticas nacionales e internacionales por la aplicaci?n del fuero militar en casos que involucran a civiles, pr?ctica que se extendi? como consecuencia de la ?guerra a las drogas? de Calder?n.
Los ministros avalaron la aplicaci?n del art?culo 57 del C?digo de Justicia Militar (CJM) por encima del art?culo 13 de la Constituci?n, como lo ha hecho ver la Corte Interamericana.
Seg?n la SCJN, el 13 constitucional prev? la aplicaci?n del fuero militar s?lo para los delitos y faltas contra la disciplina militar cuando el acusado sea un militar, mientras que la aplicaci?n del C?digo es ?improrrogable? cuando se determine que un hecho se trate de una violaci?n a la disciplina militar.
Para las Fuerzas Armadas, un homicidio cometido en actos de servicio es considerado falta a la disciplina, por lo que la justicia ordinaria debe declinar su competencia a favor de los tribunales militares.
Ante las presiones por la aplicaci?n del fuero militar, Calder?n propuso al Congreso una reforma al CJM para que los tribunales civiles conozcan los delitos cometidos por militares, pero s?lo en los casos de desaparici?n forzada, violaci?n sexual y tortura.
Los ministros subrayaron que el fuero militar ?no se basa en consideraciones especiales a la persona militar ni a su jerarqu?a, sino que obedece a razones de orden p?blico y de especial disciplina que tienden a garantizar la paz y la seguridad nacional?.
Insistieron en que ?no es una prerrogativa constituida a favor de las Fuerzas Armadas, sino en bien de la sociedad y de las instituciones perturbadas por el il?cito penal?, cometido por el militar procesado, ante lo que resulta ?intrascendente? que ?ste haya sido dado de baja.

Urge cambiar el modelo econ?mico del pa?s, que ya no da para m?s, dice Narro

Juan Antonio Rom?n

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Peri?dico La Jornada
Jueves 19 de mayo de 2011, p. 37

M?xico debe revisar de manera integral sus pol?ticas y sistemas fiscales, de distribuci?n del ingreso, e incluso la aplicaci?n de sus programas sociales, asegur? el rector de la Universidad Nacional Aut?noma de M?xico (UNAM), Jos? Narro Robles.

En una primera respuesta a los planteamientos de la Organizaci?n para la Cooperaci?n y el Desarrollo Econ?micos (OCDE), de reducir subsidios, el rector dijo que no se trata s?lo de quitar o poner un impuesto m?s. El cambio es de fondo, de un modelo econ?mico que ya no da m?s.

Entrevistado tras inaugurar el primer Congreso de Alumnos de Posgrado, en el auditorio Raoul Fournier, de la Facultad de Medicina, Narro contest? que la OCDE tambi?n est? por el cambio, nada m?s que en el contrario.

?Lo que necesitamos encontrar ?dijo? son mecanismos que nos permitan realmente actuar con justicia social. Tenemos que cambiar porque las cosas no van bien; no es un asunto de un a?o, dos o tres, de un periodo presidencial o de dos... ya tenemos varias d?cadas en las que nos hemos enganchado con algo que, para ponerlo en t?rminos positivos, dio lo que pod?a dar, pero ya no dar? m?s?

Agreg?: Ya tenemos varias, demasiadas d?cadas en las cuales los niveles de desigualdad en el pa?s no se aten?an. Todo esto me hace pensar, en consecuencia, que tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo econ?mico y social.

Propuso revisar los programas de asistencia social. En este sentido, destac? que si se cuantifican los recursos que se han destinado a programas de combate a la pobreza entre 2000 y 2011, suman m?s de 2 billones de pesos, de acuerdo con los propios informes de gobierno y datos oficiales, mientras que la pobreza no se aten?a.

Durante la inauguci?n del acto, el rector indic?: M?xico necesita un cambio porque el pa?s no puede seguir como va, y esa transformaci?n debe provenir de quienes saben y pueden plantear un proyecto, conocen los problemas y han reflexionado sobre las posibilidades y opciones para solucionarlos, es decir, de los estudiantes, especialmente de posgrado, expres?.

Demanda EPR a legisladores aprobar una Ley contra la Desaparici?n Forzada
Pedro Mat?as

OAXACA, Oax., 18 de mayo (apro).- El Ej?rcito Popular Revolucionario (EPR) hizo un llamado a los legisladores ?comprometidos con las causas sociales? a dictaminar sobre una ley que castigue la desaparici?n forzada y a los funcionarios que incurran en dicha falta, considerada de lesa humanidad.
En el marco de los festejos por su fundaci?n, el grupo guerrillero record? que en el pa?s se han cometido m?s de 10 mil desapariciones forzadas, desde los a?os setenta hasta la administraci?n de Felipe Calder?n Hinojosa.
Entre ellos se encuentran sus compa?eros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz S?nchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.
A casi cuatro a?os de ese suceso, el EPR exigi? la presentaci?n con vida de ambos.
Por medio de un comunicado, el grupo insurgente hizo notar a los legisladores que la aprobaci?n de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas ser?a insuficiente y totalmente inocua si a la par se aprueba la Ley de Seguridad.
Destac? que la ?lesiva y retr?grada? Ley de Seguridad no garantiza la justicia que el pueblo demanda y s?, en cambio, ?reafirma la continuidad de la impunidad de las fuerzas castrenses, polic?acas y paramilitares?, al legalizar y proteger institucionalmente la violaci?n de los derechos humanos.
El EPR consider? que la aprobaci?n de una Ley General contra la Desaparici?n Forzada debe tener como esencia conocer el paradero y la verdad hist?rica de cada uno de los detenidos-desparecidos.
Asimismo, deber? tener como objetivo la presentaci?n con vida y la libertad de cada uno de los luchadores sociales, desde los a?os setenta hasta la actualidad, que son v?ctimas del delito de desaparici?n forzada cometido por el Estado mexicano.
Adem?s, que se realice juicio pol?tico y judicial a todos los responsables de desaparici?n forzada, sea cual fuese el cargo ocupado durante la comisi?n del mismo, as? como la suspensi?n de su derecho a ocupar un puesto p?blico por el resto de su vida.
El EPR pidi? que ?se realice juicio pol?tico y judicial concretamente? al expresidente Luis Echeverr?a ?lvarez; al general Arturo Acosta Chaparro, acusado de varias desapariciones durante la ?guerra sucia? en el estado de Guerrero; a Miguel Nazar Haro, titular de la desaparecida Direcci?n Federal de Seguridad (DFS); a Jes?s Antonio Sam L?pez, director de la Polic?a Judicial del Distrito Federal en el sexenio 1970-1976; Jorge Carrillo Olea, fundador del Centro de Investigaci?n y Seguridad Nacional (Cisen); Jorge Tello Pe?n, director del Cisen entre 1994 y 1999, y ?todos los que a?n viven y permanecen impunes, m?s los responsables del delito de desaparici?n forzada de hoy?.
?? ?Nazar Haro fue detenido en marzo de 2004; Acosta Chaparro, en agosto del 2000 y liberado en junio de 2007; Sam L?pez falleci? en marzo de 2010.
El Ej?rcito Popular Revolucionario tambi?n pidi? la ratificaci?n de los tratados Internacionales relativos a la observancia y respeto a los derechos humanos, tanto de la poblaci?n como de los luchadores sociales, sin importar profesi?n o actividad, as? como el cumplimiento del compromiso contra?do con la Corte Penal Internacional, respecto a que los militares sean juzgados por cortes civiles, excepci?n hecha por Felipe Calder?n Hinojosa, ?quien en un alarde de autoritarismo y complicidad, prolonga la impunidad con que las fuerzas castrenses han actuado en relaci?n a la funci?n polic?aca que les ha sido atribuida en contra de los movimientos populares organizados, luchadores sociales y movimientos revolucionarios de ayer y ahora?.
?Sabemos de antemano que tratar de legislar una ley de esta naturaleza es casi un imposible en este momento hist?rico, sin embargo, consideramos que s?lo as? estar?an dando la lucha dentro del sistema democr?tico burgu?s que prevalece?, reconoci? el grupo armado.

Torturas y violaci?n de derechos, en supuesta pacificaci?n de Tijuana hecha por Leyzaola

Blanche Petrich

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Peri?dico La Jornada
Jueves 19 de mayo de 2011, p. 4

El periodo en que el actual jefe de Seguridad P?blica de Ciudad Ju?rez, teniente coronel Juli?n Leyzaola, encabez? la polic?a municipal de Tijuana se reconoce en medios oficiales como el periodo de pacificaci?n de la ciudad fronteriza.

En realidad, explica Ra?l Ram?rez Baena, dirigente de la Comisi?n Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, fue una pacificaci?n aparente; fue tambi?n el periodo en el que recibimos m?s denuncias de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y, sobre todo, torturas. Y fue el periodo en el que aument? escandalosamente el n?mero de polic?as asesinados. S?lo en 2009 fueron m?s de 40 (tres o cuatro cada mes).

La clave del supuesto ?xito de Leyzaola radic? en lo que fue presentado como una purga de elementos corruptos en el cuerpo policiaco local. ?En efecto ?dice Ram?rez a La Jornada?, en 2009 hubo en Tijuana un n?mero muy alto de agentes municipales despedidos e incluso detenidos y procesados, pero no se trat? de una depuraci?n real de la corporaci?n. Fue una maniobra aplicada por Leyzaola y otros, no de manera aislada, sino como parte de una estrategia de mayor alcance para presentar estad?sticas y afianzar el modelo de militarizaci?n en el estado?.

El m?todo para determinar qu? agentes hab?an ca?do en las redes de la corrupci?n se parec?a m?s a un domin? que a una investigaci?n seria, dice. ?Nos dimos cuenta, en el proceso de integrar las denuncias y reconstruir los hechos, que el arresto de un polic?a ?que derivaba en un nuevo caso de violaci?n a sus derechos humanos? produc?a un efecto domin?. El agente detenido era trasladado y arraigado en la prisi?n militar de Aguaje de la Tuna; ah? era torturado en sesiones que en ocasiones dirig?a el propio Leyzaola. Como consecuencia de la tortura, no de una indagatoria profesional, el polic?a daba nombres de otros presuntos agentes, y esto daba lugar a m?s arrestos, m?s torturas y m?s nombres.

Enormes inconsistencias en procedimientos judiciales

La mayor?a de los polic?as detenidos ya est?n libres por la mala integraci?n de sus expedientes, incluidos los 13 que fueron recluidos en el Real Inn. En otros casos, los detenidos siguen presos, con enormes inconsistencias en los procedimientos judiciales. Es la situaci?n de 25 que est?n reclu?dos en M?xico desde 2008, esperando un fallo tres a?os despu?s.

Cada expediente se armaba con errores garrafales. La impartici?n de justicia fue nula. Esta brutalidad policiaca, documentada y denunciada a escalas nacional e internacional (hay un reporte de Amnist?a Internacional sobre esto) fue justificada como un proceso de limpieza de la corporaci?n policiaca, pero no hay tal. Ha sido un proceso fallido que a la larga result? desastroso para Baja California, concluye.

Con el cambio de gobierno ?en noviembre de 2010? y la llegada del empresario pri?sta Carlos Bustamante a la presidencia municipal, las cosas no han cambiado gran cosa y el m?todo del efecto domin? contin?a. M?s a?n, el capit?n Gustavo Huerta, que era el segundo de Leyzaola y ahora ocupa su cargo, aplica la misma estrategia: detenci?n arbitraria, delaciones basadas en declaraciones bajo tortura en lugar de investigaciones judiciales, m?s detenciones, m?s tortura. Aqu? la tortura es la reina de las pruebas y es nuestro mayor problema, del que no se habla demasiado, lamenta.

Apenas el mes pasado, la SIEDO detuvo a tres polic?as en Mexicali. Ram?rez Baena se?ala que al menos uno de ellos, arraigado en M?xico, comprob? que fue torturado. Y solt? m?s nombres. La semana pasada ocho m?s fueron capturados. En Tecate fueron aprehendidas 21 personas, entre ellas cuatro polic?as. A todos les fue muy mal. Hemos podido comprobar torturas muy severas en todos los casos. Lo mismo con cuatro civiles detenidos en Playas de Rosarito. Amnist?a Internacional comprob? y denunci? la tortura en esos casos.

El activista asegura que el consulado de Estados Unidos, y el c?nsul Kashkett concretamente, tienen conocimiento de todo esto. Distintas organizaciones de derechos humanos le informamos constantemente de esta situaci?n y ellos se mantienen muy pendientes, ya que incluso algunas v?ctimas de tortura han sido ciudadanos estadunidenses.

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Publicado por solaripa69 @ 10:19
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